Un indígena es asesinado en Brasil en un enfrentamiento por tierras

Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, un indígena de las etnias guaraní-kaiowá de 26 años, es la víctima fatal más reciente del conflicto por tierras que se ha recrudecido en los últimos años en el Estado brasileño de Mato Grosso do Sul (sur del país). El trabajador sanitario indígena murió el pasado martes después de que un grupo de terratenientes rodeara una hacienda que había sido ocupada dos días antes por indígenas que la reivindicaban. Cinco personas, entre ellas un niño de 12 años, resultaron heridos por arma de fuego, según el hospital donde están ingresados. El episodio ocurre menos de un año después de la muerte de otro indígena de la misma etnia, Semião Fernandes Vilhalva, de 24 años, en circunstancias parecidas y en la misma región.

Casi 300 indígenas habían entrado el pasado domingo por la tarde en la hacienda Yvu, en la localidad de Caarapó, a 273 kilómetros de la capital, Campo Grande, para emprender una "retomada", expresión de los indigenistas para definir la ocupación de un área que perteneció a sus antepasados. Montaron tiendas de campaña en la propiedad, de 490 hectáreas dedicadas al cultivo de soja y la ganadería. La mañana del martes, "más de 200 furgonetas y coches", según Elson Canteiro Gomes, líder indígena local, llegaron a la zona y se dividieron en dos grupos. "Nos rodearon y empezaron a disparar. Muchos tenían armas de fuego y armas de balas de goma", asegura. Los indígenas reaccionaron lanzando flechas y huyeron.

A Clodione lo alcanzaron dos disparos mientras escapaba, según Elson Canteiro. Murió de camino al hospital. Josiel Benites, de 12 años, que resultó herido en el abdomen, y otros dos jóvenes indígenas tuvieron que ser operados, y dos hombres más resultaron heridos leves. El miércoles por la tarde todos estaban estables, según el Hospital da Vida, al que fueron trasladados. Ningún hacendado resultó herido.

Fuentes de los terratenientes aseguran que solo lanzaron petardos. Genivaldo Dias da Silva, superintendente del Hospital da Vida, está "completamente seguro" de que todas las heridas son por armas de fuego. Los indígenas le contaron que los engañaron para que se acercaran a los coches. "Su versión es que los llamaron para dar una entrevista y cuando llegaron oyeron una ráfaga de balas", explica. La Policía Federal no ha querido responder a las preguntas de EL PAÍS. El Ministerio de Justicia tampoco ha explicado por qué no había seguridad en la zona, ya que se habían producido conflictos en los últimos dos días. En un comunicado, solo informó que desplazó efectivos a la región, tras la petición del Gobierno local.

La hacienda Yvu pertenece a Silvana Amado Buainain, hija del terrateniente Sylvio Mendes Amado, fallecido en 2014 a los 95 años. Él fue uno de los fundadores de la Federación de Agricultura y Ganadería de Mato Grosso do Sul (Famasul), una de las principales asociaciones de ganaderos del país, que mediante un comunicado culpó al "callejón sin salida en que se encuentra la cuestión agraria en Mato Grosso do Sul, desde hace décadas, y a la necesidad de que el Gobierno Federal encuentre una solución efectiva".

José Armando Cerqueira Amado, hermano de Silvana, explicó a EL PAÍS que ella vive en la capital, y que los empleados de la hacienda la avisaron de que los indígenas habían entrado en su propiedad. El lunes Silvana presentó una queja en comisaría. El martes por la mañana llegó a la finca con su marido y un grupo de hacendados locales, según Amado. "Los indígenas estaban allí y se produjo una discusión. Los terratenientes lanzaron petardos y los indígenas huyeron hacia la aldea que linda con la hacienda", afirma. "Resultaron heridos en el territorio de la aldea y no la propiedad de mi hermana. No sabemos qué ocurrió allí [en la aldea]. Lo que sabemos es que no había ningún productor rural armado, ni siquiera con armas de balas de goma. Solo tenían petardos", añadió. 

