Tribuna
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No hay libertad de prensa sin transparencia

Las leyes de acceso no son suficientes, los periodistas juegan un papel clave para procesar y poner en valor toda la información

La promulgación, en Paraguay, de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, es una luz de esperanza en Latinoamérica para un mundo más libre y sin corrupción.

La corrupción es la invitada de lujo en la sociedad actual y se sienta en la mesa de huéspedes de igual forma con presidentes del gobierno, políticos y empresarios. La prensa, que no es invitada en esta cena especial, lucha por denunciar dicha corrupción, pero su labor se ve afectada cuando no tiene la posibilidad de acceder a las fuentes públicas de información.

El primer caso de una ley de transparencia data de 1766, cuando Suecia se convirtió en el primer país del mundo que reconoció y reguló con una ley específica el derecho fundamental de acceso a la información pública.

Pero el más significativo y conocido es el caso de Estados Unidos, que en 1966 aprobó el acta de la libertad de información (Freedom of Information Act). Esta ley fue la culminación de un proceso que se inició en 1946, con el acta de procesos administrativos, que trataba de aclarar y proteger para los ciudadanos el derecho a la información pública. Después, en 1976, se aprobó la Sunshine Act, que exigía que todas las reuniones de organismos gubernamentales fueran abiertas al público y la prensa. En el último año, el Departamento de Estado recibió nada menos que 18.670 solicitudes de información, que demuestra como el público pone en vigencia un derecho adquirido.

Las leyes de transparencia parten de la premisa que el dueño de la información pública no es el gobierno, sino el pueblo que elige a sus gobernantes

Esto demuestra la necesidad de las leyes de acceso y de transparencia, que parten de la premisa que el dueño de la información pública no es el gobierno, sino el pueblo que elige a sus gobernantes y le ordene que administre esta información. O sea los empleados públicos están obligados, como parte de sus funciones, a divulgar la información incluyendo informes de auditorías, contratos, viajes oficiales, estudios de impacto ambiental, tareas y salarios de los funcionarios públicos entre muchas otras informaciones de interés público.

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La lucha contra el enriquecimiento ilícito y el abuso de las franquicias oficiales, entre tantas denuncias de corrupción, tendrían un mejor resultado si hubieran leyes de acceso y transparencia que beneficiarían al pueblo y mejorarían la manoseada igualdad social.

Pero las leyes de transparencia en si mismas no son suficientes, la prensa debe jugar un papel clave para procesar e interpretar toda esta información y ponerla en valor para la opinión pública. De esta manera, la sociedad, podrá librar una batalla efectiva contra la corrupción.

Julio E. Muñoz es Profesor Visitante en el College of Law de American University, en Washington, DC

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