El clan Úsuga revive el fantasma del paramilitarismo en Colombia

Seis personas muertas, coches calcinados, amenazas a aquellos que quisieron abrir sus comercios… En los últimos días, el llamado "paro armado" convocado en varios departamentos de Colombia por el Clan Úsuga, la mayor banda criminal del país, ha sembrado el miedo y ha revivido la sombra del paramilitarismo. Un fantasma que el Gobierno insiste en no reconocer con ese nombre, al no querer dar un estatus político a este grupo, que se dedica al narcotráfico y a la extorsión, entre otros delitos.

El Clan Úsuga se define como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un nombre similar al de los paramilitares desmovilizados a principios de este siglo, que se hacían llamar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Las Autodefensas Gaitanistas nos encontramos en el conflicto no por voluntad propia, sino en legítima defensa, ante un Estado incapaz de garantizar la vida y bienes de sus asociados”, aseguraba el comunicado difundido para promover el paro armado, una estrategia que durante muchos años utilizaron las dos guerrillas del país, las FARC y el ELN, y que consiste en coaccionar a la población para que no salga de sus casas ni vaya a sus centros de trabajo a riesgo de perder la vida. En el texto se agregaba: “Somos una organización con dominio territorial, unidad de mando y operaciones militares continuadas a lo largo del tiempo”.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, después de 48 horas de terror en algunas regiones, volvió a insistir que de ninguna manera se le dará tratamiento político al Clan Úsuga. “Ustedes no son un grupo político, son una banda criminal dedicada al narcotráfico, extorsión e intimidación”, aseguró Santos, quien anunció una serie de medidas para tratar de combatir a los criminales y lograr la normalización en las zonas afectadas lo antes posible.

Según las autoridades, el Clan Úsuga cuenta con unos 3.000 miembros en todo el país -por los poco menos de 2.000 del ELN, por ejemplo- y sus líderes son herederos directos de los grupos paramilitares que existieron en Córdoba, Antioquía y Chocó, tres de las zonas a las que ha afectado este último paro armado. Su máximo líder es Dairo de Jesús Úsuga, alias Otoniel, al que el Gobierno considera el narcotraficante más buscado del país. Más de 1.000 hombres participan desde hace un año en la Operación Agamenón para tratar de capturarlo, aunque de momento los esfuerzos han sido en vano. En los últimos días el Gobierno colombiano ha aumentado las recompensas por cualquier información que permita minar a los Úsuga.

El fantasma del paramilitarismo no solo ha revivido con el paro armado de los últimos días. Desde principio de año, se han sucedido los asesinatos a líderes sociales vinculados a organizaciones o formaciones políticas de izquierda. La ONG Somos Defensores tiene registrados 15 asesinatos y más de 50 hostigamientos en lo que va del año, mientras que la Unión Patriótica (UP), denuncia al menos 30 homicidios por razones políticas en los tres primeros meses del 2016. La UP, partido político de ziquierdas, vio cómo durante finales de los ochenta y principios de los noventa los paramilitares asesinaron a más de 3.000 militantes.

El reconocimiento del fenómeno del paramilitarismo por parte del Gobierno es una de las exigencias de las FARC en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana desde hace más de tres años. El fantasma del exterminio de la Unión Patriótica está muy presente en la recta final de las negociaciones para los guerrilleros. Atado el acuerdo de justicia, que les garantizará no ir a la cárcel, una de sus mayores preocupaciones es la seguridad durante el posconflicto frente a lo que consideran grupos criminales vinculados a la derecha.

Desde que se produjo la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, el Gobierno ha dado a sus herederos el tratamiento de bandas criminales. Aunque asumen que su dinámica criminal aún existe, los negociadores de La Habana consideran que, desde el punto de vista jurídico, sería un error otorgarles estatus político. “Reabrir el proceso de Justicia y Paz, un proceso que ya terminó, sería un grave error”, aseguró en una entrevista con este diario Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno el pasado año. “Las bandas criminales tienen que ser objeto de una política de sometimiento a la justicia, no de tratamiento como combatientes con las consecuencias jurídicas que eso tiene”, añadía. Sea como fuere, es innegable que el fantasma del paramilitarismo ha revivido con fuerza con este paro armado que ha intimidado a buena parte de los colombianos.