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Lula contrata al abogado de Mike Tyson para apelar en la ONU

El expresidente acude al Comité de Derechos Humanos por considerar que la divulgación de sus conversaciones telefónicas vulnera sus derechos

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva denunció este jueves al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo que considera una violación de sus derechos por parte de los responsables del Caso Petrobras, que investiga una serie de tramas de corrupción que afectan a las esferas de poder de prácticamente todo el país. En el caso de Lula, se investiga, entre otras acusaciones, si aceptó o no sobornos a través de esa red. A través de sus abogados, Lula destacado en Ginebra lo que considera abusos de poder cometidos por el juez federal responsable del caso, Sérgio Moro. “Lula recurre a la ONU porque no conseguirá justicia en Brasil con el sistema inquisitorio que está en vigor”, explicó Geoffrey Robertson, el abogado que ya defendió al boxeador Mike Tyson y al activista Julian Assange, responsable de Wikileaks.

LULA ONU
El expresidente abraza a un simpatizante. Instituto Lula

Los abogados afirman que el juez Moro autorizó que se le pinchara el teléfono al expresidente, a sus familiares y a sus defensores, y que las grabaciones se filtraron a la prensa el pasado 16 de marzo de manera irregular. Las conversaciones no podían divulgarse, alegan, y algunas se obtuvieron ilegalmente. En una de ellas, Lula hablaba con la entonces presidenta Dilma Rousseff sobre el documento de toma de posesión del cargo de ministro, que le garantizaría aforamiento ante el juez Moro. La oposición interpretó aquel nombramiento como un intento deliberado de escapar de la primera instancia y garantizarle un juicio en el Supremo Tribunal Federal.

Pero ese no fue el único punto de fricción entre el magistrado y Lula: fue Moro quien autorizó, el pasado 4 de marzo, que el expresidente fuera conducido por la fuerza a declarar a la sede de la Policía Federal de Guarulhos.

“El mismo magistrado que invade su intimidad puede solicitar su detención en cualquier momento, convirtiéndose así en juez de un juicio sin jurado”, ha insistido Robertson. En el texto, los abogados piden que se realicen cambios en el sistema de justicia brasileño, para que el juez responsable del caso en la fase de investigación no sea el mismo que en el juicio. “No hay ninguna prueba de que Lula recibiera sobornos durante el período en que fue presidente”, declaró.

Lula es objeto de varias investigaciones relacionadas con el caso Petrobras. Una de ellas, por obstrucción a la Justicia, por haber intentado, supuestamente, comprar el silencio del exdirector de Petrobras, Nestor Cerveró (eso, al menos, confesó él a cambio de una reducción de pena). En otro proceso, el expresidente es acusado de recibir trato favorable por parte de algunas constructoras –la reforma de una casa de campo y de un tríplex en el litoral de São Paulo– a cambio de ofrecerles contratos durante su Gobierno.

Brasil, que ratificó el Comité de Derechos Humanos en 2009, tiene ahora tres meses para pronunciarse sobre el caso. El comité está formado por 18 juristas de diferentes países, que determinarán el veredicto. Sin embargo, no tienen poder para evitar una posible detención de Lula o para obligar a cambiar el juez responsable del caso. El comité solo tiene carácter consultivo.

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