Chile: La Ley de Amnistía mantiene vivo el legado de Pinochet

"Muchos han muerto a la espera de la justicia, muchos han muerto guardando silencio. Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados. [...] es el momento de hermanarnos en la verdad."

Con estas palabras, hace exactamente un año, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, conmemoró el 41 aniversario del golpe de Estado de 1973 en el que un desafiante Augusto Pinochet tomó el poder por la fuerza. Más de 3.000 personas fueron víctimas de homicidio o desaparición, y más de 38.000 fueron detenidas arbitrariamente y torturadas durante los 17 años de régimen militar que siguieron a aquel golpe.

En este contexto, el gobierno de Bachelet prometió también dejar sin efecto la Ley de Amnistía, un decreto aprobado por el régimen de Pinochet en 1978 para proteger del procesamiento judicial a aquellas personas sospechosas de haber cometido violaciones de derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Aquel anuncio fue recibido con entusiasmo. El mundo veía cómo, por fin, Chile hacía frente a su sombrío pasado y actuaba para librarse de una de las últimas lacras de la brutalidad de Pinochet.

Sin embargo, ya ha pasado un año, y la Ley de Amnistía sigue debatiéndose en el Congreso . Su futuro es incierto.

La ley desató un feroz debate en Chile, en el que muchos alegaban que no es más que una norma que lleva muchos años sin utilizarse.

En parte tienen razón.

En 1998, la Corte Suprema de Chile resolvió que la ley no debía aplicarse a casos de violaciones de derechos humanos. Esta valiente decisión permitió el avance de investigaciones cruciales.

Desde entonces, la corriente ha cambiado a favor de un aumento de las investigaciones sobre las detenciones sistemáticas y arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas ocurridas bajo el mando de Pinochet: se han llevado a cabo más investigaciones de ese tipo en los últimos años que en las últimas casi dos décadas.

Según los datos facilitados por la Corte Suprema del país en 2014, hay abiertos aproximadamente un millar de casos, 72 de ellos relativos a denuncias de tortura.

Hasta octubre del año pasado, 279 personas habían sido declaradas culpables en juicios ante tribunales ordinarios en relación con esos delitos, y 75 cumplían penas de prisión.

En mayo de 2014, 75 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, fueron condenados a entre 13 y 14 años de prisión en relación con la desaparición forzada, en 1974, del estudiante Jorge Grez Aburto.

Otros miembros de la DINA, entre ellos su ex director, Manuel Contreras Sepúlveda, fueron condenados el pasado octubre a 15 años de prisión por la desaparición forzada de Carlos Guerrero Gutiérrez y Claudio Guerrero Hernández, ocurrida en 1974 y 1975, respectivamente. Contreras murió enfrentándose a más de 500 años de cárcel por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet.

Y, el 16 de agosto, la Corte Suprema de Chile anunció el procesamiento de 15 miembros de la policía secreta de Pinochet por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria Espinoza, cometido en 1976. Esta resolución supuso un giro de 180 grados respecto a la decisión anterior de archivar el caso, ya que entraba dentro de los delitos protegidos por la Ley de Amnistía.

Por tanto, si la Ley no se utiliza, ¿por qué es importante su anulación?

Alegar que el debate en torno a la Ley de Amnistía es irrelevante porque la ley no se está utilizando es como decir que no es necesario que la tortura y las desapariciones forzadas sean prohibidas por ley.

Sabemos que la cuestión no es esa.

El hecho es que la Ley de Amnistía sigue vigente. Durante muchos años constituyó un vergonzoso muro tras el cual los torturadores y los asesinos podían ocultarse. Su existencia transmite el mensaje de que Chile aún no está dispuesto a romper del todo con sus años más sombríos y a luchar contra la impunidad.

Este arcaico decreto es un atroz recordatorio del trágico legado de Pinochet, un recordatorio que no tiene cabida en un país que proclama defender la justicia y los derechos humanos. Además, supone una afrenta a las víctimas que aún buscan desesperadas tanto respuestas como justicia.

Desde que la presidenta Bachelet reabrió la anulación de la Ley de Amnistía, se percibe un atisbo de esperanza de que aquella ley concebida únicamente para proteger a criminales quede definitivamente enterrada. Esto, unido a los progresos sobre otros anuncios importantes realizados por el gobierno de Bachelet, como la tipificación del delito de tortura en la legislación nacional, son pasos necesarios para alcanzar la justicia.

La declaración de nulidad de la Ley de Amnistía obligaría a Chile a enfrentarse cara a cara con su difícil pasado y, por fin, transmitir el mensaje de que los abusos cometidos durante la época de Pinochet no se volverán a tolerar.

* Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional @GuadaMarengo