Un camino que no empieza de cero

En Colombia ya se han hecho numerosos aportes para esclarecer la verdad del conflicto que seguramente servirán de punto de partida, o por lo menos de insumo a la nueva Comisión anunciada este jueves en La Habana por el Gobierno y las FARC. Hay ejemplos de gran peso como la comisión que creó el Gobierno a finales de los años 50, o la que se instauró en el marco de los procesos de paz con las guerrillas a principios de los 90, y una más para esclarecer lo que ocurrió en 1985 durante la toma del Palacio de Justicia por guerrilleros del M-19.

El esfuerzo más reciente es el informe Basta Ya, que elaboró durante seis años el Centro Nacional de Memoria Histórica, una entidad del Gobierno que en 2013, cuando ya estaba en curso el proceso de paz con las FARC, reveló que el conflicto armado había dejado cerca de 220.000 muertos desde 1958. “No era exactamente una comisión de la verdad, pero sí un esfuerzo oficial de presentar al país un relato del conflicto”, explica María Camila Moreno, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, ICTJ.

A esto se suma, el informe que presentó hace tres meses la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en el marco de las negociaciones de La Habana, integrado por 14 académicos, la mitad elegidos por el Gobierno y la otra mitad por las FARC. Es un documento extenso, con 14 interpretaciones sobre las causas que originaron el conflicto, en las que hay más desacuerdos que consensos.

La sociedad civil a lo largo y ancho del país también ha trabajado para construir la memoria de lo que dejado su paso la guerra. Uno de los casos más emblemáticos es el informe que presentó la Ruta Pacífica por las Mujeres, un colectivo que reunió testimonios de cerca de mil mujeres víctimas del conflicto armado. “Todo esto demuestra que hemos estado caminando hace mucho tiempo hacia la verdad, pero seguimos con tareas pendientes en temas como la desaparición forzada, las responsabilidades políticas e institucionales, o el reconocimiento de la verdad que se ha construido hasta ahora”, dice Moreno. También pasa, como es el caso del fenómeno paramilitar, que muchas de las verdades reveladas en juicios no se han divulgado lo suficiente. Para la directora del ICTJ, la nueva Comisión de la Verdad debería dedicarse a construir “una narrativa que incluya los temas pendientes y los reconocimientos pendientes”.

Son varias las lecciones que para Colombia dejan otras comisiones de la verdad que se han dado en países con conflictos internos como Sudáfrica, Irlanda del Norte, Guatemala, Perú y El Salvador. Incluso, uno de los esfuerzos que ha hecho la mesa de negociación en Cuba es analizar esas experiencias. Sin embargo, los analistas coinciden en que no existe un formato que se pueda replicar y que esas experiencias no son repetibles. “Somos nosotros los que tenemos que definir nuestro propio modelo de comisión de la verdad”, agrega Moreno.

Perú, por ejemplo, creó en 2001 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se dedicó a esclarecer los hechos y las responsabilidades de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron entre 1980 y 2000, los cuales cometieron grupos guerrilleros y agentes del Estado. Esta comisión entregó su informe tras 16 meses de trabajo, no tenía facultades judiciales, buscó determinar el impacto de la violencia en la población y determinó que hubo cerca de 70.000 víctimas mortales.

En el caso de Guatemala, en 1994 se creó la Comisión de Esclarecimiento Histórico y culminó su trabajo en 1999. Aunque no fue concebida como un organismo de carácter judicial, la información que recolectó sí podía ser utilizada para iniciar procesos judiciales. Esta comisión recogió más de 7.000 testimonios y dejó en evidencia el Estado fue el responsable de cerca del 93% de las violaciones a los derechos humanos.