¿Otra guerra sucia en Colombia?

En tan solo 15 días cuatro líderes sociales de movimientos de base, algunos ligados a Marcha Patriótica, que habían comenzado a tener liderazgo político después de que se hubieran culminado los diálogos de La Habana, han sido asesinados y dos más de ellos sufrieron atentados. Es la situación más grave que se ha presentado en los últimos cuatro días.

El hecho no deja de preocupar, ya que Colombia recuerda lo sucedido hace cerca de 30 años con el genocidio de la Unión Patriótica. En ese momento, producto de los diálogos de La Uribe Meta entre las FARC y el Gobierno colombiano, nació un partido político que comenzó a competir después de que se hubiera aprobado la elección popular de alcaldes y gobernadores. Para finales de la década de 1980 lograron 23 alcaldías de forma directa, 125 por coalición y decenas de concejales y diputados. Igualmente, lograron 14 congresistas y dos candidatos presidenciales con una fuerza popular importante.

Ante la irrupción de estos liderazgos de base, la clase política tradicional, la que siempre había gobernado las regiones del país, se asustó, pues pensaron que iban a perder el poder local. Esto los llevó a contactar grupos paramilitares para asesinar la oposición política. Desde las agencias de seguridad del Estado colombiano, se temió que el “comunismo” llegara al poder y comenzó una de las historias más oscuras de la política colombiana. Una alianza entre viejos políticos, agentes estatales y paramilitares ocasionaron la muerte de más de 4.000 miembros de partidos de izquierda, la mayoría de la Unión Patriótica, un verdadero genocidio político, que ha sido negado por la élite política colombiana pero que no tiene cómo ocultarlo.

Después de las negociaciones de La Habana, muchos analistas temían que ocurriera lo mismo, pues aún la clase política local utiliza la violencia como mecanismo de competencia política. Lo sucedió el 25 de octubre de 2015, en las elecciones locales así lo muestran. Más de 100 actos violentos entre asesinatos, atentados y secuestros ocurrieron para ese momento, siendo nuevamente los partidos de izquierda habían sido los más afectados. Adicionalmente, en los últimos meses decenas de amenazas se hicieron públicas contra líderes sociales de base. Por si fuera poco, en los últimos cinco años han sido asesinados más de 60 reclamantes de tierras que fueron despojadas a campesinos desamparados.

En los últimos 15 días fueron asesinados Erley Monroy, líder campesino del Departamento del Meta, defensor de las zonas de reserva campesina, que participó en política en las pasadas elecciones locales. También en el departamento de Caquetá Hugo Cuéllar sufrió un atentado después de salir del velorio de Erley, algo que recuerda mucho la masacre de la UP, cuando en velorios o entierros se cometían asesinatos a la militancia. Por esas mismas horas fue asesinado Didier Losada Barreto en la misma zona de los Llanos del Yarí. También en días pasados Argemiro Lara sufrió un atentado en la ciudad de Sincelejo, en el departamento de Sucre. En la Unión Nariño Danilo Bolaños sufrió un atentado. Y en el departamento del Cauca otros dos líderes sociales fueron asesinados en los últimos días: Jhon Rodríguez y José Velasco.

Lo más preocupante de estos homicidios y asesinatos es que se han incrementado justo después de conocerse que las FARC y el Gobierno tienen un nuevo acuerdo de paz y de que la guerrilla participará en política después de dejar las armas. También, después de que se sabe que habrá unas circunscripciones especiales en las cuales podrán participar movimientos sociales y políticos que nunca habían tenido garantías de participación política.

Todas estas amenazas se habían advertido desde hacía meses y como siempre ha ocurrido con estos asuntos las autoridades no le han prestado la suficiente atención. Tampoco ha sido una prioridad para las autoridades judiciales, pues la mayoría de asesinatos están en la total impunidad, al igual que las amenazas y atentados. El nuevo fiscal solo se ha dedicado a cuestionar el proceso de paz. Los fantasmas de una nueva guerra sucia aparecen en Colombia y nadie parece querer hacer nada para evitarlo.