El accidente de Lamia desnuda la debilidad de la aeronáutica boliviana

El trágico final del avión de la aerolínea boliviana Lamia, que cayó hace una semana en Medellín provocando la muerte de 71 personas, ha desnudado la debilidad del sistema aeronáutico boliviano. La investigación del accidente se centra en dos puntos: ¿por qué Lamia, una empresa deficiente en muchos aspectos, obtuvo su licencia en noviembre de 2015? y ¿por qué se permitió que el avión siniestrado volara directamente desde Santa Cruz a Medellín sin una cantidad de combustible suficiente para llegar de forma segura a su destino?

Milton Claros, ministro de Comunicación, señaló que es "probable" que hubiera habido tráfico de influencias en la concesión de la licencia por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), puesto que el responsable de la repartición de registro de esta institución era hijo del gerente general de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa.

Lamia tenía autorización para realizar vuelos chárter dentro y fuera de Bolivia, pero el avión con el que estaba operando no había hecho mantenimiento desde hace dos años y estaba en un conflicto con la Fuerza Aérea Boliviana por no haber pagado el mantenimiento de otros dos aviones que, por esta razón, se hallaban retenidos.

El hecho adquirió ribetes de escándalo político cuando se supo que Vargas Gamboa, un aviador militar retirado, había sido piloto del presidente Evo Morales en el pasado —y de antecesores del actual mandatario— y era el entrenador de su actual equipo de pilotos. Morales aclaró ante la prensa que no sabía por qué se le había dado la licencia a Lamia y aseguró que se investigaría si su expiloto se había aprovechado de su posición o si el procedimiento había sido correcto. Dos semanas antes de la tragedia, el presidente boliviano viajó en el mismo avión que cayó a la localidad de Rurrenabaque, en un vuelo contratado por el gobernador de la región del Beni.

Tanto el hijo de Vargas como los demás miembros del directorio de la DGAC, así como los principales encargados del control aéreo en los aeropuertos, han sido suspendidos mientras se realiza la investigación. La pesquisa está a cargo de la fiscalía de Colombia y que incorporará, en calidad de organismos coadyuvantes, a las fiscalías de Bolivia y Brasil, país al que pertenecía la mayoría de los pasajeros que sufrieron el accidente.

Las sospechas caen sobre una controladora

La fiscalía boliviana está investigando a la controladora aeronáutica que, según las autoridades judiciales, aceptó inicialmente el plan de vuelo de Lamia y no lo observó sino hasta un día después del accidente. Dichas observaciones trascendieron a la prensa, por lo cual se creyó que la controladora había hecho su trabajo y que alguien más había desestimado su oposición a que el avión volara directamente de Santa Cruz a Medellín sin recargar combustible en un punto intermedio. Las autoridades sospechan, en cambio, que la funcionaria fraguó esas observaciones a posteriori, para cubrir su responsabilidad. Se supo que la acusada tiene testigos sobre cuál fue su verdadera posición en la serie de acontecimientos que desembocaron en la muerte violenta de 71 personas. La investigación está en curso.

Tanto el ministro Claros como Ronald Casso, director de la aerolínea bandera del país, Boliviana de Aviación (BoA), comparecieron ante la prensa para atenuar la desconfianza que comenzó a despertar el sistema aeronáutico del país. Desde septiembre de este año, este se encuentra bajo la lupa de una de las auditorías periódicas de la Organización de Aviación Civil Internacional y hasta este momento ha obtenido buenas calificaciones, dijo Claros.

El director de BoA, que traslada más del 80% de los pasajeros bolivianos, pidió que sus clientes viajaran tranquilos, ya que la aerolínea no solo cumple la reglamentación nacional, sino también la que le impone la empresa estadounidense Boeing, fabricante de sus aviones.