La crisis económica toma el relevo a la migratoria en Grecia

La revisión del tercer rescate (86.000 millones, tres años) está encallada desde otoño pasado. Los acreedores siguen sumando exigencias a Atenas (5.400 millones en nuevos recortes hasta 2018, equivalentes al 3% del PIB nacional) y la insolvencia se cierne amenazante, de nuevo, sobre las míseras arcas griegas, dados los vencimientos a los que debe hacer frente el país en julio: 300 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y 2.300 al Banco Central Europeo (BCE). En paralelo a la convocatoria del referéndum británico sobre la UE, el próximo 23 de junio, no faltan quienes, con el FMI a la cabeza, barajan cuál de las dos opciones, Brexit o Grexit, cobrará más fuerza para entonces. La mayoría se inclina por la segunda.

Si el quid de la crisis migratoria es la inmovilidad forzosa de más de 50.000 refugiados e inmigrantes en el país por el cierre de la ruta balcánica, el nudo gordiano de la otra crisis, la económica, es la enésima reforma de las pensiones. Este fin de semana el Parlamento griego ha debatido entre máximas medidas de seguridad y un sinfín de movilizaciones populares el proyecto de ley de la nueva seguridad social, que prevé la introducción de una nueva pensión nacional, mínima, de 384 euros al mes para quienes hayan trabajado 20 años; la paulatina desaparición para 2018 del fondo de solidaridad complementario para las pensiones más bajas y, a la postre, la homologación de los innumerables fondos gremiales (como el de los periodistas, ya suprimido), durante décadas un pozo sin fondo de descontrol; de ahí la feroz oposición de las asociaciones profesionales, inspiradoras de las protestas, a esta reforma. Sin embargo, tras siete años de austeridad, son muchas las familias griegas que sobreviven gracias a los menguados ingresos del abuelo. Desde 2010, cuando se aprobó el primer rescate, las pensiones han sufrido 11 recortes.

En el enésimo reajuste fiscal, el tipo más alto de IVA, que desde julio grava la práctica totalidad de bienes de consumo —de los entierros a los zumos procesados o el transporte—, aumenta un punto, hasta el 24%, mientras la base mínima imponible se reduce en casi mil euros, de 9.500 a 8.636. Así, una unidad familiar de cuatro miembros con un único ingreso de 757 euros al mes se verá a partir de ahora obligada a tributar. Por tramos, sube también el denominado “impuesto de solidaridad” introducido hace un par de años para mejorar la recaudación.

Estas medidas de contingencia, o preventivas, como las denominan los acreedores, son una salvaguarda por si Atenas no satisface sus planes presupuestarios en 2018, y, aunque giran en torno a dos ejes, coinciden en un callejón sin salida: cómo manejar la abultada deuda pública griega, que supone el 180% del PIB. A cambio de nuevos ajustes, el FMI propone un alivio o reestructuración de la deuda, pero los socios europeos, con Alemania a la cabeza, rechazan de plano cualquier quita.

Así las cosas, el primer ministro, Alexis Tsipras, con una exigua mayoría de 153 escaños en un Parlamento de 300, se enfrenta a la prueba más difícil en sus 16 meses en el poder, con un grupo de diputados opuesto a más recortes (y un nutrido grupo de dirigentes de su partido en contra de cualquier otra capitulación ante los acreedores). Pero ni en su partido ni en el de su socio de gobierno, la derecha soberanista de Griegos Independientes, parece haber otra opción que la de cerrar filas y acometer estas reformas “para garantizar la viabilidad del sistema” de prestaciones sociales. Dicho en otras palabras, las del ministro de Trabajo: “Vamos a hacer ahora [las reformas] que deberían haberse hecho hace décadas”. La oposición rechaza en bloque esta nueva sangría y avienta desde hace semanas la posibilidad de unas elecciones anticipadas. Syriza, el partido de Tsipras, ha sido desbancado en las encuestas de intención de voto por la conservadora Nueva Democracia.

Impacto en el sector turístico

Entretanto, la crisis migratoria se ha cronificado con gravosas consecuencias para el Estado griego. No se trata sólo de mantener a las más de 50.000 personas atrapadas en el país —la frontera macedonia permanecerá cerrada hasta el 31 de diciembre como mínimo, y no hay salida por otras rutas—, sino del impacto que la continua llegada de refugiados e inmigrantes tiene, sobre todo, en la economía de las islas: turoperadores y responsables del sector estiman que las reservas para este verano han caído un mínimo de un 60% en las islas del noreste del Egeo, como Lesbos, Quíos o Samos, principal puerta de entrada a Grecia de los migrantes.

En los últimos dos años, el turismo había sido el respirador automático que insuflaba aliento a la economía griega, pero, tras un breve periodo de recuperación, ésta volvió a hundirse en la recesión en el primer trimestre de este año, con una caída de cerca del 1% debido al descenso del consumo y la producción industrial. Frente a los 6.000 millones de euros prometidos a Turquía para gestionar sus fronteras y frenar el flujo migratorio, la última ayuda europea a Grecia fue sólo de 85 millones de euros, destinados por la Comisión Europea a ocho ONG que gestionan distintos proyectos de acogida.