Rousseff, entre el mercado y los movimientos sociales

Una entrevista publicada el pasado domingo en el periódico Folha de S. Paulo ha vuelto a agitar el delicado panorama político de Brasil. Rui Falcão, presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), era categórico: “Si Levy [Joaquim Levy, ministro de Hacienda] no quiere seguir las orientaciones de la presidenta, debe ser sustituido”. Repetía una petición que cada vez gana más fuerza entre los movimientos sociales que apoyan al partido de izquierdas en el poder: hay que cambiar la política económica urgentemente.

El episodio fue otro tirón de cuerda en el tira y afloja entre visiones bastante distintas dentro del Gobierno. De un lado, Levy, un economista de la Escuela de Chicago, neoliberal, cuya misión es intentar reencaminar la economía y pretende hacerlo por medio de duros ajustes. Del otro, el partido y los movimientos de izquierda, que comparten una visión desarrollista que cree que para mover la economía hay que seguir con las políticas estatales de subsidios, y critican los cortes que el ministro ha ordenado. Contra las cuerdas está Dilma Rousseff, que no puede prescindir de ninguno de los dos apoyos.

La presidenta sabe que necesita a los movimientos sociales, los mismos que la ayudaron a ganar las ajustadas elecciones el año pasado, para luchar en la calle contra la amenaza de destitución. Pero los interlocutores del partido no se cansan de decir entre bastidores que cada vez es más difícil pedir esa movilización mientras el Gobierno aplica recortes en áreas como la vivienda, la educación, o realiza cambios que afectan a los trabajadores. Los mismos movimientos sociales que se echaron a la calle el 21 de agosto para posicionarse contra el impeachment han creado este mes el Frente Pueblo Sin Miedo para luchar contra los ajustes fiscales, aunque afirman que no están de acuerdo con la destitución de la presidenta. Fue un duro golpe para el PT, que intentaba atraer estos mismos movimientos al Frente Brasil Popular, creado por el partido unos días antes para organizar las movilizaciones contra el impeachment, que acabaron marchitándose.

Según diputados y especialistas, si se consigue abrir el proceso de destitución en la Cámara, la presión popular ejercerá un papel fundamental y podría hacer cambiar el voto de algunos diputados que todavía son aliados del Gobierno. En ese momento, la lucha en la calle sería importante. Los movimientos sociales podrían funcionar como el contrapeso de los grupos a favor del impeachment, mostrando que Rousseff todavía tiene capacidad de movilización y transmitiendo el mensaje de que la destitución de la presidenta podría llevar el país al caos social.

Pero para defenderla en la calle, los movimientos piden un precio alto: Rousseff tiene que deshacerse de Levy, parar de hacer ajustes y adoptar medidas como la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas. El Gobierno prometió la ley, que desagrada a las clases más conservadoras, pero no ha conseguido sacarla adelante en el Congreso.

El problema es que Rousseff no puede renunciar a Levy. O mejor, a lo que Levy representa para el mercado

A cambio del apoyo, Rousseff también tendría que volver a adoptar la política desarrollista que caracterizó al partido desde el inicio del Gobierno Lula, como dejó claro la semana pasada la Central Única de los Trabajadores (CUT), movimiento sindical vinculado al PT, que presentó públicamente una propuesta de cambio económico, a la que llamaron la “solución para la economía brasileña”.

El problema es que Rousseff no puede renunciar a Levy. O mejor, a lo que Levy representa para el mercado. El ministro es visto como el salvador de la economía. Alguien necesario, precisamente, para alejar el país de la política desarrollista, que el sector económico considera equivocada y que llevó al país a la situación en que se encuentra hoy, con gastos públicos excesivos y que han dejado un agujero enorme en las cuentas del Estado.

Rousseff no consigue gobernar sin el apoyo del capital, necesario para invertir para que la economía vuelva a crecer. “Cuando terminó la legislación anterior, había un caos absoluto, principalmente en el área fiscal. Levy fue secretario de Hacienda en Río de Janeiro, donde promovió un ajuste fiscal tan fuerte que el Estado mejoró el grado de inversión. Entró en el Gobierno con esa misión, la de reencaminar la economía, de hacer ajustes”, afirma el profesor de finanzas del Instituto de Enseñanza e Investigación Insper, João Luís Mascolo. “El mercado sabe que, si lo destituyen y se vuelve al modelo anterior, se generaría un caos absoluto y completo, principalmente con la deuda pública y el tipo de interés que tenemos”, destaca, reproduciendo la opinión de otros especialistas.

Ante el “Fuera Levy”, que gana cada vez más fuerza entre los movimientos sociales y el partido, Rousseff ha dejado claro que el ministro va a continuar. “El presidente del PT puede tener la opinión que quiera, pero no es la opinión del Gobierno”, afirmó, lanzando una indirecta a Lula, mentor de las peticiones para que se destituya al economista. De paso, la indirecta también ha sido para los movimientos sociales, que han reaccionado criticando todavía más esa postura. Ante el difícil equilibro, ya hay quien diga, especialmente en el sector económico, que la única solución para salir de esta encrucijada sería que la presidenta abandonara de una vez por todas el PT.