La ‘policía pacificadora’ de Río pasa por su peor momento

Gabriela pasa varias veces al día al lado de uno de los vehículos de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de la favela de Vidigal, donde policías armados con fusiles pasan buena parte de su jornada sentados en el coche, mirando sus móviles. Ella los saluda y les ofrece agua en los días de calor, pero se considera una excepción. Gran parte de los vecinos de Vidigal los ignora solemnemente. Algunos dicen que no confían en ellos y otros creen que se marcharán tan pronto como se acaben los Juegos Olímpicos de 2016. “Conozco a cinco personas que saludan a los policías, los demás tienen miedo de sufrir represalias [por parte de los narcotraficantes] cuando se vayan”, cuenta Gabriela, de 27 años. Daniel y Vitor, dos hermanos de 16 y 13 años, tampoco tienen ningún interés en socializar con los agentes. Últimamente, incluso, los critican más de lo habitual porque han empezado a abordar y cachear, sin justificativa y bajo las miradas de los vecinos, a sus amigos, con los que juegan al fútbol a las puertas de la favela.

Si hablamos de la rutina de una comunidad más conflictiva, como la de Manguinhos —en Vidigal, localizada en la zona rica de la ciudad y pacificada en 2012, no hay tiroteos ni graves conflictos—, el discurso, así como la violencia, se radicaliza. “Responden a una política de exterminio. Somos un objetivo constante. Nuestros hijos son asesinados y encima tenemos que probar que no merecían morir”, lamenta Ana Paula de Oliveira, de 38 años, una de las 208 madres que perdieron un hijo a manos de la UPP desde 2009. Su primogénito, Jonatan, de 19 años, murió de un disparo en la espalda en una operación en mayo de 2014.

Un estudio apunta a un deterioro de la percepción de los policías sobre su trabajo en las comunidades

El día a día nunca ha sido peor para los agentes de las UPPs, un programa de policía comunitaria instaurado en las favelas de Río a partir de 2008 para reconquistar el territorio dominado por los traficantes de drogas, con vistas a los grandes eventos internacionales programados en la ciudad, como el Mundial y los Juegos Olímpicos del año que viene. La conclusión es de una encuesta del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Candido Mendes, que hace una radiografía de las condiciones de trabajo y la rutina de los agentes desde 2010. Los policías señalan la antipatía, el miedo y hasta el odio que sienten por parte de los vecinos (el 60,1%), la formación inadecuada (el 51,7%), las malas condiciones de trabajo (el 24,9%), la inseguridad (el 42,4%) y la opinión negativa que tienen sobre el programa (el 35,9%).

Los datos, en general, apuntan a un deterioro de la percepción de los policías sobre su trabajo en las comunidades en comparación con encuestas anteriores, realizadas en 2010 y 2012.

Los datos del estudio muestran también que quienes deberían ser policías de proximidad y especialistas en la mediación de conflictos en la comunidad están cada vez más distanciados de los vecinos. Las actividades que los policías realizan con más frecuencia están cada vez más próximas de la policía convencional, como el cacheo e identificación de sospechosos (56,4%), el registro de denuncias en las comisarías (32,3%) o detenciones (29%). Hace cuatro años, esas actividades eran todavía más habituales, pero la diferencia respecto a las actividades propias de una policía comunitaria era mucho menor. Hoy, solo el 5,3% de los agentes dice reunirse con los vecinos, el 14% de los encuestados mantiene que participa en la mediación de conflictos y el 25% busca estrechar lazos con los vecinos.

El resultado de esos números es una enorme brecha entre policías y habitantes de las favelas. De los 2.002 policías entrevistados, el 65,8% declara que ha sido insultado por los moradores y el 55,8% dice qu han lanzado algún objeto contra él. Las fricciones se revelan en las normas más básicas de educación: aproximadamente el 60% de los policías relata que se ha sentido ignorado al saludar a algún vecino. En 2010, más del 60% de los agentes se sentía bien acogido por la población, mientras que hoy solo es el 25%.

Los policías comunitarios realizan cada vez funciones más próximas a las la policía convencional, como el cacheo e identificación de sospechosos

“Hay una crisis de modelo. Antes, las UPPs enfrentaban problemas de reputación, de credibilidad, pero ahora observamos un problema estructural, que si no se resuelve pone en riesgo el programa”, dice Silvia Ramos, una de las coordinadoras del estudio. “Hay que retomar el programa. Hay una serie de actividades, como reuniones con líderes comunitarios o estrategias de comunicación con la comunidad en las redes sociales que no cuestan dinero y acercan a la policía a la esencia del programa. No se están realizando y cuanto más tenso es el ambiente en la comunidad, más necesarias son esas prácticas”, lamenta Ramos.

Pehkx Jones, subsecretario de Educación, Prevención y Valoración, un área adscrita a la secretaría de Seguridad Ciudadana, los datos son importantes, pero deben interpretarse con cautela, porque retratan un período específico de 2014. “Hoy los resultados serían distintos”, señala Jones, que reconoce, sin embargo, que hay deficiencias en la formación de los agentes. “Percibimos que hay una demanda reprimida de capacitación y estamos invirtiendo en cursos para mejorar las estrategias de proximidad y mediación de conflictos.” Para explicar por qué al 59% de los agentes les gustaría trabajar fuera de las UPPs, el subsecretario señala la dificultad de los policías de valorar como propias de una policía tradicional las acciones de mediación, típicas de la policía comunitaria. “Todos creen que ser policía comunitaria es ser menos policía, y aún más cuando son jóvenes. Pero eso no pasa solo en Río, o en Brasil. La literatura sobre la actividad policial de proximidad revela que los policías infravaloran ese modelo”, explica Jones.

El presente y el futuro de las UPPs en 38 favelas de Río es uno de los principales debates de las últimas semanas, alimentado por la proximidad de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en la ciudad en agosto del año que viene. Varios episodios violentos han colocado el asunto en primer plano. Mientras en lo que va de año han matado a ocho agentes de las UPPs (el doble que en todo el año pasado), se repiten los casos de asesinatos y abusos cometidos por policías, que ponen en evidencia las muertes de niños y adolescentes en operaciones contra el narcotráfico. Desde de la desaparición de Amarildo Dias de Souza, un albañil muerto en 2013 tras una sesión de tortura en la comisaría de la UPP en la favela de la Rocinha, el programa lucha por mantener la imagen que inspiró su creación: reconquistar de forma menos agresiva el territorio controlado por el narcotráfico. Escenas recientes como la de la favela de Providencia, en el centro de Río, donde cinco agentes de la UPP adulteraron la escena del presunto asesinato de un joven de 17 años, abren un abismo aun mayor entre la realidad y el papel.