La campaña en Argentina, pendiente de los jueces

Cualquier escándalo en el último momento puede alterar el resultado

Mauricio Macri, candidato a la presidencia, el 9 de agosto
Mauricio Macri, candidato a la presidencia, el 9 de agostoMaxi Failla (AP)

La campaña argentina entra en una fase decisiva y, según admiten fuentes cercanas a los distintos candidatos, mucho más embarrada. Los cuarteles generales de los aspirantes viven pendientes no solo de la economía, que puede alterar el resultado, sino también de la justicia. Daniel Scioli declaró voluntariamente para intentar frenar una causa por enriquecimiento ilícito, Mauricio Macri busca el sobreseimiento de otra por presunto espionaje y Cristina Fernández de Kirchner maniobra para frenar el escándalo Hotesur. Los jueces tienen así el poder de alterar la campaña y la presión es enorme.

El voto argentino es tan volátil y personalista, poco vinculado a unos partidos cada vez más débiles, que cualquier escándalo en el último momento puede alterar el resultado. Lo saben bien los candidatos. Todos se mueven, de una u otra manera, para evitar decisiones judiciales que puedan perjudicarles y para tratar de forzar otras que puedan beneficiarles. Se hace a través de lo que los argentinos llaman “operadores”, personas dedicadas a influir y presionar a la justicia.

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El caso de Daniel Scioli esta semana ha sido muy evidente. El gobernador de Buenos Aires y candidato del oficialismo para suceder a Kirchner estaba inquieto con una denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por un abogado especializado en denuncias de este tipo, algo habitual en Argentina. Temía que el caso estallara a pocos días de las elecciones. Así que se presentó voluntariamente ante el fiscal para explicarle que su fortuna es completamente legal y tratar de frenar el caso. Pocos días antes, Scioli, un hombre rico, había hecho pública una declaración de bienes limitada, que no incluye las propiedades a nombre de su esposa, y que valora su casa a las afueras de Buenos Aires en 200.000 dólares, el precio de un chalé normal en esa zona, cuando Scioli vive en una mansión de 800 metros cuadrados y dos hectáreas de terreno.

“Es una denuncia con claros fines políticos, lo más eficaz en esos casos es presentarse espontáneamente para que no se empiece a estirar un asunto que luego iba a quedar en nada”, explica Jorge Telerman, portavoz de Scioli. “Creemos que con esta declaración ante el fiscal todo quedará aclarado y así se acaba con una operación con clara intencionalidad política”, insiste.

Macri también ha intentado en varias ocasiones quitarse de encima una causa por supuesto espionaje a un ex cuñado suyo y a un representante de familiares de víctimas del atentado de la AMIA, el peor de la historia de Argentina. En julio la Cámara Federal rechazó de nuevo el sobreseimiento de Macri, principal candidato opositor.

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Uno de los jueces clave para mantener a Macri en la causa fue Eduardo Freiler, también responsable de otra decisión fundamental en esta batalla de fondo por controlar la justicia en plena campaña: la de apartar al juez Claudio Bonadío de la causa Hotesur, que afecta directamente a la familia de la presidenta. En medio de enormes presiones políticas, el propio Freiler va a ser denunciado por enriquecimiento ilícito después de que el diario La Nación publicara que compró una casa de 1.200 metros cuadrados valorada en 1,4 millones de dólares. Quedan menos de dos meses y se juega mucho poder, así que movimientos de este tipo empezarán a multiplicarse.

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