Armándose con las Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de la ONU ya decidió por unanimidad dar el paso en función de lo que los colombianos concordaron días antes: participar en un “mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas”. Ese “mecanismo” consistiría, como se dispuso en el acuerdo, en “una misión política de la ONU integrada por observadores de países miembros de la CELAC” a ser creada por el Consejo de Seguridad. La Resolución del Consejo establece que el Secretario General debe iniciar los preparativos “de inmediato”.

Esto tiene tremenda importancia por tres razones fundamentales. La primera es que este acuerdo, que conduce a la participación de una misión de la ONU como tercero-neutral, obedece a una decisión soberana de los colombianos destinada a reforzar la decisión de los mismos colombianos. No es, pues, una decisión unilateral del Consejo de Seguridad de la ONU o, mucho menos, una imposición. Esto tiene la máxima importancia cualitativa: sobre la base de la ruta de paz —marcada por los colombianos— se busca asegurar la llegada a la meta con el concurso de la ONU con sus “observadores no armados”.

La segunda es que la experiencia internacional ha demostrado que para garantizar un cese al fuego, terminar efectivamente las hostilidades así como para asegurar el pleno cumplimiento de los términos del conjunto de acuerdos de paz, la verificación en el terreno por las Naciones Unidas ha demostrado ser tremendamente eficaz en prácticamente todos los casos.

Interesa a los colombianos y colombianas, pero también a toda la región, que los acuerdos para la paz se cumplan plenamente

Viví de cerca el proceso de verificación —militar y política— por la ONU en El Salvador en la década de los noventa. La práctica de esa experiencia exitosa de terminación de la guerra y de tránsito a la paz demostró la tremenda utilidad de una verificación por la ONU de los acuerdos no sólo sobre temas militares y policiales sino de derechos humanos, reinserción de excombatientes y demás. La soberanía de las autoridades y sus instituciones no sólo no estuvo nunca en cuestión, sino que salieron fortalecidas para cuando la misión de la ONU terminó sus funciones en 1995.

La tercera es que en este caso el Gobierno y las FARC han concordado en que la misión debe estar integrada por nacionales de la CELAC, es decir, nacionales de Latinoamérica y el Caribe. No creo que haya chauvinismo en tal planteamiento, sino la legítima expectativa de que las coincidencias culturales, históricas —y hasta lingüísticas— pueden ayudar a una mejor vertebración de la ONU con la realidad colombiana.

Alentador signo de los tiempos que se asuma como viable una misión internacional integrada por latinoamericanos. Esto hubiera sido impensable en la década de los noventa. Entonces la institucionalidad latinoamericana se encontraba muy distante de los desarrollos democráticos de los siguientes años que ahora prevalecen. Una región básicamente despejada de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y en la que se ha consolidado la democracia electoral puede aportar contingentes de observadores para la paz.

Lo ya definido para garantizar el cese al fuego y la dejación de armas perfectamente podría imaginarse también para otros aspectos de los acuerdos que los propios colombianos identifiquen. Ese acompañamiento internacional, por ejemplo, podría ser tremendamente útil en acuerdos sobre asuntos civiles sensibles como los de justicia y reparación a las víctimas cuyo cumplimiento es esencial para asegurar la paz. El acuerdo sobre víctimas, por ejemplo, establece la necesaria coordinación entre la dejación de armas y la reinserción con el “acceso efectivo a la amnistía” (parr. 38).

Interesa a los colombianos y colombianas, pero también a toda la región, que los acuerdos para la paz se cumplan plenamente; de ello saldrá fortalecida la sociedad colombiana, su rica institucionalidad y, por cierto, su propia soberanía.