Las modificaciones del nuevo acuerdo de paz en Colombia

El nuevo acuerdo de paz pactado entre el Gobierno de Colombia y las FARC el pasado 12 de noviembre tiene 310 páginas, 13 más que el primer texto que firmaron ambas partes en septiembre. La ampliación se debe a la incorporación de algunas de las propuestas de los opositores a lo acordado en La Habana durante cuatro años, los ganadores del plebiscito del pasado 2 de octubre.

Estos son los cambios esenciales que ha sufrido el documento durante 41 días de renegociación y que será firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla Rodrigo Londoño, Timochenko, en el Teatro Colón de Bogotá.

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- Enfoque de género: Los sectores cristianos de Colombia, en concreto las iglesias evangélicas, rechazaron desde un inicio los pactos de La Habana porque "vulneran principios evangélicos como el de la familia cuando se habla de equilibrar los valores de la mujer con los de estos grupos [en referencia a la comunidad LGTBI]", aseguró Edgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. Con una fuerza electoral de 10 millones de fieles, según cálculos del Ministerio del Interior, fueron unos de los vencederos en el plebiscito, además de un grupo de presión fundamental para que en el nuevo acuerdo las menciones al enfoque de género se hayan reducido de 144 a 55.

A lo largo del texto inicial, el énfasis en la igualdad de hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y personas con identidad diversa aparecía en diversos apartados, con especial importancia en un breve punto específico.  "Vamos a sacar todo aquello que amenace a la familia, que amenace a la Iglesia y vamos a buscar una frase, una palabra, que no le dé temor a los creyentes”, dijo el presidente Santos. Y así se ha hecho. Se mantiene el objetivo de que todas las personas afectadas por el conflicto se beneficien en igualdad de condiciones durante el proceso de implementación, pero sin referencias explícitas a los colectivos gais. Además, se hace mención a la familia como unidad social.

Los grupos cristianos, contrarios a derechos sociales aprobados en Colombia como el matrimonio homosexual, la adopción para parejas del mismo sexo o la ley del aborto, también han conseguido que se incluya la libertad de cultos y a las víctimas de la Iglesia en el nuevo texto.

- Participación política: Uno de los argumentos recurrentes de los promotores del no fue promover la idea de que Timochenko sería presidente de Colombia en 2018 gracias al acuerdo original. En ese texto se planteó que, con independencia de los votos conseguidos, las FARC tendrían cinco curules asegurados en el Senado y otros cinco en la Cámara de Representantes. El partido de la guerrilla, según el primer acuerdo, recibiría el 10% del presupuesto que el Estado dedica a la financiación de los partidos políticos.

El nuevo documento no especifica una cifra de financiación, se limita a plasmar que el movimiento político que forme la insurgencia recibirá anualmente y hasta julio de 2026: "Una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final". Las FARC mantienen sus escaños garantizados durante dos períodos electorales consecutivos, aunque la oposición y parte de la sociedad colombiana rechace que líderes guerrilleros con delitos de lesa humanidad accedan a las instituciones.

- Bloque de constitucionalidad: El expresidente Álvaro Uribe, cabeza visible de la oposición a los acuerdos de paz, rechazó de manera enérgica la incorporación de los textos a la Carta Magna. "Si hubiera ganado el sí, la Constitución colombiana estaría sustituida", reiteró en varias ocasiones el actual senador del partido Centro Democrático. El 12 de noviembre Santos aseguró en una declaración pública que el nuevo texto ya no formaría parte de la Constitución: "Solo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por sí hacen parte de la Constitución". Sin embargo, el nuevo pacto plantea incorporar un artículo transitorio para que instituciones y autoridades estatales "cumplan de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final". Este apartado, con vigencia desde su entrada en vigor hasta pasado tres legislaturas presidenciales, asegura que futuros mandatarios no pueden modificar lo negociado.

- Restricción de la libertad o cárcel: Pese a que en un primer momento el uribismo reclamara prisión para determinados guerrilleros, en la propuesta que entregó al Gobierno de Santos cambió la cárcel por la reclusión en granjas agrícolas. Finalmente, el texto pactado establece que el Tribunal para la Paz debe fijar espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas y el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción.

- La Jurisdicción Especial para la Paz: Los opositores han conseguido que los magistrados que conformen el Tribunal para la Paz sean colombianos y se acepta la asesoría de juristas extranjeros. Esta institución tendrá un recorrido de 10 años, prorrogable cinco más. Solo durante los dos primeros podrá recibir solicitudes de investigación, un período que podrá extenderse un año más.

- El narcotráfico: El nuevo acuerdo establece que se delimitará caso a caso si el delito de narcotráfico se considera conexo al de rebelión y, por tanto, aministiable o será sancionado. "Las conductas dirigidas a facilitar, apoyar o financiar el conflicto" serán perdonas, es decir, todas aquellas que, según los jueces, no hayan derivado en "enriquecimiento personal de los rebeldes ni sean consideradas crimen de lesa humanidad, grave crimen de guerra o genocidio". Además, según explicó Santos en una declaración pública: "Todos los que se presenten a la JEP a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades".