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Twitter demanda al Gobierno de Trump por pedirle datos de una cuenta crítica

La Administración da marcha atrás en su pretensión de saber quién tuitea contra el departamento de Inmigración

Twitter Donald Tump
El logo de la cuenta @alt_uscis, que ataca la política de inmigración de Trump. REUTERS

La red social Twitter, la herramienta preferida del presidente Donald Trump para expresar al mundo todo lo que se le pasa por la cabeza, presentó una demanda este jueves contra el Gobierno de Trump para proteger a uno de sus clientes. La empresa asegura en la denuncia que el Gobierno trata de obtener información sobre quién está detrás de una cuenta crítica con su política de inmigración, y esgrime la libertad de expresión para negarse a facilitar esa información. Apenas un día después de presentarse la denuncia, el viernes, Twitter comunicó al juzgado que el Gobierno ha renunciado a su petición y por tanto retira la demanda.

La cuenta en cuestión es @alt_uscis, una de las cuentas que surgieron tras la toma de posesión del nuevo Gobierno y que sirven como plataforma de oposición a sus políticas. Hay una cuenta alternativa del Departamento de Estado, una de la Casa Blanca, etc. Esta en concreto es la cuenta que se propone dar información alternativa de inmigración (Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés). La cuenta se autodefine como “resistencia de inmigración”.

La demanda fue presentada en los juzgados federales de San Francisco. Según el texto, los propietarios de la cuenta aseguran que son empleados del Gobierno. Twitter relata en el texto que el pasado 14 de marzo, un agente especial de la oficina de Aduanas (CBP) de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, entregó a la empresa una solicitud de información que habría revelado la identidad de la persona o personas detrás de @alt_uscis.

La Primera Enmienda, en un tuit de @alt_uscis.
La Primera Enmienda, en un tuit de @alt_uscis.

Twitter argumentaba que esto es ilegal por dos razones. La primera es que el CBP solo tiene autoridad para investigar cuestiones de importaciones ilegales, y no hay ninguna prueba de que obtener información de esa cuenta de Twitter esté relacionado con ninguna importación ilegal. La segunda es que, de conseguir esa información, coartaría la libertad de expresión no solo de los autores de esa cuenta, sino de los autores de todas las otras cuentas alt que han surgido en la Administración Trump. Twitter pedía al juez que declarase ilegal la petición del CBP.

“Preservar el anonimato parece ser especialmente importante para los usuarios de estas cuentas alternativas de agencias gubernamentales que son empleados federales”, argumenta Twitter, “dado el riesgo de que estos usuarios pudieran sufrir represión, sanciones u otras consecuencias negativas”.

La orden del CBP a Twitter para entregar los datos venía acompañada de la advertencia de que no hacerlo puede suponer el inicio de acciones legales contra la empresa. Curiosamente, la denuncia afirma que la fecha límite para entregar esta información es un día antes de que se entregara la citación. Es decir, la orden llega el 14 de marzo pidiendo que los datos sean entregados el 13 de marzo.

Los abogados de Twitter, según el relato de la demanda, pidieron más información al agente del CBP sobre las razones para pedir esta información. La agencia fue incapaz de proporcionar ningún detalle sobre la “investigación” para la que necesitaba esos datos. Además, pidió expresamente a Twitter que no le dijera al usuario en cuestión que ellos habían pedido esa información. Twitter comunicó entonces que no cumpliría con la petición sin una orden judicial, a lo que Aduanas contestó que no tenía intención de obtener una orden. El pasado 4 de abril, Twitter comunicó la situación al usuario dueño de la cuenta @alt_uscis, por lo que el supuesto empleado federal que está atacando a su propia agencia ya sabe que le están buscando.

No hay una razón concreta por escrito de la retirada de la petición por parte del Gobierno.

Esha Bandari, una abogada de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) en el equipo que representa a Twitter, dijo a la agencia Reuters que la petición era muy extraña. Una petición de información de ese tipo por parte del Gobierno normalmente tiene que ver con investigaciones que afectan a la seguridad nacional. Ni el departamento de Interior, ni el de Justicia, ni la Casa Blanca comentaron este asunto durante el jueves.

Nada más conocerse la noticia, el número de seguidores de la cuenta @alt_uscis se disparó por decenas de miles. A medianoche había alcanzado los 122.000 seguidores.