La era de los rascacielos en Bogotá

Hasta hace cuatro meses y durante 35 años, la torre Colpatria reinó como el edificio más alto de Colombia. Cincuenta pisos, 196 metros de altura, todo un emblema para los bogotanos y uno de los pocos rascacielos del país. Pero ya no es así. Desde junio, otra megaconstrucción la superó en altura. Las dos torres del BD Bacatá, una de 67 pisos (240 metros) y la otra de 57, aún en construcción, empezaron su reinado. Se alzan en pleno centro de Bogotá y se espera que tras ellas vengan más que harán que la capital colombiana entre a la era de los rascacielos.

Desde 2011 se construye el Bacatá, pero es desde diciembre del año pasado, cuando la Alcaldía de Bogotá expidió un decreto sobre renovación urbana que incentiva las construcciones de altura, que se habla de la llegada de los rascacielos. El decreto definió varias zonas para renovar, buscando aprovechar mejor el espacio, ya que la ciudad ha venido creciendo hacia los extremos y en cambio, en el centro, viven pocos. “Bogotá tiene áreas con altas densidades, 600 habitantes por hectárea, pero otras, como las centrales, que es donde se concentra la oferta de trabajo, no llegamos a 52 habitantes por hectárea... Queremos estimular la generación de residencia en las áreas de trabajo”, explica Gerardo Ardila, secretario de Planeación de la Alcaldía.

A muchos entusiasma pensar en una Bogotá con grandes edificios como Dubái o Nueva York. Pero a otros les generan dudas. ¿Qué garantía tiene la ciudad para ser sostenible en términos de espacio público?, se preguntan algunos urbanistas en un video que hace duros cuestionamientos al decreto. “No se concertó con la ciudadanía la pertinencia de construir en alturas en barrios donde tradicionalmente se construyen casas o edificios de poca altura, tampoco se garantizó que las redes de alcantarillado y servicios públicos domiciliarios fueran las que se necesitan para el proceso de densificación que implica la construcción en alturas”, dice Martha Moreno, gerente en Bogotá de Camacol, gremio de los constructores.

Este sector no se opone a las megaobras, pero cree que la ciudad no está preparada y que la nueva norma atenta contra la calidad de vida de los bogotanos. “No garantiza la generación de espacio público y de la infraestructura urbana que se necesita para atender a la población (parques, vías, zonas verdes)”, agrega Moreno. Sin embargo, la alcaldía defiende que lo que busca la nueva norma es que estas grandes construcciones le dejen beneficios a la ciudad. “Si al Bacatá se le aplicará el decreto, por su altura tendrían que haber comprado dos manzanas para entregarlas a la ciudad como espacio público”, asegura Ardila.

La secretaría de Planeación ha defendido el decreto, divulgando también un vídeo que desmiente los señalamientos del gremio constructor. “Solo aplica para sitios donde ya hay una infraestructura suficiente y con capacidad para crecer”, explican. Esto para responder a quienes afirman que los servicios públicos y las vías colapsarán.

Los dueños de grandes lotes están obligados a destinar suelo a la ciudad en el mismo lugar del proyecto y construir parques y vías. Los que no son tan grandes tendrán que pagar y ese dinero se invertirá donde falta espacio público. “A Camacol le preocupa que este decreto les impone obligaciones y la ciudad va a captar una parte de esas plusvalías. Antes iban todas al bolsillo del constructor y a la ciudad nada”, agrega Ardila.

La Alcaldía asegura que en los últimos meses han ganado más que lo que recogió por plusvalías en los últimos 10 años. Camacol insiste en que la ciudad pierde con la nueva norma. “Los estudios muestran que atenta contra la sostenibilidad de la actividad constructora que representamos. Si bien en un principio parece un buen negocio, a mediano y largo plazo resulta ser contraproducente con el desarrollo de las ciudades de calidad que promovemos”, dicen.