Guatemala paraliza el juicio contra Otto Pérez y archiva el expediente

El Congreso de Guatemala ha detenido este jueves el proceso legal para despojar de la inmunidad al presidente de su país, Otto Pérez Molina, acusado de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. En la primera sesión ordinaria tras el receso de verano, una alianza entre el gobernante Partido Patriota (PP) y el opositor Libertad Democrática Renovada (Lider) —cuya suma de escaños los convierte en mayoría en la Cámara— logró paralizar la medida y así evitar que el presidente sea destituido y sometido a los tribunales.

Los cargos que se le imputan derivan de su proximidad con funcionarios de alto nivel —personas de su máxima confianza nombrados directamente por él— ahora sujetos a los tribunales por actos de corrupción debidamente documentados por el Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Aforado por su investidura, Otto Pérez no puede ser juzgado sin que antes el Congreso lo despoje de su inmunidad, un proceso legal que en el país se conoce como antejuicio. De acuerdo con la ley: "Para declarar con lugar un antejuicio, es necesario el voto, en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados (105 de los 158 que conforman el Legislativo)". En la sesión de este miércoles, sólo 88 se pronunciaron en favor de que el mandatario fuera enjuiciado. En consecuencia, el expediente se archivará "en la dirección legislativa, a disposición del Congreso", lo que significa que el proceso podría reactivarse más adelante, como ya adelantó el diputado que acusa a Pérez Molina, Amílcar Pop: "Voy a buscar de nuevo los 105 votos necesarios", anunció al conocer el resultado de la votación.

Una encuesta publicada este lunes por el matutino Prensa Libre revela que el rechazo de la población hacia Otto Pérez alcanza el 88% de los consultados, lo que lo convierte en el mandatario más repudiado de la historia contemporánea. Supera incluso el rechazo del 86% que, siempre de acuerdo a los sondeos del citado diario, alcanzó Alfonso Portillo (2000-2004), hasta la ahora el peor calificado de la era democrática.

"Lo ocurrido en el Congreso, a tres semanas de las elecciones generales del 6 de septiembre, es un mensaje fatal. Desmotivador, en la medida en que refuerza la percepción generalizada de que en las elecciones sólo se elegirá a más de lo mismo", dijo a EL PAÍS el analista Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana. "Sin entender lo que ocurre, los diputados le han dado el tiro de gracia a las próximas elecciones", comentó.

"Así las cosas, el próximo gobierno, llegue quien llegue, enfrentará un Estado quebrado tanto financiera y moralmente. Solo un gobierno de unidad nacional podría salvar a Guatemala de la debacle. Pero todos sabemos que los partidos con más probabilidades de ganar no están en esa línea de pensamiento. Nos aproximamos a una crisis todavía más aguda", añadió.

La sesión del jueves también desnudó las intenciones de Lider —el partido con más posibilidades de ganar en septiembre— de deshacerse tanto de la CICIG como de limitar las funciones de la Fiscalía. Roberto Villate, jefe de ese grupo parlamentario, propuso reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía con un propósito: eliminar que esta pueda ser acompañada en sus investigaciones por entidades extranjeras o nacionales, en una nada velada alusión a la Cicig, cuyas últimas actuaciones tienen en la picota a cinco diputados de Lider y al mismo candidato a la Vicepresidencia por esa organización. Todos, acusados de actos de corrupción.