Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Alejandro Gaviria: “Llevo la contraria a los mercaderes de la inmortalidad, la Iglesia y la industria farmacéutica”

El ministro de Salud de Colombia repasa su política de drogas y la crisis del sistema de sanidad

Alejandro Gaviria, ministro de Salud de Colombia, en su despacho en Bogotá.
Alejandro Gaviria, ministro de Salud de Colombia, en su despacho en Bogotá.

Alejandro Gaviria (Santiago de Chile, 1965), ministro de Salud de Colombia, está considerado el último intelectual de la estirpe de los políticos en su país. A él, la palabra le parece “un poco antipática”. Reconoce que se siente diferente al resto de los funcionarios públicos y que su labor está más cerca de la pedagogía que de la política profesional. “Este mundo considerado de acción, necesita más reflexión: dar un paso atrás y pensar”, explica en la sede del Ministerio en Bogotá.

En su despacho, en el centro de la ciudad, tiene una biblioteca que es casi una autobiografía. Libros de economía, de biología, últimos lanzamientos… La colección de un hombre que viene de la Academia, que durante ocho años fue columnista del diario El Espectador y que acaba de publicar un nuevo libro: Alguien tiene que llevar la contraria (Ariel), una recopilación de ensayos sobre el cambio social, entre otros temas que le preocupan.

  • ¿El título del libro es el resumen de su paso por el Ministerio?
  • Sí, es parte de la naturaleza del trabajo. Hay una tendencia de muchos sectores de la opinión, incluido el periodismo, de negar el progreso. Entonces tengo que llevar la contraria de manera vehemente.

La última vez que, reconoce, ha llevado su opinión hasta tal extremo ha sido en el Congreso al defender el impuesto a las bebidas gaseosas para reducir enfermedades crónicas como la diabetes. Su propuesta ha provocado el enfado de la industria y ha despertado el fantasma del lobismo parlamentario. “He señalado una falencia de la democracia y es ese maridaje entre medios de comunicación, los grandes grupos económicos y los políticos. Colombia es un país de oligopolios. Y eso permite que un tema como este no se debata”.

  • ¿Cuál es la alternativa?
  • Es muy difícil cambiar comportamientos, hay que comunicar el riesgo, plantear normas sociales de estigma y, por supuesto, los impuestos, que en algunos casos también son mensajes de que ese producto es malo.

Es consciente de que, solo por el momento, ha perdido esta batalla. “Más adelante se ganará”, asegura. Lo que no tiene tan claro es si lo verá desde el Ministerio. “A este paso no sé si cuando salga la entrevista seguiré aquí”. Por el momento, sigue ocupando el mismo despacho.

No solo se ha enfrentado a los productores de gaseosas, también le ha plantado cara a las farmacéuticas durante sus tres años de gestión. Gaviria acaba de declarar un medicamento contra el cáncer de interés público. Por primera vez, Colombia impone el precio de un fármaco. “De manera más retórica digo que me toca llevarle la contraria a los mercaderes de la inmortalidad, incluida la Iglesia Católica y la industria farmacéutica”, apostilla entre risas.

Esta apuesta por una política más agresiva sobre los medicamentos forma parte de su modelo de sanidad pública. El ministro se ha convertido en una especie de mediador ante un profundo divorcio social sobre la salud en el país. “Tengo que defender los logros que se han conseguido porque se ha perdido parte de la confianza y la legitimidad pública del sistema”, explica. Esta mala percepción del servicio se debe en parte, en palabras de Gaviria, a que en los medios de comunicación aparecen casos trágicos que no representan la realidad.

  • El  endeudamiento de más del 50% de las aseguradoras, la corrupción o el aumento en un 25% de las acciones legales, ¿no afectan a la calidad del servicio?
  • Sí, y de varias maneras. Tal vez la más evidente, cuando a un paciente se le niega la atención porque la aseguradora no recibe dinero. Hay muchas historias como estas y no lo voy a negar. Gastamos más de lo que tenemos. La sociedad demanda un conjunto de bienes y servicios, pero los recursos que ha dispuesto son insuficientes.

