España no quiere refugiados venezolanos

“Al no ser afectos al régimen, la compra de alimentos se nos complicaba siempre. Eso, sumado a la preocupación por el futuro de nuestros hijos, nos hizo buscar una perspectiva mejor". Carlos y Lisbeth hablan en un parque de la localidad donde hoy residen, al sur de Madrid, mientras a su espalda sus hijos juegan despreocupados. En un principio, estaban dispuestos a dar sus nombres reales. Sin embargo, su recelo, su miedo, ha crecido tras los recientes acontecimientos vividos en Venezuela. Ellos son dos de los 3.960 venezolanos que demandaron asilo en España en 2016. Esta cifra, casi siete veces superior a la registrada el año anterior (585 peticiones), los convierte en el colectivo que más solicitudes de protección internacional presentó el año pasado, por encima de Siria, en guerra desde 2011.

En 2016, España recibió más solicitudes de asilo de venezolanos que de sirios

La madre de él vivía en España, así que decidieron venir "para ver, para comparar" y buscar un "mejor futuro", cuenta Carlos. "Pero no podíamos comprar pasajes. Todo eran trabas para salir del país", explica. "Así que contactamos con un grupo de afectos al régimen de nuestra zona ["los que controlan todo", apunta Lisbeth], y en cinco minutos consiguieron nuestros pasajes". "Acordamos un precio y lo vendimos todo, pero luego nos extorsionaron. Llegaron a intentar entrar en nuestra casa a la fuerza. Esa misma noche nos fuimos y, en cuanto pudimos, vinimos a España".

Desde febrero del año pasado, cuando solicitaron el asilo, viven varados en un limbo legal. “Nuestra abogada nos dijo que el último caso que resolvió de Venezuela se demoró año y medio”, cuenta Carlos. “Vivimos en la inestabilidad, sin saber qué será de nosotros el día de mañana”, añade Lisbeth. De los 40 expedientes de ciudadanos venezolanos que el Gobierno resolvió en 2016, solo cuatro fueron positivos, según los datos provisionales del Ministerio del Interior. En el último lustro, solo seis venezolanos lograron protección en España.

Nuestra abogada nos dijo que el último caso de asilo que resolvió se demoró año y medio

Carlos, solicitante venezolano de protección internacional

La ley establece, sin embargo, que cualquier procedimiento de asilo debe estar resuelto en un plazo de seis meses. "Pero esto no pasa", lamenta Paloma Favieres, coordinadora de servicios jurídicos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la ONG que está atendiendo a Lisbeth y Carlos. Y no se debe a un simple atasco burocrático: existe una mala praxis, asegura la letrada. "El Ministerio del Interior admite a trámite las peticiones, pero en base al mal llamado 'criterio de prudencia', que no existe por ley, no las resuelve", explica. En lugar de analizar las solicitudes caso por caso, como establece la normativa, emplea "un criterio común por nacionalidad", continúa Favieres, lo que provoca inseguridad jurídica y resta fuerza a las herramientas de protección internacional. "Ahora es muy visible con los venezolanos, pero ha pasado también con Siria y Ucrania".

Como resultado, a 31 de diciembre de 2016 había 20.370 solicitudes de asilo atascadas, 4.435 de ellas de ciudadanos venezolanos. Interior asegura que se debe al "incremento drástico" en el número de peticiones totales recibidas en 2015 y 2016 —más de 14.000 demandas, el triple que en 2014—. "En lo que va de año, ya se han adoptado 321 resoluciones de solicitantes venezolanos", asegura el Ministerio por correo electrónico, sin precisar si se han aceptado o rechazado.

La doble vara del Gobierno español

Venezuela, país de acogida por excelencia después de la Segunda Guerra Mundial, ha perdido todo su atractivo de cara a los inmigrantes. En febrero de 2014, cuando estallaron de forma masiva las primeras protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, el opositor Leopoldo López fue arrestado y condenado a 13 años y nueve meses de cárcel. Dos años después, España concedió a él y a su familia la nacionalidad por carta de naturaleza, y lo mismo hizo con otras caras visibles de la oposición —la última concesión fue este viernes, al director del periódico venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero—. Esta medida responde a "una facultad discrecional del Consejo de Ministros", aclara el Ministerio de Justicia, de la que no todos los solicitantes de asilo son merecedores.

Ivonne Vela podría haber sido una de esas personas. Junto con otros jóvenes empezó a denunciar, en las redes sociales, las violaciones de derechos humanos en su país. “Abuso de poder, tortura…", explica la venezolana que estudiaba entonces en París. El 12 de mayo de 2014, su nombre se oyó por boca de Diosdado Cabello, político, exministro y militar. Lo pronunció en su programa televisivo, Con el mazo dando, en el que el actual diputado chavista literalmente blande una maza para "defender a la Patria". Mientras exponía lo que llamaba pruebas "del golpe de Estado continuado de la derecha en el país", aseguró que iban a entregar a Vela y a otros 13 jóvenes "a las fuerzas de seguridad".

Las cuentas bancarias de Vela fueron bloqueadas desde Venezuela, y para gestionar mejor su situación pasó de Francia a España, donde residía su novio, hoy esposo. Buscó asesoramiento jurídico y le dijeron que una petición de asilo en su caso tenía posibilidades porque había “evidencias reales” de que corría peligro. Sin embargo, las escasas perspectivas de los venezolanos de lograr asilo en España la desanimaron y decidieron pedirlo en Estados Unidos, donde tiene familia y mejores perspectivas de lograr protección internacional. Mientras, el Gobierno de Mariano Rajoy y otras destacadas personalidades políticas, como los expresidentes socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, siguen manifestando su preocupación hacia la situación venezolana. "Pero no vemos que esto se esté traduciendo en concesiones de protección a los solicitantes de asilo", lamenta María Jesús Vega, portavoz para España de la Agencia de la ONU para los Refugiados. "Hay casos que llevan un año o dos esperando una respuesta".

A pesar de que las autoridades están manifestando su preocupación por Venezuela, no vemos que esto se esté traduciendo en concesiones de protección internacional María Jesús Vega, portavoz para España de Acnur

Marcelo Belgrano, abogado especializado en Extranjería, mantiene que este retraso "es aposta" y responde a una decisión política que desnaturaliza la lógica de la protección humanitaria. "Se ha dado la nacionalidad por carta de naturaleza en lugar que refugio; pasaba lo mismo con Cuba y muchas veces se ha usado como herramienta ideológica", aclara. "No hay que olvidar que, a los seis meses, los solicitantes de asilo pueden trabajar y a los tres años pueden pedir la residencia por arraigo... si no fuera así quizás la bomba de relojería ya hubiera explotado".

El pasado febrero, Rajoy se vanagloriaba de que España es uno de los países europeos que más concesiones de nacionalidad otorga (más de un millón entre 2005 y 2015, según Eurostat). Y lo hizo aportando casos concretos que se dieron a lo largo de los años: el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, el empresario venezolano Guillermo Zuloaga o su connacional y opositor político Lester Toledo. De momento, de Lisbeth, Carlos o Ivonne no hay rastro. 

El proyecto The New Arrivals está financiado por el European Journalism Centre con el apoyo de la Fundación Bill & Melinda Gates