El mensajero, mejor encerrado

Mirarse al ombligo de reportero es cosa fácil. Allá por diciembre de 2016, sentado en una calurosa oficina de la ciudad de Bujumbura, capital de Burundi, el pequeño de los Grandes Lagos, este periodista se las vio y deseó para obtener la firma del departamento gubernamental de comunicación -órgano que se dice independiente del presidente y exrebelde hutu Pierre Nkurunziza- y así poder trabajar en el país. El coste: tres horas de charla incómoda, 300 dólares, esto es, el precio oficial del permiso -no apto para todos los públicos-, y una palmadita en la espalda. ¿A quién no cabrearía? Más si el funcionario de turno sugiere, antes de que la rúbrica esté seca, que la prensa extranjera solo viaja a su país para desinformar. Unos días después, una charla junto al lago Tanganika con dos jóvenes burundeses, periodistas en ciernes, pondría el enfado en su contexto: decenas de radios -medio preferido aún en muchas partes de África- cerradas por las fuerzas de seguridad tras el brote de violencia de 2015, el sindicato del ramo suspendido y reporteros locales detenidos. "Podríais usar la Red para informar, ¿no?", pregunta de un extranjero con cierta inocencia. Risas. Contratar una hora de Internet en uno de los países más pobres del mundo es misión prohibitiva. El callejón de la información tiene allí pocas salidas.

Es un pequeño gran episodio de una realidad que se repite en muchos países africanos, no sin la protesta emergente e in crescendo de los profesionales locales. Sin duda que la encrucijada del periodismo tiene montañas más altas hoy en las autoritarias Turquía o Egipto, con decenas de periodistas entre rejas; en México, aterrorizada todavía por el narco, o en Siria e Irak, frentes de batalla sin miramientos hacia los reporteros de guerra. Sirven de ejemplos. Pero el cuentagotas de los abusos contra la libre prensa en África no debe dejarse a un lado.

Unos meses después, la cosa en Burundi no acaba de mejorar. El pasado 6 de abril, la oficina africana de Reporteros sin Fronteras denunciaba el interrogatorio de Joseph Nsabiyabandi, redactor jefe de Radio Insanganiro, por supuesta colaboración con emisoras burundesas que trabajan en el exilio de la vecina Ruanda. Burundi no es un caso aislado, ni mucho menos. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés) lleva meses denunciando la detención de periodistas y medidas represivas como el corte de la Red en la franja occidental anglohablante de Camerún, que protesta contra el aparente aislamiento que sufre en relación con el resto del país. Las manifestaciones antigubernamentales han sido también el campo de batalla en el que se ha batido la prensa local en otros países africanos como República Democrática del Congo, contra el Gobierno de Joseph Kabia, o Kenia, frente al presidente Uhuru Kenyatta.

Caso aparte sería la ausencia total de libertad de información en la Eritrea del dictador Isaías Afewerki, a la cola en libertad de prensa en la clasificación de Reporteros sin Fronteras, o la violencia habitual contra los informadores en la lastrada Somalia y la convulsa y joven Sudán del Sur. Son ejemplos, hay más, de que los reporteros africanos, protagonistas hoy más que nunca de ese esfuerzo de desarrollo regional, sufren aún el pisotón de los autoritarismos y las dictaduras perpetuas. El avance del continente pasa sin duda por ellos.

Pero el estado de la situación de los reporteros hay que medirlo más hacia el noreste del globo. Según las cifras del CPJ para los primeros tres meses de 2017, seis reporteros han muerto en el ejercicio de su profesión , entre ellos, la kurda-iraquí Shifa Zikri Ibrahim, reportera de Rudaw TV que murió al estallar una mina mientras cubría la ofensiva en Mosul contra el Estado Islámico. Es el conflicto abierto en Mesopotamia uno de los grandes retos del reporterismo de guerra. La falta de seguridad en Irak y la violencia desatada contra los informadores en el norte de Siria ha obligado a muchos profesionales extranjeros a depender de una de las partes en el conflicto para viajar por el frente y desempeñar su labor.

Un poco más al norte se encuentra no obstante el que es quizás uno de los mayores desafíos a la libertad de prensa en la actualidad: la Turquía de Recep Tayyip Erdogan. El censo de reporteros detenidos elaborado por el CPJ cifra en 81 los reos en este país, seguido de lejos por China, con 38, y Egipto, con 25. Un periodista exiliado turco visitaba recientemente la redacción de EL PAÍS en Madrid. Recordaba cómo muchos compañeros se arrepentían de no haber sido más críticos durante la respuesta al golpe de julio de 2016.  Y alertaba, sobre todo, de que la prensa tiene dos enemigos: las represalias del Gobierno y la autocensura de los informadores por miedo a estas represalias.

Este artículo pertenece a la cobertura especial que EL PAÍS está realizando durante este mes con motivo de la conferencia del Día Mudial de la Libertad de Prensa de la UNESCO.