Instituciones a prueba

Las instituciones en Colombia deben recuperar su legitimidad en la aplicación de la justicia para impedir la política de tierra arrasada que se puede imponer por cuenta de quienes como Gustavo Petro tan favorecido en las encuestas y otros tantos, se declaran los impolutos del régimen.

La prueba de fuego es el tsunami político a partir de la trama de corrupción que develada en el caso Odebrecht terminó por ensuciar la campaña Santos presidente 2014 por cuenta de las declaraciones principalmente del ex senador Otto Bula, quien es, óigase bien, no solo cercano a la oficina de Envigado sino un gran contratista de la Ruta del Sol, y quien dijo haberle entregado a Roberto Prieto, gerente de la campaña, 900 mil dólares, a través de un amigo de nombre Andrés Giraldo, previo pago de una comisión del 10 por ciento y 200 millones de pesos para él.

Creo en la honorabilidad de Juan Manuel Santos y su incapacidad para untarse las de manos corrupción. Por eso preocupa que su gobernabilidad se vea reducida en el momento en que el país más la necesita por cuenta de la declaración que puso rápidamente a la oposición en Colombia y a muchos sectores ciudadanos a dudar de la honestidad del Nobel de Paz e incluso sin mayor reflexión, a candidatos de todas las vertientes, a condenarlo pidiendo su renuncia.

Se olvidan que su vigencia está amarrada a los dineros que gira el Estado y que muchos se roban de la salud y la educación en sus propias regiones y que ya empezó a ser penalizada con las capturas de mandatarios como los del departamento de la Guajira.

Irresponsabilidad enorme de quienes pretenden hacer política con las instituciones en medio de la catástrofe sin dejar a la justicia actuar cuando por fin está mostrando su capacidad, no solo en Colombia sino en muchos países donde además se demuestra que la cooperación internacional puede y debe jugar un papel determinante.

Es comprensible, por otro lado, que Claudia López desde los Verdes y Jorge Robledo en el Polo prefieran declarar la corrupción en todo el sistema como el cáncer que todo lo carcome porque no deja de ser cierto, como lo plantea la directora del portal La Silla Vacía, Juanita León, que la defensa de las instituciones muchas veces se ha utilizado como fórmula para mantener el status quo y que nada se sepa.

"Hagámonos pasito", es el término acuñado en Colombia entre las clases políticas, empresarios privados y medios de comunicación cuando empiezan a destecharse las carpas de las fiestas electorales.

Es claro que la declaración del exsenador, y la mención también del nombre de Roberto Prieto por parte de otro de los involucrados en la recepción de dineros de Odebrecht como el viceministro Gabriel Garcia no son suficiente prueba por si solas pero sí lo es el hecho de que la plata en cuestión fue monetizada en Colombia. Y se hizo a través de una compañía china de textiles, que luego exportó las preciadas telas, las vendió y las convirtió en billetes efectivos para entregarlos a un destinatario que o bien se la robó o no la recibió y entonces habrá que determinar en qué bolsillos se encuentran.

Muchos elementos tienen ahora las autoridades para actuar y poner tras las rejas a los culpables y devolver aunque parezca tarea imposible, la honra a quienes han sido salpicados dentro del proceso judicial o por el afán mediático de ir adelante en la información y envueltos en el mundo de las Fake News o de los trolles humanos al servicio de intereses políticos en las redes, en un círculo diabólico, que solo puede terminar por erosionar nuestra propia capacidad para poner el foco en la nuez del asunto.

Recientemente el comunicado de la fiscalía colombiana dejó planteado elementos que bien merecen una segunda lectura como por ejemplo que el contrato que aparece entre Otto Bula y Odebrecht en 2013 fue creado en 2016 y fechado tres años antes para borrar los pasos. Y sin embargo hay otras cosas que no se pueden borrar, como los chats y llamadas que entran y salen de los móviles y hoy son prueba reina en las investigaciones.

O los delitos asociados a la violación de topes electorales en el caso del Centro Democrático y sus también intocables. Es mejor dejar actuar al fiscal Nestor Humberto Martínez que sabe bien que se juega su credibilidad en este proceso. Y a Santos terminar con la gestión más importante de los últimos 50 años y es el desarme final de la guerrilla hoy, contra viento y marea, concentrada en las zonas veredales llenas de guerrilleras embarazadas en lo que ya se conoce como el Baby boom de la paz.

Que el fiscal lanzó una bomba contra la paz y el gobierno al que pertenece el candidato de sus preferencias en una elaborada estrategia para favorecer a Vargas Lleras. No lo creo. No creo que Nestor Humberto Martínez le disparé en el pie al vicepresidente de Santos y tampoco que haya comunicado de una situación sin previamente haberle informado al Presidente de la República. O entonces qué temas trataron en las reuniones previas a la noticia? Ambos saben que los candidatos se disparan solos. No hay que ayudarles.

Lo que sí es una realidad es que lo ocurrido afectó la imagen del presidente y su nombre apareció en los periódicos del mundo ya no como el Nobel sino como otro presidente salpicado. ¿Era evitable? Ojalá que Roberto Prieto responda a las autoridades y le devuelvan a Santos al menos la presunción de inocencia.