En el despacho de Alejandro Gaviria, cerca de uno de los ventanales desde donde se ve todo el centro financiero de Bogotá, hay una planta de marihuana. “Es un regalo”, dice. Y un reflejo de su política sobre las drogas. Durante sus años en la universidad, estudió hasta entender que la guerra contra las drogas, que lleva más de 40 años lidiándose en el mundo, se ha perdido. “Como una vez dijo un economista estadounidense: los resultados más visibles han sido una transferencia de fondos estatales a los narcotraficantes. Y el consumo no ha caído un ápice”. No cree en los grandes debates sobre la legalización, prefiere lo que denomina “resquicios de posibilismo”: programas de salud pública sostenibles en el tiempo, la marihuana medicinal y el respeto a los derechos humanos, “también los de los consumidores”, apunta.

Por el momento, da la pelea con una ley que permite la producción de derivados del cannabis en Colombia. Después de un año de consolidación legal, se han comenzado a otorgar las primeras licencias. “Espero ver dos historias, una social para que comunidades como las del Cauca [en esta región se concentra el 70% de los cultivos] tengan una alternativa económica. Y una segunda, la del desarrollo de los usos medicinales”.

Esta decisión dista mucho de la que se aplicará sobre los 96.000 cultivos de hoja de coca (según datos de la ONU) que han convertido a Colombia, desde 1978, en el principal exportador mundial de cocaína. El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC contempla la erradicación y la sustitución. Para acabar con estas producciones el Gobierno ha optado por el uso del glifosato, un veneno que puede causar problemas respiratorios, dermatológico, abortos espontáneos y algunos tipos de cáncer. “Estoy en contra de la aspersión aérea”, dice Gaviria, “afecta a las personas, está demostrado que es ineficiente y encima se paga con recursos públicos. Este tipo de prácticas habían acabado con la legitimidad del Estado en la periferia del país. La presencia más visible del Gobierno en muchas comunidades era un avión tirando veneno. Eso es inaceptable”. El Ministerio de Salud ha aceptado el plan de sus colegas de Defensa de utilizar el glifosato, pero de manera manual. La meta del Gobierno es sustituir en 2014 unas 40.000 hectáreas de plantaciones de coca como parte del plan del posconflicto.

El otro reto en el que se verá involucrado el Ministerio de Gaviria es la incorporación de los guerrilleros al sistema de salud público. Una vez censados, las FARC recibirán una cobertura subsidiada hasta que se incorporen a la vida civil. “En las zonas de transición tendrán asistencia médica con un equipo permanente”, explica.

  • ¿Qué papel tendrán los médicos y enfermeros de las FARC?
  • No se ha planteado todavía. Timochenko, por ejemplo, es cardiólogo. Si quiere hacer parte de las brigadas de salud, podría.

Cuando el posconflicto comience a caminar en 2017, Alejandro Gaviria habrá tenido esa conversación que dice tener pendiente con el presidente. “Me preocupa mi posición en el Congreso, he sido muy vehemente en mis ataques y estoy perdiendo el poco capital político que tenía”, dice con humor. En el mediano plazo se ve de nuevo la Academia.

  • ¿Está satisfecho de su labor en el Ministerio?
  • He tomado decisiones que pueden tener un legado. Algo quedará. Es tan grande la brecha entre lo que la gente quiere y lo que el Estado puede hacer que uno nunca puede estar satisfecho. Hay que tener algo de modestia y casi resignación.
  • ¿Está resignado?
  • Veo una gran desilusión de la gente con la democracia y la política tradicional. El problema en la vida es que las expectativas pueden ser peores que las realidades. Hago una reflexión que va un poco más allá: en este mundo existe la tendencia a no resolver los problemas, sino a aparentar que se están resolviendo.
  • ¿Le ha pasado a usted?
  • A veces. Es difícil nadar contra esa corriente porque hay una impaciencia colectiva y las soluciones duraderas toman tiempo. Me gusta llevar la contraria al postular tesis que son realistas. Podría ser acusado de un exceso de realismo.

Más información