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Miles de muertos después

La prohibición del cannabis roba impuestos al país y vuelve mulas a los extraviados

Nadie ha dado la buena noticia de la legalización de la droga, nadie. Se ha hablado apenas de un responsable decreto del Gobierno que —aquí en Colombia: ni más ni menos— reglamenta tanto la producción como el uso de la marihuana con fines medicinales. Pero tal como ha ocurrido con otros temas de salud pública, desde el aborto que salva vidas hasta la eutanasia que remedia dolores inútiles, el procurador Ordóñez (ese bíblico investigador de lo público conocido por vigilar con criterios lefebvristas a los funcionarios aterrados) ha emprendido una patética campaña de desinformación en la que afirma que —como la suspensión de fumigaciones con glifosato— esta propuesta gubernamental hace parte de "una política pública" que busca debilitar la gringuísima guerra contra las drogas: "Tendremos que ver qué perlas encontramos en ese decreto", declaró el olfato politiquero de ese guardián de su mundo que desde el principio ha militado en dos morales.

Quiere que se despierte la "integridad" de antes de Cristo que se despierta en estos casos. Pretende que siga la guerra de siempre: la versión de los hechos contra los hechos. Pero lo que de verdad consigue es que se les siga dando la espalda a todas las víctimas del prohibicionismo.

Pienso en la milagrosa Sierra Nevada de Santa Marta, en la joroba del mapa. Pues según el jefe de antinarcóticos, que para calmar a los prohibicionistas ha declarado que a pesar del decreto seguirá persiguiendo la siembra ilegal, hay aún en la Sierra cientos de hectáreas de cultivos de cannabis. El presidente Ospina Pérez decretó en 1949: "Prohíbese en el territorio de la República el cultivo y comercio de la marihuana". Pero en la altísima Sierra, tierra sagrada de 25.000 indígenas arahuacos, arzarios, koguis y kankuamos, ocurrió el tal "boom exportador" de la yerba Santa Marta Golden para satisfacer la demanda gringa. Y con la bonanza llegó el rentable infierno de la prohibición: la pobreza; la invasión de las bandas sanguinarias; la irrupción mesiánica de las guerrillas; el experimento impuesto, desde 1984, de fumigar la Sierra con el venenoso glifosato; el exterminio de los kankuamos; muertos y muertos más.

Nadie se ha atrevido a hablar de legalizar la droga. Se trata nada más de permitirles a empresas serias o a centros de investigación el uso del cannabis para remediar el dolor, para aliviar las náuseas de las quimioterapias, para retrasar la epilepsia de cientos de miles de colombianos. Y sin embargo el procurador Ordóñez, que es una forma de decir "esa ultraderecha que sigue escribiendo Infierno con i mayúscula", para contribuir a la desinformación ha salido a respondernos una pregunta que nadie estaba haciéndole. Ha puesto en boca del Gobierno las palabras que le sirven para sonar a restaurador de la moral. Y ha reivindicado la prohibición —que complace a los Estados Unidos, roba impuestos al país, vuelve mulas a los extraviados, aplaza un problema de salud pública, y degrada la Sierra, por ejemplo— en busca de fieles.

El pródigo Parque Tayrona, "la planta del pie de la Sierra Nevada de Santa Marta" según sus habitantes, ha estado cerrado este noviembre porque los arahuacos se han empeñado en limpiarlo "de tanta maldad humana". Será en vano. Pues, aun cuando el consumo baje en las calles de los Estados Unidos, aun cuando los hampones de siempre encuentren más rentable la minería que el tráfico de alucinógenos, mientras las drogas sigan siendo ilegales no dejará de ser el paraíso de los catadores europeos encumbrados por documentales osados, el pretexto feliz de los políticos rastreros que viven de gritar "Apocalipsis", de convertir la ciencia en mito, de atravesarse, como mula, en el reconocimiento de una guerra fracasada.

Nadie se ha atrevido a hablar de legalizar la droga. Se trata nada más de permitirles a empresas serias o a centros de investigación el uso del cannabis para uso medicinal