En memoria de los desaparecidos de Colombia

Este martes conmemoraremos en Colombia el Día Internacional de los Desaparecidos y será la primera vez que lo hagamos después de haber alcanzado un acuerdo para el fin del conflicto entre el Gobierno y las FARC-EP, con un cese al fuego bilateral y definitivo aplicado por ambas partes.

Se abre así la oportunidad de llegar a lugares golpeados por la violencia donde antes no se habían iniciado labores de búsqueda. Se alimenta, por tanto, la esperanza de que muchas familias puedan hallar a sus seres queridos.

En los últimos años, Colombia se está dando a la tarea de conocer el universo real de víctimas de desaparición forzada, algo que todavía es un reto para el país debido a que los perpetradores fueron diversos y que este hecho victimizante afecta a casi todo el territorio nacional. Medicina Legal habla de 117.000 personas desaparecidas, de las que unas 24.000 serían de manera forzada. El Registro Único de Víctimas contabiliza, por su parte, algo más de 46.000 víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado. Esto, por mencionar algunas de las cifras más representativas.

Por eso, ante el escenario de construcción de paz que se avecina, desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos que dirijo, planteamos la relevancia de depurar el Registro Nacional de Desaparecidos. No se trata solo de unificar o mezclar los registros existentes, ya que fueron pensados para fines diversos, sino de llevar a cabo un estudio y un análisis profundos que nos permitan clasificar la información, convertirla en una herramienta útil para las familias y los compromisos del Estado.

Son pasos más firmes, si se quiere, en un camino que las organizaciones venían liderando, especialmente desde el año 2000, cuando el delito de desaparición forzada fue tipificado en el país. Desde entonces, gracias a la persistencia de esas asociaciones –muchas de ellas atacadas por su labor- se han conformado comisiones, se han diseñado protocolos para la entrega digna de cadáveres, se han creado mecanismos de búsqueda urgente…

El pasado octubre, el Gobierno Nacional y las FARC-EP publicaron un acuerdo parcial donde se comprometieron a poner en marcha, por un lado, medidas inmediatas de construcción de confianza para contribuir a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, y por otro, la creación de una Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas.

Las primeras ya trajeron como resultado, en estos meses, la exhumación de 526 cuerpos en varios cementerios del país y la entrega digna de 45 cuerpos a sus familiares, a quienes el Gobierno brinda atención psicosocial. Asumir lo mejor de las nuevas y antiguas instituciones, facilitar la transferencia de información e incorporar las recomendaciones de las organizaciones será tarea de la futura Unidad de Búsqueda.

Dicho esto, a los colombianos se nos viene el reto de pasar de la indiferencia a la acción. Durante mucho tiempo, la dignidad y el tesón de los familiares de los desaparecidos fue la única voz que nos recordaba lo vil de este conflicto, que arrebató la ciudadanía a tantas víctimas. A ellos debemos seguir escuchando ahora que se asoma un horizonte mejor para Colombia. Podemos empezar este 30 de agosto, mostrando nuestra solidaridad con los familiares que todavía buscan respuestas.

Son múltiples las historias de desaparición, pero todas comparten un elemento común. La incertidumbre impide asumir la pérdida como definitiva, elaborar el duelo si es que fallecieron. Ese debate entre la espera y el desaliento a menudo se prolonga por años.

Este martes, nos encontraremos nuevamente para decirles que no los olvidamos, para acompañar el dolor de los seres queridos y reconocer su resistencia. En todo el mundo hay planeadas iniciativas sociales, culturales, académicas, que permiten dar protagonismo al relato de las víctimas.

Por esas mujeres y hombres deseosos de vida que Colombia vio desaparecer durante décadas, nos merecemos la oportunidad de vivir en paz y darles a nuestros hijos un futuro distinto, sin temor, un país respetuoso de los derechos humanos, con integridad y memoria.

Paula Gaviria Betancur es Consejera Presidencial para los Derechos Humanos de Colombia