Arquitectos del no retorno

Difícilmente puede echarse para atrás el proceso de negociación del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, luego de alcanzar el más importante acuerdo sobre un tema que se había vuelto el nudo gordiano de la negociación: la justicia. Y el modelo acordado es el restaurativo que tiene como columna vertebral a las víctimas. Lo más importante de este acuerdo al que asistió Colombia, 24 horas después de que el Papa Francisco abandonará Cuba rumbo a Estados Unidos, es que la guerrilla aceptó ser juzgada y recibir castigos.

Tema distinto es de qué manera serán cumplidas las condenas, pues para muchos colombianos y para analistas obsesionados con nuestra realidad solo se pagan los pecados en la cárcel. Y no es así. A mayor verdad menor sanción y eso tiene más fondo para cesar una guerra que los barrotes. Lo han dicho las mismas víctimas que prefieren saber la verdad para sanar; lo han dicho los más reconocidos juristas y es que no hay un proceso en ninguna parte del mundo donde no se sacrifique un mínimo o un máximo de justicia entendida como la privación de la libertad, que también la habrá.

La guerrilla reconoce con este acuerdo del 23 de septiembre de 2015 pasadas las 5 de la tarde, su condición de victimario y acepta pagar por lo hecho contando la verdad y reparando a las víctimas. Lo pactado no es una venganza: el Estado acepta que sus agentes y otros no combatientes también tienen responsabilidad en el conflicto, y esto solo podía y debía pasar previa aceptación de quienes utilizaron una causa para disfrazar sus delitos. Ahora sí que quienes en la ropaje de la legalidad y traicionando las banderas profundizaron la guerra que pongan la cara en el tribunal.

El Estado acepta que tiene responsabilidad en el conflicto, y la guerrilla reconoce que  utilizó una causa para disfrazar sus delitos

No era una cuenta de cobro y bajo el liderazgo de Humberto de la Calle y de la privilegiada mente de juristas como Juan Carlos Henao y Manuel José Cepeda entre otros, se logró una figura que ahora tiene un reto mayor, ser honrada por los colombianos, esa sociedad polarizada que deberá entender y prepararse para el no retorno a la guerra. Me refiero a la jurisdicción especial para la paz, con un tribunal ya aplaudido por Fatou Bensuda, la fiscal de la temida Corte Penal Internacional y el delegado de Estados Unidos Berard Aronson.

Suponiendo que fueran verdad y tan legítimos como los mios, y de tantos ciudadanos, los temores del expresidente Alvaro Uribe sobre que las FARC obtuvieran un simple perdón y olvido, el acuerdo lo obliga a una posición de verdadero colombiano y no de opositor per se a este Gobierno, que no oculta despreciar. Son válidas todas sus advertencias, que hicieron abrir los ojos a los riesgos, pero señor expresidente se ha quedado usted sin discurso y, en cambio, con la responsabilidad de legislar para que se establezca cuáles son los delitos conexos a ser amnistiados. Aquí estamos hablando de que habrá amnistía por sometimiento.

Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Esos mismos 8 años que usted, Álvaro Uribe, consideró suficientes para castigar a los mochacabezas o paramilitares bajo su Gobierno.Y quienes se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias, a lo que sí le faltaron unos 10 años más.

La guerrilla pasará de la vida armada a la política al dejar las armas 

El acuerdo garantiza en sus 20 puntos además que el proceso debe terminar en 6 meses y que la guerrilla pasará de la vida armada a la política al dejar las armas para lo cual tendrán 60 días luego de la firma de la paz definitiva.

¿Que quedan preguntas y vacíos? Sí. Y ese será el reto de los negociadores en los seis meses que restan y de los magistrados de la Corte Suprema en temas tan profundos para respetarnos como sociedad y es definir la línea que separa al narcotráfico del delito político, una pregunta que le costó la vida a 11 magistrados de ese tribunal y a tantos colombianos enterrados y anónimos en los escombros de las bombas de Pablo Escobar. De esas luchas, de esos héroes, no podemos olvidarnos. Sobre eso también se necesita verdad y la única forma de honrarla es con clara distinción. Una cosa es la conexidad para algunos casos y otra convertir a los capos en delincuentes políticos.

Para el resto de los colombianos, el reto es responder a una pregunta: ¿en qué cambia mi vida el día después de firmada la paz y cómo le explico a las nuevas generaciones lo que esto significa. Hoy Santos cumple la promesa de volver a las Naciones Unidas a anunciar que en seis meses Colombia firmará la paz.

Diana Calderón es directora de Informativos de Caracol Radio y de Hora 20

Twitter @dianacalderonf