La historia de la DINA es la de Pinochet

El general Augusto Pinochet, presidente de Chile por voluntad de las Fuerzas Armadas y aficionado a los juegos de palabras, ha disuelto la Dirección de Inteligencia Nacional y ha creado en su lugar la Central Nacional de Inteligencia. Como la inteligencia da para todo, no está de más aclarar que en este caso se trataba de utilizar esa cualidad de la mente humana para dirigir la represión con meticulosidad y eficacia. Por eso, con toda justicia, el organismo ingresó a la enciclopedia del espanto y basta con mencionar sus siglas para evocar un mundo de tragedias: DINA. Falta saber si la nueva CNI tratará de emular a su difunto pariente.El general Pinochet, como para que no se piense en algún tipo de reblandecimiento, ha aclarado que la DINA se disuelve porque «ha cumplido las funciones que le fueron encomendadas». Político al fin, dijo que el nuevo organismo policial sólo recogerá informaciones y no podrá detener ciudadanos.

Los observadores prefieren señalar dos hechos. Primero, que estos anuncios coinciden con la visita a Chile del señor Terence Todman, ayudante del secretario de Estado norteamericano para Asuntos Latinoamericanos. En segundo término, informan que los mismos agentes de la DINA integrarán la CNI. Sensible y solidaria con sus funcionarios, si esto es cierto, la Junta Militar dirá que ha querido evitarles el paro. Para demostrar esta sensibilidad, bastaban algunos relatos que transcribimos a continuación. Son tan sólo una parte de la historia de la DINA, que es la historia de la Junta Militar, ya que, según lo expresa textualmente el decreto de su creación, es un organismo militar que depende directamente de la Junta de Gobierno.

Desaparecidos que no aparecen

Fracasadas las gestiones para ubicar a las personas desaparecidas en Chile, sus familiares han resuelto apelar a la máxima instancia: el presidente Pinochet. «Hemos decidido dirigirnos a vuestra excelencia para tratar un problema que nos afecta de manera directa y cruel: nos referimos a la situación de nuestros parientes y cientos de chilenos que después de haber sido detenidos por funcionarios de la DINA o de otros organismos de seguridad pertenecientes a las Fuerzas Armadas, han desaparecido sin dejar rastros de sí.»

La DINA sabe cómo hacer para que la gente desaparezca, pero no cómo devolverlas a la vida cotidiana. Al tratarse precisamente de eso, los familiares denuncian una situación que a todas luces resulta planificada y programada en etapas. «La desaparición de personas es un fenómeno que se ha venido produciendo sistemáticamente desde el 11 de septiembre de 1973 (fecha del golpe militar). En una primera etapa afectaron fundamentalmente a los sectores campesinos y urbanos que directa o indirectamente habían tenido participación en el Gobierno anterior. Más adelante, durante 1974 y en los meses de enero y febrero de 1975, desaparecen gran número de militantes y dirigentes del ex Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), acentuándose en los meses de junio, julio, noviembre y diciembre. En esos mismos meses también desaparecen miembros del ex Partido Comunista, recrudeciendo esta acción contra sus más destacados dirigentes en los meses de mayo y agosto. En 1977 varias personas, todas vinculadas de alguna manera a esos partidos políticos, continúan desapareciendo.»

El mismo documento que transcribimos analiza las distintas modalidades operativas que se han sucedido desde el golpe militar. «Primero, los arrestos fueron practicados por personal de las Fuerzas Armadas (FFAA) o por miembros de los servicios de inteligencia de las mismas. Cuando en 1974 se organiza la DINA, sus funcionarios toman a su cargo la mayor parte de las detenciones. En esta etapa, el fenómeno de los arrestos y desapariciones se vuelve más selectivo, aunque con caracteres que permiten rastrear testigos presenciales de los allanamientos y arrestos. En una última fase, prácticamente todas las detenciones se efectúan en la vía pública, procurándose que la acción sea tan rápida y sorpresiva que no deje rastros ni testigos de los hechos.» Conclusión: «Hemos registrado más de quinientos casos de familiares que han desaparecido, y podemos afirmar a vuestra excelencia que ninguno ha sido encontrado hasta hoy. »

La lista de los desaparecidos demuestra que los servicios de inteligencia de las FFAA, y particularmente la DINA, han actuado sobre las personas que profesaban principios contrarios a los que el Gobierno sustenta. «Estamos ante un proceso que técnicamente se define como genocidio político. Su objetivo es eliminar físicamente y en forma masiva a quienes podrían tener potencialmente la calidad de opositores al Gobierno», denuncian los familiares.

