¿Cuánto sabía Estados Unidos de la represión de la dictadura argentina?

“Creo que debemos prever bastante represión, probablemente mucha sangre, en Argentina en poco tiempo. Creo que van a castigar con dureza no solo a terroristas sino también a opositores en sindicatos y partidos”, advirtió un colaborador al secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger el 26 de marzo de 1976, solo dos días después del golpe militar en Argentina.

El jefe de la diplomacia estadounidense desoyó el aviso y dejó clara la voluntad de apoyar al régimen: “Necesitarán un poco de aliento, los quiero alentar. No quiero dar la sensación de que Estados Unidos los está acosando”.

Al día siguiente, el FMI lanzó un crédito de 127 millones de dólares para la junta militar presidida por el dictador Jorge Rafael Videla.

La conversación transcrita figura en uno de los 4.700 documentos del Departamento de Estado estadounidense desclasificados en 2002 bajo la ley de libertad de información por un pedido del Archivo Nacional de Seguridad, una ONG estadounidense dedicada a estudiar la información desclasificada.

Se trata de una de las primeras evidencias del apoyo explícito del Gobierno estadounidense al golpe militar.

Meses después, cuando las denuncias por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina eran ya imposibles de ocultar, Kissinger reafirmó su respaldo a los militares. "Entendemos que están en un periodo difícil. Es un tiempo complicado, en el que las actividades políticas, criminales y terroristas tienden a mezclarse sin ninguna separación clara. Entendemos que deben establecer autoridad”, le espetó al entonces canciller de la junta militar argentina, César Guzzetti, el 7 de octubre de 1976, en un encuentro en el hotel neoyorquino Waldorf Astoria.

Durante el encuentro, Guzzetti relató que el principal problema de Argentina era “el terrorismo” y necesitaban restablecer la seguridad interna en el país.
“Si hay cosas que tienen que hacer, háganlas rápido. Pero deben volver rápidamente a los procedimientos normales”, agregó el estadounidense, quien apuntó que Estados Unidos no podía hacer mucho en “el frente terrorista”, pero sí en el campo económico.

La luz verde de Kissinger a la despiadada represión en Argentina, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, contrastaba con los mensajes en público del Departamento de Estado, que pedía respeto por los derechos humanos.

Los documentos "no dejan la menor duda de que había una posición ambivalente, dos líneas: la oficial y la que mantenían en reserva, como fue el mensaje de Kissinger a los militares argentinos", dice Carlos Osorio, director del proyecto del Cono Sur del Archivo Nacional de Seguridad.

Osorio subraya el giro en la diplomacia estadounidense a partir de 1977, cuando Jimmy Carter reemplaza a Gerald Ford en la Presidencia estadounidense y llega Patricia Derian a la Secretaría de Derechos Humanos.

En su visita a Buenos Aires, en agosto de 1977, Derian se plantó ante el almirante Emilio Eduardo Massera en su encuentro en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), convertida en el mayor centro clandestino de detención de la dictadura.

"Es posible que mientras nosotros estamos hablando, en el piso de abajo se esté torturando a alguien", le dijo Derian ante las constantes negativas de Massera a las acusaciones de torturas, según declaró la exfuncionaria estadounidense en el Juicio a las Juntas en 1985.

En pocos meses, la embajada estadounidense se abrió a las víctimas, que hicieron colas interminables para denunciar la desaparición de sus seres queridos.

“Para 1979 las violaciones de derechos humanos habían caído de forma dramática, había menos de una docena al mes”, indica el experto.

El conocimiento de Estados Unidos no se limitó a los entresijos de la dictadura argentina, sino que se extendió al de los regímenes vecinos y al sistema de coordinación represiva que pusieron en marcha en 1975, conocido como Plan Cóndor, tal y como se desprende de los documentos desclasificados años antes en relación con la dictadura chilena.

“El Gobierno estadounidense tenía información de lo que ocurría en la región”, afirma Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales.

“La información desclasificada nos hizo entender mucho mejor como fue el plan represivo entre las distintas juntas militares para llevar adelante el plan sistemático de intercambio de información y de prisioneros”, continúa.

El Plan Cóndor tuvo como víctimas a militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña.

Meses antes del golpe en Argentina, los documentos desclasificados muestran que Kissinger solicitó aumentar los créditos para la compra de armamento militar de 34 a 50 millones de millones de dólares para el año 1977 con el objetivo de “adaptarse al plan de modernización de las fuerzas armadas y mantener las relaciones con un país en el que los militares tienen cada vez más responsabilidad en el Gobierno”.

La documentación brindó importantes pruebas para los juicios de lesa humanidad abiertos en Argentina, entre ellos los del Plan Cóndor, uno finalizado y el otro actualmente en trámite por la desaparición forzada de 106 personas.

“Los documentos se presentaron como dato de contexto en el juicio. Nos interesaba mostrar que había un plan coordinado por parte de varias dictaduras”, afirma Morales.

Los investigadores esperan ansiosos la desclasificación de archivos militares y de inteligencia anunciados por el presidente estadounidense, Barack Obama, la semana pasada, días antes de aterrizar en Buenos Aires.

Según Osorio, los datos que se conocen hasta el momento ofrecen información muy valiosa sobre las violaciones de derechos humanos cometidas, pero falta por conocer “cuáles fueron las decisiones políticas de Estados Unidos, cuál fue la política de Estado respecto a la dictadura”.

Las organizaciones de derechos humanos argentinas, disconformes con la coincidencia de la visita de Obama con el 40 aniversario de la toma de poder de los militares, aplaudieron la decisión presidencial.

“Anhelamos que permita echar luz sobre el destino de nuestros detenidos desaparecidos”, señaló en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, cuya búsqueda infatigable ha permitido dar con el paradero de 119 nietos, de los cerca de 500 que fueron apropiados durante la dictadura.

La agrupación también expresó su deseo de que la visita de Obama aporte su grano de arena a que "Nunca Más haya terrorismo de Estado" en el país.