Lula contrata al abogado de Mike Tyson para apelar en la ONU

Los abogados afirman que el juez Moro autorizó que se le pinchara el teléfono al expresidente, a sus familiares y a sus defensores, y que las grabaciones se filtraron a la prensa el pasado 16 de marzo de manera irregular. Las conversaciones no podían divulgarse, alegan, y algunas se obtuvieron ilegalmente. En una de ellas, Lula hablaba con la entonces presidenta Dilma Rousseff sobre el documento de toma de posesión del cargo de ministro, que le garantizaría aforamiento ante el juez Moro. La oposición interpretó aquel nombramiento como un intento deliberado de escapar de la primera instancia y garantizarle un juicio en el Supremo Tribunal Federal.

Pero ese no fue el único punto de fricción entre el magistrado y Lula: fue Moro quien autorizó, el pasado 4 de marzo, que el expresidente fuera conducido por la fuerza a declarar a la sede de la Policía Federal de Guarulhos.

“El mismo magistrado que invade su intimidad puede solicitar su detención en cualquier momento, convirtiéndose así en juez de un juicio sin jurado”, ha insistido Robertson. En el texto, los abogados piden que se realicen cambios en el sistema de justicia brasileño, para que el juez responsable del caso en la fase de investigación no sea el mismo que en el juicio. “No hay ninguna prueba de que Lula recibiera sobornos durante el período en que fue presidente”, declaró.

Lula es objeto de varias investigaciones relacionadas con el caso Petrobras. Una de ellas, por obstrucción a la Justicia, por haber intentado, supuestamente, comprar el silencio del exdirector de Petrobras, Nestor Cerveró (eso, al menos, confesó él a cambio de una reducción de pena). En otro proceso, el expresidente es acusado de recibir trato favorable por parte de algunas constructoras –la reforma de una casa de campo y de un tríplex en el litoral de São Paulo– a cambio de ofrecerles contratos durante su Gobierno.

Brasil, que ratificó el Comité de Derechos Humanos en 2009, tiene ahora tres meses para pronunciarse sobre el caso. El comité está formado por 18 juristas de diferentes países, que determinarán el veredicto. Sin embargo, no tienen poder para evitar una posible detención de Lula o para obligar a cambiar el juez responsable del caso. El comité solo tiene carácter consultivo.