Un candidato camuflado

En estos días, la OEA elige a cuatro nuevos jueces para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lugar de tomar en cuenta la "ninguneada" opinión pública sobre la dilatada trayectoria de los candidatos, el proceso de nominación y elección de los candidatos se lleva a cabo secretamente. Apenas se conoce un informe reciente de un panel de expertos convocado por la Open Society Justice Initiative, dependiente de una organización internacional que financia organizaciones civiles liberales y progresistas. Su director y principal financista es George Soros. De allí que, en honor a la verdad, el panel convocado puede ser independiente de la OEA pero no de los intereses financieros globales.

El documento se ajusta a determinados criterios de evaluación de los candidatos. ¿Cuáles fueron las apreciaciones de este panel de expertos sobre el candidato argentino? Respecto del criterio de la "Autoridad moral", y sobre Eugenio Zaffaroni, el panel declara que "ha recibido el título de Doctor Honoris Causa en más de 30 universidades de la región y de Europa. (...) Más del 80 por ciento de los estudiantes de derecho de la Universidad de Buenos Aires votó a [su] favor".

Es extraño que en la evaluación de la autoridad moral, se destaquen los premios académicos y una votación estudiantil, mientras se omite que el juez juró por los estatutos de dos dictaduras, tuvo fallos reñidos con los derechos humanos y alquilaba doce apartamentos de su propiedad para el ejercicio de la prostitución. Sorprende, entonces, que el panel concluya sin más: "Todo esto da fe del respeto que ha ganado Zaffaroni a nivel internacional y nacional, y muestra su alto carácter moral". El Panel no probó —ni puede hacerlo— que Zaffaroni goce de una reputación moralmente intachable.

En cuanto a la "Competencia en el campo de los derechos humanos", quien ha seguido su controvertida trayectoria se interroga: ¿puede considerarse un defensor de los derechos humanos a quien reduce la condena al abusador de una menor, con el argumento de que con la luz apagada no sufrió daño psíquico? ¿A quién niega la figura del femicidio?

Se omite que el juez juró por los estatutos de dos dictaduras, tuvo fallos reñidos con los derechos humanos y alquilaba apartamentos para el ejercicio de la prostitución

El panel destaca el "historial de muchos años dedicados a la elaboración de las normas de derechos humanos en Argentina", desconociendo que Zaffaroni es el responsable de que la Argentina sea el único país de la OEA que carece de un régimen de responsabilidad penal juvenil —tal como lo dispone la Convención de los Derechos del Niño—, vacío legal en el que los jóvenes sobreviven en un limbo residual de un decreto de la Dictadura de 1976. Y en lo que toca a la elaboración de normativas, mejor arrojar a las aguas del olvido su proyecto de Código Penal, abucheado por la ciudadanía por la semi abolición de las penas de prisión para delitos gravísimos.

En los "Requisitos para la oficina judicial" se incurre en una falsedad cuando se sostiene que "reúne las condiciones para ejercer las funciones judiciales superiores bajo la ley de la Argentina", puesto que el art. 4 del Estatuto estipula que el candidato debe cumplir las mismas condiciones exigidas por la Ley del Estado que lo postula. Y a Zaffaroni se lo impide su edad: según la ley argentina, un juez debe abandonar su cargo al cumplir 75 años.

A juicio del panel, "nada en su historial muestra que el juez Zaffaroni no ha sido independiente o imparcial en sus acciones". Incurriendo en una nueva falsedad, el panel omite tres cargos políticos partidarios relevantes: fue Constituyente, Legislador e Interventor. Y su incondicional sumisión al oficialismo condujo a que sólo estuviera presente en las votaciones de la Corte cuando su alineamiento con el gobierno lo requería.

Sorprende que un panel de expertos, presuntamente independiente, destinado a mejorar "la visibilidad, transparencia, consistencia y legitimidad de las elecciones", sólo evalúe a los candidatos leyendo los antecedentes remitidos por ellos mismos, sus propios resúmenes biográficos y sus datos personales, admitiendo incluso que prescindió de "informes de prensa o información de segunda mano". Simplemente confían en la palabra de los candidatos.

¿Puede confiarse en las conclusiones de este panel basadas en la palabra –interesada- de los candidatos tras contrastarlas con la realidad? ¿Acaso prescindir de la prensa no es una maniobra ideologizada que privilegia los personalismos en detrimento de la voz de la sociedad civil representada por la prensa libre?

Pese a tan elevados objetivos para quien supo conseguir los pergaminos y miserias de público conocimiento, el enigma es: ¿por qué se ocultan los antecedentes extra académicos del candidato? ¿A qué intereses locales beneficia? Los gobiernos nacionales intentan socavar el poder de la Corte Interamericana enviando candidatos adictos que someterán a la Corte a los gobiernos que se están perpetuando en el poder en Latinoamérica, invalidando los propios principios del organismo.

A quienes perjudica, muy claro está: a los ciudadanos doblemente desprotegidos: por sus propios gobiernos y por la OEA, cuyo sentido fundacional es, precisamente, custodiar los abusos de los Estados nacionales.

Diana Cohen Agrest es Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ensayista. Es miembro del "Foro Usina de Justicia", organización dedicada a la promoción de políticas públicas contra la impunidad.