Los corsarios del siglo XXI

El coronel del Ejército español Mario Laborie, veterano en misiones en Bosnia y Afganistán, asegura desde su experiencia que “allí donde no llega el Estado, siempre hay alguien que ocupa el vacío”. Los mercenarios y los piratas siguen existiendo, surcando por dinero mares y tierras donde no impera la ley, pero hoy el gran problema legal, el gran vacío, son “los nuevos corsarios”, como se autodenominó Erik Prince, el fundador del gigante de seguridad privada Blackwater. Son “los corsarios del siglo XXI”, afirma José Luis Gómez del Prado, exmiembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre utilización de mercenarios, porque, a diferencia de los mercenarios, actúan “con la patente de corso, la patente de un Gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas”, como lo define la RAE. La situación actual puede ser más compleja “porque los Estados no responden por las acciones de sus corsarios, antes sí”, añade Carlos López, investigador de la escuela diplomática de Barcelona CEI.

El CEI organizó el pasado abril un seminario para analizar “las nuevas formas de mercenarismo”. Helena Torroja, directora académica del CEI y conductora del encuentro, resaltó que son nuevas formas de mercenarios porque no solo son individuos que se mueven por intereses pecuniarios, como todavía apunta el derecho internacional. La Convención Internacional de la ONU contra el uso de mercenarios, de 1989, establece que un mercenario es “toda persona que tome parte en las hostilidades, animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una parte en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas”. Los expertos convocados por el CEI coincidieron que esta definición está obsoleta porque ahora ya no se trata de individuos sin escrúpulos sino de corporaciones con su plantilla de empleados que ganan contratos públicos como quien se adjudica un concurso para proveer de ambulancias a un hospital.

El problema ha evolucionado hacia “una privatización de las fuerzas armadas”. “Las empresas privadas pueden ser más costosas económicamente que un Ejército regular, pero te ahorras el coste político”, sentenció Patricia Arias, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre mercenarios. Las predicciones del experto de la ONU Anton Katz en 2013 apuntaban a que los ingresos de las empresas de seguridad y defensa privada crecían un 7,4% anual y que en 2016 alcanzarían un negocio global de 244.000 millones de dólares (218.000 millones de euros). La cifra puede ser aún mayor: el departamento de Migración e Interior de la Comisión Europea calcula que la seguridad privada solo en Europa genera una facturación de 200.000 millones de euros.

Donde no llega el Estado, llega su brazo privado, coincidieron los participantes. Laborie recordó unas palabras de 2012 de Vladímir Putin, por entonces aún primer ministro ruso, con las que defendió la legalidad del envío de compañías de seguridad privadas a Siria “como una herramienta para implementar los intereses nacionales sin la participación directa del Estado”. Laborie aportó pruebas de la presencia de agentes con armamento pesado en Siria de la empresa Slavonic Corps pero también de la existencia de empresas de intervención militar privadas de Asia Central que están operando para Al-Qaeda.

61 empresas españolas

Hay división en el ámbito académico y político para denominar e identificar a estas empresas. El término extendido y común en informes internacionales es Empresas Militares de Seguridad Privada (EMSP). Laborie y Gómez del Prado consideran que es más preciso llamarlas Contratistas, la denominación frecuente en la Administración.

López confirma que es complejo elaborar una normativa porque “muchas de estas empresas se escudan en funciones de seguridad privada. Es difícil diferenciar entre seguridad y lo militar”. El seminario del CEI fue escenario de la presentación de ShockMonitor, un proyecto del Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT) que radiografía 800 empresas, EMSP —representan al 74% del total— y otro tipo de sociedad vinculadas a este sector. NOVACT ha documentado 200 violaciones de la ley y de los derechos humanos. El 84% de las infracciones atentan contra la integridad física o psíquica, un 41% a derechos civiles y políticos, aunque las que se producen en situaciones de conflicto armado son la minoría: los civiles muertos por Blackwater en Irak, los interrogatorios por parte de contratistas privados en la prisión de Abu Ghraib o los disparos contra periodistas en Cisjordania por parte de la EMSP Avidar existen, pero son los menos.

Daza subrayó que indicadores que empeoran gravemente son las acciones violentas en el control de migración y de refugiados. En la lista de ShockMonitor también hay 61 empresas españolas registradas y solo una entre las 50 más grandes del mundo: Prosegur. La dificultad para diferenciar entre empresas militares y de seguridad privada queda patente en el índice ShockMonitor: entre los 200 incidentes identificados por NOVACT aparece una infracción de Prosegur por vulnerar las condiciones laborales de sus agentes de seguridad en India y Perú.

NOVACT estima que un 86% de la facturación de estas sociedades es con Estados. La contratación por parte de organismos internacionales, como la ONU o la UE, también crece. Pere Ortega, presidente del Centro Delàs de Estudios Para la Paz, citó a Indra como una de las empresas que han sido contratadas para participar en la vigilancia de migración del sistema Frontex de la UE. Indra aporta a Frontex un avión ligero de vigilancia marítima.

López describió que el derecho internacional establece la posibilidad de perseguir delitos cometidos por empresas con “atribuciones de poder público”. La dificultad es que la norma general no concreta cómo se materializa esta atribución y depende de la interpretación que hace cada país de “la atribución, orden o control de grupos privados por parte del Estado. Los Estados rechazan tener un control, quizá coordinan, pero dicen no tener el control efectivo”, explica López.

Rebecca DeWinter-Schmidt, directora del programa de Derechos Humanos en la Economía del Washington College, enumeró los códigos más evolucionados para la monitorización de les EMSP, como certificados de calidad o la Declaración de Montreal de 2008, suscrita por 54 Gobiernos. DeWinter-Schmidt confirmó que la aplicación real del código de Montreal es muy limitado y que los certificados éticos tienen poco recorrido. Uno de los más relevantes, el ICOC, tiene 700 empresas adheridas pero solo tres han solicitado el certificado y solo una lo ha obtenido.