Una oposición estatista en Argentina

La renacionalización de los ferrocarriles en Argentina siguió un patrón que, con algunas excepciones, ha sido una constante en la era Kirchner: el apoyo de la oposición a buena parte de la agenda estatista de Casa Rosada. Este panorama debería atemperar las expectativas de que un nuevo gobierno cambie de manera sustancial las políticas económicas implementadas en ese país en la última década.

Con 223 votos a favor y apenas 5 en contra, la Cámara de Diputados votó el proyecto de re-estatización del servicio ferroviario. A favor de la medida estuvieron, además del oficialismo, los opositores de la Unión Cívica Radical (centro), PRO (centroderecha), Frente Renovador (peronismo disidente), Coalición Cívica (centroizquierda) y los socialistas. Para ser justos, PRO justificó su voto señalando cambios que permitirían eventualmente más competencia y participación privada. Aún así, la medida denostó un alto consenso de la clase política argentina.

No es la primera vez. Otros proyectos importantes que aumentaron la participación del Estado en la economía han contado con la venia directa o implícita de un sector nada despreciable de la oposición.

Un ejemplo fue la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Argentinos (YPF) que pertenecían a la española Repsol. Esto no solo marcó la estatización de la compañía petrolera más grande del país, sino que representó la radicalización del modelo económico populista de los gobiernos kirchneristas. En la Cámara de Diputados el proyecto recibió 208 votos a favor y 32 en contra. En el Senado, la votación fue de 63 votos positivos y únicamente 3 negativos. Gil Lavedra, entonces líder del bloque de diputados de la UCR, justificó su apoyo a devolver YPF a control estatal diciendo, “Nosotros la creamos, la defendimos y pensamos que es una empresa estratégica para el país”.

Más resistencia enfrentó en el 2008 el proyecto para nacionalizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), mediante el cual el Estado se adueñó de US$29.300 millones en ahorros previsionales de 9,5 millones de trabajadores argentinos. Esta medida constituyó el robo legalizado de mayor envergadura en Argentina desde el corralito del 2001.

La ley también le garantizó al gobierno ingresos adicionales por US$5.000 millones anuales en cotizaciones y un ahorro de US$3.500 millones que el Estado dejó de pagarles a las AFJP por concepto de capital e intereses por los bonos públicos que tenían en sus carteras. Además, ya que las administradoras eran dueñas de acciones en una multitud de empresas, la Casa Rosada utilizó la nacionalización para nombrar representantes del gobierno en las juntas directivas de estas compañías, incluyendo Grupo Clarín, cuyo periódico es uno de los principales críticos de la presidenta Fernández de Kirchner.

La complicidad de la oposición hacia la agenda estatista de los Kirchner revela que probablemente no haya un giro radical en las políticas económicas

Para ese entonces el oficialismo contaba con mayoría en ambas Cámaras del Congreso, por lo que no necesitó del apoyo de la oposición para aprobar el proyecto. Las bancadas de la UCR, PRO y peronistas disidentes votaron en contra. Sin embargo, los presidenciables opositores Mauricio Macri (PRO) y Sergio Massa (Frente Renovador) han manifestado que de llegar al poder mantendrían la estatización de las AFJP.

La nacionalización de Aerolíneas Argentinas en el 2008 también recibió el voto negativo de PRO, Coalición Cívica y la UCR, pero en el caso de estos dos últimos, su oposición radicó más en el hecho de que el gobierno asumiera los pasivos de la compañía, valorados en US$890 millones. Estos partidos proponían, en cambio, que el Estado se hiciera de Aerolíneas mediante la creación de una nueva empresa estatal.

La manera poco transparente y no competitiva en que se realizaron muchas de las privatizaciones en la década de los noventa ha servido a los gobiernos K como justificante para su programa de renacionalizaciones. Pero la oposición, en lugar de proponer más competencia en los mercados o eliminar aquellas distorsiones regulatorias que afectan la calidad de los servicios privatizados –como los controles tarifarios–, más bien comparte en gran medida la visión kirchnerista de que el Estado debe retomar el control de estas empresas.

No todo es negativo. Macri, en particular, ha sido el candidato que ha enviado más señales de cambio en materia económica. Por ejemplo, prometió eliminar el “cepo cambiario” y dejar flotar el tipo de cambio el mismo día que asumiera el poder. Sin duda, esto enviaría una señal contundente de que Argentina busca poner orden en su política monetaria. Curiosamente, por estas declaraciones el bando de Massa acusó a Macri de querer un “ajuste sangriento”.

Sin duda, la salida del poder del kirchnerismo trae aparejada la esperanza de que un nuevo gobierno sea más respetuoso del Estado de Derecho y la libertad econonómica. No obstante, la complicidad que en gran medida ha mostrado la oposición hacia la agenda estatista de los Kirchner revela que probablemente no haya un giro radical –y necesario– en las políticas económicas de Argentina.

Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas sobre América Latina en el Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Cato Institute en Washington, DC. Twitter: @jchidalgo.