Tres bomberos de Sevilla

Se relata una historia muy representativa del mundo en el que vivimos: tres bomberos de Sevilla, conmovidos por la tragedia de los refugiados durante el verano de 2015, decidieron viajar a Grecia como voluntarios para rescatar embarcaciones en riesgo de naufragio. El 14 de enero, mientras regresaban de una alerta fallida, junto con la ONG Team Humanity, fueron detenidos por la policía griega. Segun la ONG Proemaid (Profesional Emergency Aid) , tras 68 horas en el calabozo, se les acusó de "transporte ilegal de personas en situación administrativa irregular y posesión de armas (el cortacabos reglamentario del chaleco de rescatador). La Fiscalía pidió para ellos 10 años de cárcel y tuvieron que pagar 5.000 euros de fianza para poder salir de Grecia".

Dicho de otra manera, la solidaridad con los refugiados, en pleno desbordamiento del Estado griego, es considerada un delito pasible de prisión y multa. Más grave aún : historias como ésta se han multiplicado en casi todos los países europeos desde la salida masiva de refugiados de Siria. El acuerdo germano-turco, que transforma a los refugiados en "inmigrantes ilegales", sirve ahora de telón de fondo a los Estados para organizar la caza contra los ciudadanos que actúen en nombre del derecho fundamental al socorro.

La solidaridad con los refugiados es considerada un delito pasible de prisión y multa

Pero la UE, a fin de considerar la nueva situación planteada desde 2015, ahora quiere revisar la Directiva 2002/90/ CE del Consejo, adoptada el 28 de noviembre de 2002. En efecto, en su artículo 1, se contempla que los Estados miembros "podrán decidir, en aplicación de su legislación y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones" en casos de conducta cuyo objetivo sea "prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate". Hemos leído bien : "podrán", no "tienen la obligación". Es decir, la UE se lava los manos respecto de la aplicación del derecho al socorro por parte de los Estados miembros.

Muchas ONG piden la modificación de ese enunciado, sosteniendo que la Comisión Europea debe proponer la obligación a los Estados miembros de descriminalizar/inmunizar a los trabajadores humanitarios que ejercen en situación de emergencia.

Bruselas tendrá que hacer una propuesta para el próximo otoño. Está claro que la medida que se adopte dependerá de la movilización de la opinión pública, pero también de los parlamentarios, nacionales y europeos, quienes deberán, si quieren solidarse con los refugiados, plantear esta cuestión en los respectivos recintos donde representan la soberanía ciudadana. No se debe abandonar a las ONGs en esta batalla.

Un año después de la más dramática catástrofe humanitaria sufrida por Europa desde la Segunda Guerra Mundial, la situación de los refugiados en todos los países europeos, así como en Turquía, sigue siendo desastrosa. Este capítulo está lejos de cerrarse. En vez de penalizar a los tres bomberos de Sevilla, la mejor decisión que honraría, tanto a la UE como al propio gobierno griego, sería cambiar la Directiva europea para fortalecer la ayuda humanitaria.