El Salado intenta revivir 15 años después de la masacre

Cuentan los vecinos de El Salado que durante dos años el pueblo quedó vacío. Sucedió justo después del 18 de febrero de 2000, cuando cerca de 450 paramilitares entraron a sangre y fuego y escribieron otro execrable capítulo en la historia de la violencia en Colombia. Unas 100 personas fueron torturadas hasta la muerte durante cinco días. En el 15º aniversario de una de las peores masacres del país, esta vereda a una hora de la costa caribeña, celebró el jueves una jornada de fiesta. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, decidió terminar su plan de 100.000 viviendas gratuitas en "esta simbólica localidad", según sus propias palabras.

En una nueva placita, enmarcada entre algunas de las 100 casas entregadas, los habitantes de El Salado buscaban sitio y resguardo del sol bajo una carpa instalada para los fastos por el Estado. Los agraciados y los que simplemente venían a compartir la jornada de fiesta vestían camisetas blancas con el lema "Cumplimos" que varios funcionarios les habían entregado en la entrada del evento. Mientras esperaban la llegada del presidente colombiano, los saladeros repartían sus historias entre la multitud de periodistas y sus hijos seducían al personal con sus sonrisas y sus travesuras. Los aproximadamente 1.200 habitantes de este pueblo de chozas de paja y palos, calles sin asfaltar y alcantarillado por instalar, comparten una historia similar. Todos son víctimas de la violencia, el desplazamiento y la pobreza endémica consecuente.

La primera vez que Evelio Pedrosa tuvo que salir de su casa fue en 1997 por culpa de los paramilitares. Regresó el mismo año cansado de malvivir vendiendo boletas en un medio que no era el suyo, la ciudad de Montería. "Soy de campo", dice, "sé arar la tierra y criar marranos para venderlos". A su lado, su mujer Leida Fernández le recuerda que gracias a ella la segunda vez que tuvo que huir a la ciudad, en la matanza de 2000, se encontró con un poco más de suerte. "Yo le enseñé a vivir allá". Volvieron a El Salado definitivamente en 2006 y ahora celebran que les ha tocado una casa de 76 metros cuadrados con dos habitaciones, un salón y zona exterior para la cocina y el patio de ropas.

Pedrosa dice que llegó por poco al sorteo que se celebró en el pueblo para el reparto de las 100 casas. Su familia, como el resto de beneficiarios, tuvo que justificar que estaban en situación de pobreza extrema, que eran víctimas de la violencia y el desplazamiento o que habían perdido su casa durante la ola invernal de 2012, más conocida como La Niña. El ejército azul, formado por funcionarios del departamento de Prosperidad Social (ANSPE), se encarga de verificar cada caso antes de incluir a los seleccionados en el bombo que decidirá su futuro.

"Nos llamaron populistas y demagogos", afirmó un exaltado Santos ante los vecinos del pueblo, acompañado por un séquito de ministros, cargos públicos de la región, su vicepresidente Germán Vargas Lleras, y hasta el expresidente chileno Sebastián Piñera que acabó bailando una cumbia con uno de los vecinos. "Hoy cumplimos esa promesa". No quiso agradecimientos, dijo que era un funcionario público y que estaba al servicio de los ciudadanos. Pero sí envió un mensaje a sus antecesores: su programa de vivienda pública y gratuita se sustenta sobre una nueva estrategia. Los constructores que se presentaron al concurso público tenían que cumplir un requisito: "Primero construyan y luego les pagamos", apuntó el mandatario colombiano. Las familias que ocuparán estas casas solo tendrán que asumir el coste del agua y la luz, no tendrán que pagar el alquiler hasta pasados 10 años, momento en el que podrán vender o rentar las fincas.

"El Salado es una pequeña maqueta de Colombia", ejemplificó Claudia García, directora de la Fundación Semana, organización que desde hace más de un lustro trabaja en la zona con programas de reconstrucción. Este pequeño territorio intenta sobrevivir al olvido no solo recuperando la rutina que una vez la violencia les negó, también sirve de laboratorio para el resto del país. Los saladeros perdieron sus casas y sus tierras, su sustento.

Humberto Torres, uno de sus vecinos de 40 años, también desplazado, se acercó al evento como representante de esa otra parte del posconflicto al que deberá enfrentarse el país. Huyó de su casa después de ver a sus primos morir, ocupó un predio junto a otras familias y ahora la Justicia se lo reclama. "Estoy aquí para entregarle una carta al presidente", dijo buscando cualquier tipo de ayuda. "Tengo de plazo hasta diciembre, no puedo abandonar las tierras que llevo trabajando 20 años, no me pueden volver a victimizar". Torres miraba las nuevas casas de sus vecinos y se le escapó un pensamiento, casi una conclusión: "Están muy bien, pero están hechas al estilo de la ciudad, ¿dónde vamos a poner los animales?, ¿lo nuestro?, ¿dónde vamos a poder hacer lo que nosotros sabemos hacer? La tierra".