Violencia en México

Open Society: “La guerra contra el narco en México es un crimen de lesa humanidad”

Un informe de la organización denuncia las atrocidades cometidas en México desde hace una década por la delincuencia y las autoridades

Soldados paran un vehículo en una autopista de Badiraguato, Sinaloa, la tierra natal del capo Joaquín 'Chapo' Guzmán.
Soldados paran un vehículo en una autopista de Badiraguato, Sinaloa, la tierra natal del capo Joaquín 'Chapo' Guzmán.AFP

México, 2010. En Tamaulipas, el Ejército asesina a dos niños de 9 y 5 años en un supuesto enfrentamiento armado con delincuentes. Nuevo León: el Ejército mata al arquitecto Fernando Osorio, que no estaba armado. Tabasco 2009: Raúl Brindis muere mientras se hallaba bajo custodia policial. Tanhuato, Iguala, Veracruz… La guerra contra el narco ha justificado incontables atrocidades que caben en la definición de crímenes de lesa humanidad y así deben ser procesados, denuncia la organización internacional Open Society Justice Initiative

Desde diciembre de 2006 -cuando el Gobierno de Felipe Calderón inició una lucha frontal contra el crimen organizado- hasta el mismo mes de 2015, han sido asesinadas con dolo 150.000 personas en México, según la organización. Los asesinatos son atribuibles a la violencia de la delincuencia y a la estrategia de seguridad del Estado, que ha recurrido “excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza” para combatirla durante esa administración y la actual, de Enrique Peña.

En un informe titulado ‘Atrocidades innegables’ que se presentará este martes y al cual EL PAÍS tuvo acceso, Open Society sentencia que los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetradas tanto por el Gobierno como por miembros del cártel de los Zetas son crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la definición legal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, mecanismo suscrito por México desde enero de 2006.

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El Artículo 7 del Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como actos que sean parte de “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil (…) perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales, como por grupos armados organizados”. Investigar y juzgar las atrocidades ocurridas en México desde hace casi una década bajo esta categoría y no como crímenes ordinarios, permitiría evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, indica la organización especializada en justicia penal internacional.

El informe coincide con los de otras organizaciones de derechos humanos que han advertido del incremento de los asesinatos en México desde 2007, llegando a un pico anual en 2011, cuando llegó a 22.852. Y la mayoría quedan impunes: de principios de 2007 hasta 2012 sólo se produjeron condenas en aproximadamente uno de cada 10 casos de homicidio, según el reporte.

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“Nadie sabe cuántas personas han desaparecido en México desde diciembre de 2006. La cifra de 26.000 citada a menudo es engañosa y en gran parte arbitraria; constituye una contabilidad defectuosa del gobierno de personas desaparecidas”, agrega el informe sobre esta inestable cifra que, no obstante, ha ido en aumento desde 2006, alcanzando un máximo anual de 5.194 desapariciones en 2014.

Entre las víctimas hay delincuentes pero también muchos “falsos positivos”, según Open Society: civiles acusados sin ningún fundamento de participar en actividades criminales, a menudo torturadas para que se autoincriminen o señalen a otros, y frecuentemente víctimas de desaparición o asesinato. “Tanto la tortura como los malos tratos se infligen con casi absoluta impunidad”, advierte la organización, y cita cifras gubernamentales que indican que entre 2006 y el final de 2014 se realizaron 1.884 investigaciones federales por tortura con sólo 12 acusaciones y ocho sentencias. En los casos registrados entre enero de 2007 y abril de 2015, solo se produjeron seis condenas.

Otra de las atrocidades “innegables” es la muerte de civiles en medio del fuego cruzado entre policías o soldados y delincuentes -como los dos estudiantes de una prestigiada universidad en Monterrey, en 2010- en una “estrategia imprudente, el ‘daño colateral’ de la batalla entre el gobierno y los cárteles”, indica la organización.

Protección gubernamental al Ejército

“Una sucesión de gobiernos se han propuesto proteger al Ejército y la Marina de investigaciones penales creíbles sobre su participación en crímenes atroces. De hecho, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto han promovido la militarización de las actividades policiales”, indica el reporte. Como resultado, las fuerzas policiales federales y estatales han hecho un uso desmedido de la fuerza y las investigaciones penales se han conducido a través de coerción y tortura.

Aunque son varios los casos documentados de desapariciones forzadas cometidas por las fuerzas militares, fue hasta agosto de 2015 cuando se condenó al primer soldado por este delito, señala el informe. La primera disculpa pública por un abuso cometido por soldados llegó hasta 2016 -unos meses antes de que la guerra contra el narco cumpla una década- cuando el ministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, pidió disculpas a la sociedad por la tortura cometida contra una civil en Guerrero, que fue difundida en redes sociales.

“México cuenta con amplios recursos y capital humano para actuar de modo eficaz en la prevención, enjuiciamiento y castigo de crímenes atroces, perpetrados en su mayoría por sus propias fuerzas. La incógnita es si México tiene la voluntad política de hacerlo”, cuestiona Open Society en su reporte. Su diagnóstico es que la raíz del problema es que los Gobiernos no lo reconocen o no lo ponen en su justa dimensión. “Comienzan con la retórica de negación y desviación que han caracterizado a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto”.

Las recomendaciones “urgentes” de Open Society para resolver esta crisis son: crear una instancia independiente que investigue los crímenes; dotar de autonomía a los equipos forenses y separarlos de las fiscalías, y sobretodo, “las fuerzas armadas deben retirarse de las operaciones de seguridad pública y se debe aprobar la legislación que regule el uso de la fuerza”.

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