Proceso de demarcación

La hacienda Yvu forma parte de un área de 55.590 hectáreas que está en proceso de demarcación desde 2007. El pasado 12 de mayo, día en que la presidenta Dilma Rousseff fue apartada de la Presidencia, la Fundación Nacional del Indio (Funai) firmó el informe de delimitación. Se trata de la segunda etapa para crear una tierra indígena en Brasil, que después debe ser demarcada por el Ministerio de Justicia y homologada por la Presidencia.

Según el informe, que presenta las conclusiones de antropólogos, los guaraníes-kaiowá que vivían en la zona empezaron a ser expulsados en 1882 para cultivar hierba mate. A principios del siglo XX se intensificó el proceso de expulsión, cuando el Gobierno brasileño empezó a vender las tierras para construir haciendas. Los indígenas de las dos etnias fueron reubicados en ocho pequeñas reservas, distribuidas por todo el Estado, donde encontraron dificultades para mantener su modo de vida, basado en el cultivo de tierras. Con el paso de los años, la población de esas reservas fue creciendo y el territorio se fue quedando pequeño. Fue entonces cuando los indígenas empezaron a reivindicar sus tierras tradicionales.

El problema es que muchos de esos lugares ya habían sido vendidos a propietarios rurales, que hoy tienen la titularidad de las tierras, lo que crea un callejón sin salida. Cuando un estudio identifica una Tierra Indígena, el Gobierno federal tiene que expropiar el área, pero solo puede indemnizar a los propietarios por las mejoras realizadas, como inmuebles y plantaciones. El valor de la tierra propiamente dicha no entra en la cuenta, porque se reconoce que era originalmente de los indígenas y, por lo tanto, el Gobierno no la puede comprar. Los hacendados no lo aceptan. "No podemos corregir un error histórico cometiendo otro error histórico. ¿Cómo se le puede quitar la tierra a alguien que la posee?", pregunta José Amando Cerqueira, que afirma que su padre compró la hacienda Yvu en 1962.

Este callejón sin salida genera conflictos. Por un lado, los indígenas, cansados de esperar una decisión y muchas veces viviendo en situación precaria, deciden retomar las tierras, algunas ya con el proceso de demarcación avanzado. Por el otro, los productores rurales no aceptan perder las tierras sin recibir el valor completo de la indemnización. Últimamente, sin ninguna solución en el horizonte, el Estado de Mato Grosso do Sul se ha convertido en el escenario de muchas muertes. A finales de agosto de 2015, el indígena Semião Fernandes Vilhalva, de 24 años, fue asesinado con un tiro en la cabeza en un área retomada en el municipio de Antonio João, después de que algunos terratenientes intimidaran a los indígenas. En 2013, el líder indígena Ambrósio Vilhalva, de 52 años, también fue asesinado a puñaladas en un área retomada cerca de Dourados. En 2011, al cacique Nísio Gomes, de 59 años, lo rodearon un grupo de hombres armados y lo mataron a tiros, también tras entrar en un área en litigio.

Los indígenas afirman que no retrocederán. "Nuestro futuro depende de nuestro territorio, de nuestra tierra. Vamos a retomar cada vez más tierras, porque estamos cansados de esperar. Hemos adoptado esta postura y hemos decidido que esta es nuestra única salida", dice Gomes, el líder del área donde se encuentra Yvu.

La ONG Survival International, que defiende los derechos indígenas en el mundo, afirmó mediante un comunicado que el ataque posiblemente forma parte de la "escaldada de intentos por parte de poderosos intereses del negocio agropecuario, estrechamente relacionados con el Gobierno interino [de Michel Temer], de expulsar ilegalmente a los guaraníes de su tierra ancestral e intimidarlos con actitudes racistas y violencia genocida".

El Instituto Socioambiental (ISA), organización brasileña que lucha por cuestiones medioambientales, culpó a terratenientes y sicario. "Se trata de otro asesinato perpetrado por milicias privadas en Mato Grosso do Sul, donde existe uno de los mayores índices de concentración de latifundios de Brasil, que, a su vez, es el país con la segunda mayor tasa de concentración de latifundios del mundo, superado únicamente por Sudáfrica". El Consejo Indigenista Misionario (CIMI), que calificó lo sucedido de "masacre" y acción "paramilitar" asegura que recientemente ha registrado al menos 25 casos parecidos en el Estado.