Un juez estadounidense ratifica la protección legal de Michael Townley

“No podemos obligar a Michael Townley a pagar”, falló el juez estadounidense John Bates este mes. Ni siquiera 75 dólares por semana. La familia del exdiplomático español Carmelo Soria ha buscado en vano que el exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia chilena —testigo protegido en Estados Unidos— pague siete millones de dólares como indemnización por tortura y muerte de Soria, mientras en Chile y España los tribunales aún debaten el caso.

En una sentencia de 13 páginas a la que ha tenido acceso este periódico, el juez de distrito John Bates reconoció que su veredicto “no ayuda en nada” a Laura González-Vera, viuda de Soria, a pesar de que los tribunales habían determinado con anterioridad que Townley debía pagar el dinero.

Townley, de nacionalidad estadounidense, fue agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, y habría participado en el secuestro y asesinato del diplomático español en 1976. Desde hace más de 30 años, vive en Estados Unidos bajo el programa de testigos protegidos administrado por el Gobierno federal. Antes había pasado cinco años en la cárcel por el asesinato del embajador chileno en Estados Unidos, Orlando Letelier.

El hecho de que esté inscrito en el programa de protección de testigos bloquea la información sobre su paradero, posición financiera, actividades..., y por lo tanto limita la capacidad de los abogados para forzar el pago. Aunque la familia ha demandado al Gobierno de EE UU para que entregue datos sobre el exagente, hasta ahora la Oficina del Fiscal General ha insistido en que hacerlo pone en riesgo la vida del testigo.

En 2005 los tribunales determinaron que Tonwley debía pagar a González-Vera, pero él se negó. Después de una batalla legal que duró al menos cinco años entregó el primer pago. Pero dejó de hacerlo desde junio de 2013 a enero de 2014.

La viuda de Soria volvió a demandarle, pero ahora el juez Bates ha respaldado la posición del Gobierno estadounidense: “La Ley de Reforma sobre Seguridad para Testigos no autoriza a los tribunales a interpretar las actividades del fiscal general en relación a una persona protegida”. “Resulta peligroso difundir la identidad y ubicación de un testigo protegido, incluso a un guardián”, explicó el magistrado.

Ali Beydoun, el abogado en Estados Unidos de la familia del diplomático español fallecido, aseguró que insistirán en que se haga justicia: “Cada vez que hemos ido al tribunal o enviado cartas al Departamento de Justicia nos dicen que el riesgo de seguridad es muy alto. Pero continuaremos pidiéndole a la agencia que considere la injusticia que prevalece en esta situación. No se trata del dinero, sino de que Townley esté en libertad”,

Carmelo Soria era jefe editorial en la sede de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en Santiago de Chile y militaba en el Partido Comunista de España (PCE). En 1976 fue secuestrado en la calle por militares vestidos de carabineros. Su cadáver fue hallado dos días después, con señales de tortura.

Desde principios de los años noventa, su familia ha intentado en vano llevar a los responsables del crimen a la cárcel, topándose con barreras como la ley de amnistía chilena o la condición de testigos protegidos.

En 2002, el Gobierno de Chile acordó una indemnización de 1,5 millones de dólares para la familia, después de que esta demandara al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ratificación del Congreso tardó cinco años en concretarse. En 2013 el juez chileno Lamberto Cisternas ordenó reabrir el caso por el asesinato de Soria, pero el nombre de Townley fue el gran ausente entre los acusados. “En Chile no se está considerando a Townley. No sabemos por qué y esperamos que introduzcan una enmienda para cambiar esto”, afirma Beydoun.

Mientras tanto, en España, la Audiencia Nacional procesó a varios agentes por el asesinato de Soria y alegó que la persecución de estos delitos en Chile no había sido efectiva. Los agentes fueron imputados de los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal.

España pidió a Chile la extradición de José Ríos San Martin; Jaime Lepe Orellana; Pablo Belmar Labbé; Guillermo Salinas Torres; René Quilhot Palma y Manuel Contreras Sepúlveda, exdirector de la DINA, pero la justicia chilena negó la petición porque el caso estaba siendo investigado a en su país. En 2014 la Audiencia Nacional española pidió sin éxito a Estados Unidos la extradición de Townley.

El próximo 7 de abril el Tribunal Supremo español decidirá si archiva o no los casos vinculados con “la justicia universal”, es decir, la capacidad de los jueces españoles para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, entre los que figura el caso del diplomático Carlos Soria. La reforma legal promulgada en España el año pasado por el Gobierno del presidente Mariano Rajoy limitó el alcance de la justicia universal. El Supremo deberá deliberar si los tribunales españoles son competentes para investigar estos casos.