Tsipras urge a sus negociadores a cerrar los temas pendientes con la UE

Casi 3.000 funcionarios menos que en diciembre, 880 millones menos de lo previsto en ingresos, leyes que tardan días en votarse y, cuando se aprueban, lo hacen a trompicones, como la que este lunes consagró a la nueva dirección de la renovada televisión pública. Las dificultades de Alexis Tsipras al frente del Gobierno griego quedan de manifiesto a diario, por la acuciante falta de liquidez —es una incógnita si se podrán devolver al FMI 300 millones el día 5, el primer desembolso de junio a la entidad— y por un acuerdo con los socios para desbloquear el último tramo del rescate que no acaba de llegar.

En un golpe de timón para acelerar el pacto, el primer ministro convocó este martes una reunión de emergencia del equipo negociador, al que según fuentes cercanas al proceso habría urgido a cerrar todos los capítulos pendientes, que son muchos —y cuatro especialmente peliagudos, las líneas rojas: aumento del IVA, reforma de las pensiones y del mercado laboral y el objetivo de superávit primario—. Sobre la mesa de negociaciones, Tsipras siente el aliento en la nuca de la facción más radical de Syriza, que demanda una ruptura con los acreedores y, eventualmente, una salida del euro, y cuya correlación de fuerzas con la mayoría liderada por el primer ministro no es pequeña: la propuesta de confrontación obtuvo 75 votos en la reunión del comité central del partido este fin de semana, frente a los 95 de la mayoría negociadora de Tsipras.

Pero, además del fantasma del Grexit, está en juego, sobre todo, una inyección vital de liquidez (7.200 millones del segundo rescate) para las arcas griegas, de la que depende el cumplimiento de las obligaciones con el Fondo (debe devolverle un total de 1.600 millones en junio), y los pagos a pensionistas y funcionarios; es decir, el propio funcionamiento del Estado. Por eso el Gobierno, y Syriza, se han formulado estos días una dicotomía extrema: el FMI o las pensiones, un planteamiento que un cargo regional electo del partido, amparado en el anonimato, apuntaba este martes que podría constituir una baza más en la negociación que una disyuntiva real.

La versión de este martes al respecto era más conciliadora (habrá para todos, vino a decir el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis; para el FMI y para pensionistas y funcionarios), señal para unos de que el acuerdo es inminente y, para otros más, de las contradicciones en que incurre el Gabinete, de esa cacofonía que tiene bastante confusos —y hartos— a los socios. Baste un solo ejemplo: la propuesta de gravar la retirada de efectivo de los cajeros formulada este martes por Varoufakis para incentivar el uso de tarjetas (y controlar el fraude) fue desmentida por Tsipras horas después.

El teórico —y presunto— alivio de poder pagar tanto al FMI como las pensiones no ha servido para acallar los rumores de un probable corralito este fin de semana, de tres días (el lunes es festivo), o la inquietud de algunos turoperadores, que ya instrumentan una inédita cláusula de insolvencia en sus contratos. “¿Corralito? ¡Pero si ya no hay nada que llevarse!”, clama el empresario Yanis Papás, dueño de varios locales de restauración en Atenas. “Por eso no existe sensación de pánico o abismo, porque la gente como mucho tiene 1.000 o 2.000 euros en la cuenta. Los que tenían dinero ya se lo han llevado”, cuenta, en referencia a los casi 30.000 millones que han salido del país desde diciembre. Algunos optan por una vía intermedia, como varias empresas, entre ellas cadenas de supermercados, que transfieren a diario sus ingresos a Bulgaria, para reexpedirlos de vuelta al día siguiente, y sucesivamente. Planes de contingencia para el temido Grexit.

Para evitar la insolvencia, el Gobierno prevé centralizar todos los fondos de reserva de empresas públicas (salvo las cajas de pensiones), entidades locales e incluso embajadas, que la semana pasada recibieron la orden de transferir todo el dinero disponible al banco central; en total, 1.039 cuentas de titularidad pública que deben haber sido remitidas antes del próximo 5 de junio. De los 542 alcaldes del país, sólo dos se han negado a hacerlo, y uno de ellos, Yorgos Kaminis, regidor de Atenas, incluso formuló una queja por la supuesta inconstitucionalidad de la medida, que podría paralizar el funcionamiento de la ciudad —muy castigada por la crisis, pero en pie— y todos sus programas sociales.

Dos miembros del equipo negociador contactados este martes por este diario declinaron hacer comentarios —una consejera explicó: “No se harán declaraciones por estar en la fase final, y hasta que no esté cerrado el acuerdo”—, mientras este miércoles está previsto que empiecen a pagarse las pensiones y los salarios públicos de mayo. “Todas esas declaraciones hacen mucho ruido, el mismo Varoufakis dice una cosa y la contraria… Es un juego muy peligroso para todos”, considera Nikos Konstandaras, director de la versión inglesa del diario conservador Kathimerini. “Con las actuales cartas sobre la mesa, me parece imposible que se llegue a un acuerdo. Las dos partes, Grecia y los acreedores, apenas si se han acercado, y en el seno de Syriza hay una amplia brecha que no ha podido cerrarse. No lo veo nada fácil, aunque espero que pueda firmarse. Los ingresos han caído y el Estado funciona con muchos problemas, debe dinero a proveedores… Los problemas son aún mayores que en diciembre, y eso no tiene que ver con las instituciones”.