Sin defensa posible

Para responder a distintas presiones que la Junta Militar sufrió a partir de su acceso al Gobierno, anunció distintas investigaciones que el mismo documento se encarga de recordarle.

«El 20 de agosto de 1975 vuestra excelencia anunció que se realizarla una investigación respecto del caso de 119 personas que habrían muerto en enfrentamientos ocurridos en diversos países de América Latina o en encuentros con las fuerzas policiales en la provincia argentina de Salta. A dos años del anuncio no se ha conocido el resultado de la investigación. En 1976 se informó de las seguridades que vuestra excelencia dio al señor Hayts, director de la Cruz Roja Internacional, de investigar lo ocurrido en relación a, aproximadamente, mil casos de desaparecidos. Sin embargo, aún no se conocen los resultados. Recientemente, al terminar la huelga de hambre que un grupo de familiares inició en la sede de la UNESCO en Santiago de Chile, el delegado alterno de Chile ante las Naciones Unidas se comprometió, en nombre del Gobierno, a proporcionar información sobre los 36 casos que habían denunciado dichos familiares.»

En el mes de junio, veintiséis mujeres ocuparon la sede mencionada, y el 23 terminaron la huelga, después de haber obtenido el compromiso de la Junta Militar ante ese organismo internacional. Aun cuando cada caso es doloroso, algunos resultan alucinantes. Por ejemplo, el de Carmen Vizcaíno Vega, a quien le han desaparecido el marido, un hijo, una hermana, una cuñada y un sobrino. Otro caso: desapareció un matrimonio y el pequeño hijo de ambos fue depositado en la puerta de la casa del abuelo paterno; poco después también desaparecieron el abuelo y otro hijo, todos ellos miembros del PC, y en el caso del abuelo, antiguo dirigente ferroviario. Como para demostrar que aquello es la tierra, de nadie, la Corte de Apelaciones ordenó a la DINA que «haga aparecer» a Carlos Contreras Meluje... Sigue desaparecido.

La Junta Militar ha puesto en práctica todo tipo de recursos desde que comenzaron las presiones internacionales. Suprimieron, según informan, campos de concentración como Tres Alamos y Puchuncavi, pero un informe de Amnesty International dique hay numerosos detenidos en prisiones provinciales, varios cientos esperando juicio o cumpliendo sentencias y quizá 1.500 o más «prisioneros desaparecidos». Por su parte, la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago denunció y apeló ante la Corte Suprema por numerosos casos de desaparecidos reiteradamente, sin obtener nunca respuestas satisfactorias. Cuando el Gobierno de Chile se defendió ante las Naciones Unidas diciendo que muchas de las personas desaparecidas «no han existido» o «han fallecido», la Vicaría publicó una nómina y documentos oficiales diversos donde se reconoce la existencia de los ciudadanos «inexistentes» o la permanencia como detenidos de los «fallecidos».

Difícilmente el general Pinochet podría haber conducido un país hacia la malnutrición, el hambre, la inflación y el desempleo, como tampoco ahogar la fuerte tradición democrática chilena, sin este baño de sangre e incertidumbre.

Por eso la existencia de la DINA y organismos similares; por eso el toque de queda y el estado de sitio aún vigente, a casi cuatro años del golpe.

Enfundado en su severo traje militar y detrás de las gafas oscuras, con total conocimiento de causa, Pinochet puede decir que la DINA «ha cumplido las funciones que le fueron encomendadas». Pero en la medida en que la crisis es aguda y la oposición continúa, la Junta Militar chilena no puede dejar de ser dictatorial para seguir al frente del país.