Irán condena a muerte a un empresario que ayudó a sortear las sanciones

El multimillonario iraní Babak Zanjani y otros dos acusados han sido condenados a muerte este domingo, según el portavoz del Poder Judicial, Gholam-Hosein Mohseni-Ejei, citado por la agencia IRNA. Los tres tienen además que devolver los 2.000 millones de euros que el Ministerio de Petróleo reclama a Zanjani como resultado de transacciones de crudo no oficiales con las que burlaba las sanciones internacionales impuestas a Irán por su programa nuclear. El caso por corrupción y apropiación indebida contra el controvertido intermediario se ha convertido por sus implicaciones políticas en un juicio a la gestión de Mahmud Ahmadineyad, durante cuyo mandato ocurrieron las desviaciones económicas ahora penadas.

“Babak Zanjani y otros dos acusados ha sido declarados culpables de corrupción en la tierra y condenados a muerte”, ha anunciado Mohseni-Ejei. La sentencia puede ser recurrida.

El cargo de “corrupción en la tierra”, una figura de la ley islámica (fasad fil arz) de difícil traducción, es el mayor delito recogido en el código penal iraní. Se refiere a aquellas personas, no creyentes o que se apartan del camino de islam, que amenazan la paz social y política.

Zanjani, de 41 años, fue detenido a finales de 2013, pocos meses después de la llegada a la presidencia de Hasan Rohaní y de que varios diputados le acusaran de corrupción y pidieran una investigación de sus actividades financieras en una carta dirigida a los responsables de los tres poderes. Su espectacular carrera, de chófer del presidente del Banco Central en 1999 cuando al parecer empezó sus negocios cambiando moneda hasta convertirse en uno de los hombres más ricos de Irán, había levantado ampollas.

“Por mi cooperación [con el Gobierno] mis compañías se enfrentaron a sanciones”, declaró un desafiante Zanjani durante su comparecencia ante el tribunal el pasado octubre. “Soy un genio económico… la pena de muerte no me asusta. He servido a mi país”.

El empresario, en la lista negra de EE UU y la UE por haber ayudado al Gobierno de Ahmadineyad a evadir las sanciones, arreglaba desde 2010 acuerdos petroleros multimillonarios a través de una red de empresas que se extendían de Turquía a Malasia. En el momento de su detención, un portavoz judicial dijo que “recibía petróleo y otros cargamentos y no ha devuelto los fondos”. Según la fiscalía debía al Estado 2.000 millones de euros por crudo vendido en nombre de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC).

El propio Zanjani, cuya fortuna se llegó a estimar en unos 12.000 millones de euros antes de que se le confiscaran las empresas, entre ellas una compañía aérea, admitió que debía mil millones al Gobierno, pero aseguraba que no podía repatriarlos debido a las sanciones internacionales. El veterano periodista iraní Ebrahim Navabí le calificó de “el Ahmadineyad de la economía” y le acusó de seguir el ejemplo del expresidente por su presunción y forma de evitar las preguntas.

Pero el caso Zanjani va más allá de la apropiación indebida y el blanqueo de dinero por el que él y sus dos socios han sido condenados. El proceso, que inusualmente ha sido público, tiene mucho que ver con un cambio de actitud en la sociedad iraní hacia las grandes fortunas fruto más de las conexiones políticas que de la iniciativa empresarial, un fenómeno que se generalizó durante los ocho años de Gobierno de Ahmadineyad. De hecho, no es el primer multimillonario condenado a muerte. En mayo de 2014 fueron ejecutados el empresario Mahafarid Amir-Khosravi y tres de sus asesores por apropiación indebida, blanqueo de dinero y sobornos.