Los Estados minan el liderazgo de Bruselas frente al drama migratorio

La Unión Europea (UE) no quiere que su dinero se destine a levantar vallas anti-inmigración. "Sin embargo, los métodos para mantener la seguridad de las fronteras son competencia de cada Estado miembro". Son las últimas palabras del comisario de Inmigración de la UE, Dimitris Avramopoulus, que reflejan hasta dónde puede llegar el poder de Bruselas para enfrentar el mayor drama de personas desplazadas desde la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, la UE da y "seguirá dando" dinero mientras la tragedia perdure. Por el otro, las competencias del Ejecutivo comunitario tienen límites que los países no están dispuestos a entregar. “La inmigración no es un problema griego, ni alemán, ni italiano, ni húngaro, ni austriaco”, reiteró Avramopoulus el pasado 13 de agosto que insiste que se trata de un "problema Europeo".

107.500 personas —principalmente de Siria, Afganistán, Eritrea, Irak y Sudán del sur— han atravesado el Mediterráneo para alcanzar territorio europeo el pasado julio, según Frontex. Es el triple que en todo 2014. Hasta 30.000 personas, además, habrán perdido la vida en el intento, según los pronósticos de la Organización Internacional de la Migraciones (OIM). Ante esta tragedia sin precedentes, Bruselas reacciona tarde ante las miradas de agencias internacionales, ONG y los propios ciudadanos de la UE. El 38% de los europeos piensa que el de la inmigración es el principal reto comunitario, frente al 24% que lo pensaba en 2014.

La realidad es que Bruselas no tiene el poder de obligar a los Estados a que acojan refugiados, según Susan Fratzke, experta en el think tank Migration Policy Institution, con sede en Bruselas. Avramopous, no obstante, visitará junto al vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermens, Calais (Francia) el 31 de agosto y viajará también “durante los próximos días” la isla de Kos (Grecia), desbordada este verano por la masiva afluencia de Sirios que huyen de las atrocidades de una guerra que dura ya más de cuatro años. Forma parte de la “presión diplomática” que está al alcance del Gobierno de la UE pues, en última instancia, son los países los que se deben comprometer de manera firme a enfrentar el problema, según insiste la UE.

Es cierto que la Comisión anuncia medidas cuando las pérdidas son irreparables. Cuando 800 refugiados murieron durante un naufragio frente a las costas de Sicilia (Italia) el pasado abril, Bruselas anunció una estrategia completa y europea para mayo, un mes después. “En realidad la adelantamos. Estaba prevista para julio", indica la portavoz Natascha Bertaud.

Una estrategia que, a pesar de ser “completa", se estampa una y otra vez con unos límites que no puede ni controlar ni sobrepasar: los propios países. “Reclamo más solidaridad en cuanto a la política de inmigración. Me gusta ver a muchos líderes europeos en esta misma línea pero me pregunto si seguirán defendiendo las mismas ideas incluso cuando el tema deje de estar de actualidad”, resaltó el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en unas duras declaraciones en el Parlamento Europeo el pasado abril. Tres ejemplos: la valla que está construyendo Hungría en su frontera con Serbia, la valla que terminó Bulgaria hace unos meses para marcar la línea fronteriza con sus vecinos turcos y la valla de Melilla, cuya legalidad está constantemente en duda. 

El único mecanismo, pues, que Bruselas tiene a su disposición para presionar más a los Estados es abrir un procedimiento de infracción que pueda incluir multas, según Fratzke. La experta suaviza, sin embargo, que "Bruselas siempre preferirá trabajar con cada país antes de recurrir a este mecanismo". No obstante, el Gobierno comunitario admitió recientemente que existen 32 casos abiertos por el supuesto incumplimiento de las propuestas de Bruselas en materia de asilo, acogida, condiciones de recepción y de residencia de larga duración de aquellos que se han visto obligados a hacer de la UE su nuevo hogar. Bruselas ha declinado repetidas veces ofrecer detalles al respecto. España, por ejemplo, sí está bajo la lupa por no cumplir los procedimientos de asilo.

Bruselas clama a la solidaridad mientras desembolsa miles de millones de euros —hace dos semanas desbloqueó 2.400 millones de un total de 7.000 disponibles—que, en última instancia no podrá controlar, pues son los Estados los que deben “manejar y distribuir los fondos a las autoridades nacionales, regionales y locales”, según el Gobierno de la UE.

La solidaridad de los Estados se convirtió el pasado junio en una declaración de intenciones de los Estados miembro para acoger a un total de 40.000 refugiados demandantes de asilo —40.000 eritreos y sirios que hayan llegado a Italia y Grecia a partir de abril de 2015— y 20.000 refugiados que esperan el asilo europeo en un tercer país. “Debo admitir que hemos recibido más de 22.000 promesas de otorgar asilo por los Estados miembros, más de los 20.000 que pedía la Comisión”, señala Bertaud. De momento, y hasta que los Veintiocho acuerden en el Consejo que acatarán las propuestas de Bruselas, sólo son eso; promesas.