El ‘caso Petrobras’ alcanza la médula política de Brasil

En la creencia popular brasileña, agosto es un mes de mal augurio, y lo cierto es que no parece que vaya a ser de los mejores para la presidenta Dilma Rousseff: una rebelión en el Congreso, nuevas protestas previstas para el día 16 y dificultades para una economía que puede tener su peor resultado en 25 años. Esta semana, el escenario se agravó con la detención de José Dirceu, exministro de Lula da Silva y uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), acusado de ser uno de los líderes de la trama de corrupción en Petrobras.

A pesar de no existir ninguna vinculación directa con Rousseff, la detención de Dirceu solo ha echado más combustible al afán de la oposición por impugnar a la presidenta, que se reflejó en los mercados. El martes, por cuarto día consecutivo, el real cayó frente al dólar, llegando a los 3,49, cotización que los operadores atribuyeron en parte a las turbulencias políticas.

Rousseff reaccionó intentando desvincular a su Gobierno de la detención y enviando el mensaje de que intentará todo para blindar la economía. Sus ministros se turnaron en declaraciones ante la prensa para minimizar el efecto de tener al emblemático expresidente del PT entre rejas nuevamente. Hace tres años, Dirceu fue condenado en el caso Mensalão, una trama corrupta destinada a transferir dinero a parlamentarios que manchó la historia del PT. Ahora, los responsables de la megainvestigación de Petrobras, bautizada como Lava Jato [lavado de coches], lo acusan de haber mantenido y ampliado la misma estrategia en la empresa estatal.

"Necesitamos mantener dos canales paralelos: el primero son las investigaciones, que continúan. El otro es intentar mejorar el clima para estimular a los inversores y que la propia economía crezca", dijo el lunes Jacques Wagner, unos de los principales ministros del PT, actualmente responsable de Defensa.

El mensaje del ministro no es trivial. El Gobierno está preocupado por el impacto económico de la investigación. Hace una semana, el Ejecutivo estimó que el megaescándalo, que implica a las principales constructoras de Brasil y de América Latina, ya ha provocado un impacto negativo de un 1% del PIB este año (la previsión de caída global para 2015 es de un 1,49%). Además, la presidenta, con una valoración popular por debajo del 10%, enfrenta una marea de malas noticias, con una inflación fuera de control y baja confianza de los consumidores y el sector privado.

En el frente político, la principal batalla se juega en el Congreso. El presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, también investigado en la operación, ya había anunciado su ruptura con el Gobierno, a pesar de formar parte del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal aliado del PT. Cunha alertó de que hará difícil la vida de Rousseff este segundo semestre, en un momento en que la Cámara baja puede ser decisiva para un proceso de impeachment.

Ataque a Lula

"La detención de Dirceu ha sido la chispa. ¿Quién es realmente el objetivo en este momento? Para Cunha y para el ala aecista [de Aécio Neves, líder del PSDB], el objetivo es Rousseff. Para la mayor parte de la oposición, el objetivo es Lula, que es el hombre fuerte ante las elecciones de 2018 y que solo en este momento comienza a desmoronarse", explica el sociólogo y politólogo Rudá Ricci.

El desarrollo de esta crisis y las posibilidades de que Rousseff se mantenga en el poder dependen de un capítulo más de la investigación. En Brasilia se espera que en las próximas semanas Cunha sea formalmente denunciado por su presunta vinculación al escándalo. Si esto sucede, supondrá un nuevo giro en la trama, esta vez para alivio de la presidenta.