Condenado a nueve años el yihadista juzgado por destruir patrimonio artístico

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“Nuestro patrimonio cultural no es un lujo. Hay que protegerlo de profanaciones y destrucción. De otro modo, la historia no nos lo perdonará”, dijo el pasado agosto Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), para calificar de crimen de guerra la demolición de nueve mausoleos sagrados y una mezquita en Tombuctú (República de Malí). Considerados patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el asalto fue comandado en 2012 por el yihadista maliense arrepentido Achmad al Faqi al Mahdi, que ha sido condenado este martes a nueve años de cárcel.

Es la primera vez que la Corte castiga la demolición de acervo artístico, perpetrado en este caso por motivos religiosos. La defensa y la fiscalía habían llegado a un acuerdo legal para pedir entre nueve y once años de reclusión dado que el acusado había reconocido los hechos. Organizaciones como la Federación Internacional para los Derechos Humanos han lamentado que no afrontara también cargos como violación y esclavismo sexual. En la Corte, sin embargo, ha primado la defensa de bienes culturales como una forma de proteger derechos humanos fundamentales.

El exyihadista se declaró culpable durante el proceso y pidió perdón diciendo que había sido “influido por gente desviada de Al Qaeda”. También buscó “la clemencia de la ciudad maliense, de África y de la comunidad internacional por el primer y último acto ilegal" que cometió. Admitida la culpa como circunstancia atenuante, los jueces han tenido en cuenta además su cooperación y arrepentimiento, el rechazo inicial a arrasar los lugares santos y el peligro corrido por su familia al reconocer y lamentar públicamente sus actos. Que todo ello pueda contribuir a la reconciliación en el país africano, y evite ataques similares ha sido además subrayado por el tribunal. El caso de Al Mahdi, encargado de imponer reglas morales en Tombuctú de la mano del grupo fundamentalista islámico Ansar Dine (relacionado con Al Qaeda del Magreb Islámico) implica un punto de inflexión en la justicia internacional. También es un triunfo para la fiscalía de la Corte, porque ha convencido al tribunal de la gravedad de los actos vandálicos. Ello a pesar de que las agresiones contra la propiedad se consideran menos graves que las padecidas por las personas.

Los nueve sepulcros arruinados estaban dedicados a santones y eruditos, una práctica rechazada por los extremistas, defensores del monoteísmo estricto. Para ellos, considerar santo a un hombre y levantar un panteón en su honor es un pecado mortal. Dado que Tombuctú es conocida como “la ciudad de los 333 santos”, era preciso dar ejemplo. En cuanto a la mezquita, las grabaciones del asalto en poder de los fiscales muestran al acusado portando un fusil Kalashnikov y derribando la puerta junto con otros agresores. Cerrada durante siglos, la creencia popular señalaba que así debía permanecer hasta el fin de los tiempos. “Debíamos combatir la superstición, por eso la tumbamos”, asegura Al Mahdi en los vídeos.

Estudioso del Islam, su conocimiento no ha sido relevante en este caso, aunque se ha demostrado que “era visto como un experto en la materia y era consultado en el seno del grupo islamista Ansar Dine, del que era miembro”. Al Mahdi tenía órdenes de vigilar el comportamiento de la población, y de sus líderes religiosos en Tombuctú, que adoraban los lugares. “Cuando le preguntaron su opinión sobre ello, admitió que no debían ser tenidos como sagrados, y aunque recomendó no demolerlos, cumplió dicha orden”, ha dicho Raul Pangalangan, presidente de la sala que lo juzgado. “A pesar de que no eran objetivos militares, Al Mahdi participó directamente en cinco de los asaltos, presenció el resto y explicó a los periodistas presentes por qué lo hacía. Pero también ha admitido su culpabilidad y mostrado arrepentimiento, a pesar del peligro que ello comporta para su familia”, ha dicho el juez.