Los rectores ven “riesgo” para las prácticas formativas si las empresas no se implican en el estatuto del becario

El Consejo de Ministros de este martes aprobará el anteproyecto de ley del estatuto del becario, una norma que busca limitar las prácticas extracurriculares (las que más precariedad generan) y compensar los gastos de transporte o alimentación de los estudiantes en prácticas que no tienen una nómina. Después de que este periódico adelantase la noticia, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha valorado positivamente esa compensación de gastos, pero a la vez expresa “preocupación” ante la posibilidad de que empresas y entidades que acogen a los estudiantes no abonen esas cantidades y que las mismas acaben repercutiendo en las maltrechas cuentas universitarias.

“No podemos obviar la preocupación por la viabilidad económica de estas medidas si no se garantiza de manera efectiva la corresponsabilidad de todos los agentes implicados”, señala la presidenta de la CRUE y rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón, en declaraciones remitidas por su departamento. Alcón se refiere a lo que ha sucedido con las cuotas a la Seguridad Social, un nuevo derecho de los estudiantes no remunerados y que están abonando las universidades, pese a que la idea original es que este desembolso fuera asumido por empresas e instituciones públicas.

Es un coste ínfimo, de un máximo de 10 euros por estudiante al mes (al estar bonificado al 95% por la Seguridad Social), pero la mayoría de receptores públicos y privados están evitando estos gastos. “La experiencia con las cuotas de la Seguridad Social asumidas por las universidades sin corresponderles directamente nos obliga a ser prudentes. Resulta imprescindible un compromiso firme del sector empresarial y de las Administraciones públicas”, agrega Alcón.

“De lo contrario”, continúa la presidenta de los rectores, “se corre el riesgo de comprometer la continuidad de un modelo de prácticas formativas que ha demostrado ser esencial y exitoso para la formación del estudiantado en España”. A diferencia de lo que sucedía con la normativa de la cotización, el anteproyecto del estatuto del becario no especifica que el coste de la compensación de gastos recaerá en las universidades si la empresa pública o privada se niega.

El estatuto establece el derecho del estudiante a la compensación de gastos, “por parte de la empresa o entidad en la que se desarrollen las actividades formativas, en los términos previstos en el correspondiente convenio o acuerdo de cooperación, por una cuantía mínima suficiente para compensar todos aquellos en los que la persona en formación práctica en la empresa incurra como consecuencia de esta, tales como gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención”.

A la vez, la CRUE expresa su “apoyo de manera clara” ante “cualquier avance normativo que refuerce la protección de los derechos del estudiantado”. Los rectores dicen valorar positivamente el derecho a la compensación de gastos, la posibilidad de interrumpir las prácticas por enfermedad o cuidados sin que ello afecte a la evaluación, o el acceso a los mismos servicios que el personal de la empresa. “Son avances significativos que responden a demandas legítimas y que, como universidades, compartimos y respaldamos”, añaden.

Los estudiantes piden ser escuchados

Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) denuncia que el estatuto del becario “es un texto negociado exclusivamente con los sindicatos, en el que en ningún momento se ha incluido a la comunidad educativa”. “El anuncio de su aprobación en el Consejo de Ministros vuelve a demostrarlo: no hemos recibido ninguna comunicación por parte del ministerio”, critica la organización estudiantil en un comunicado remitido a este periódico.

CREUP cree que excluirles “provocó que los borradores anteriores presentaran importantes deficiencias técnicas y políticas, y todo apunta a que se repite el mismo error”. La Coordinadora pide al ministerio que rectifique y abra un proceso “real” de participación con la comunidad educativa. “Si de verdad se quiere combatir la precariedad en las prácticas, el primer paso es escuchar a quienes la sufren”, finalizan.

El estatuto volverá al Consejo de Ministros en segunda lectura en unos meses, antes de ser enviado al Congreso, donde se enfrentará a un trámite parlamentario complicadísimo. Varios socios habituales del Ejecutivo ya expresaron sus dudas respecto a este proyecto cuando fue presentado el acuerdo con los sindicatos, en junio de 2023. Ahora se suma la necesidad de que lo apoye Junts, que la semana pasada dio por roto el acuerdo de investidura.