El ‘ombudsman’ mexicano exige legislar las desapariciones forzadas

Las masacres de Iguala y Tlatlaya han marcado un cambio en la atención de los derechos humanos en México durante 2014. Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha pedido este miércoles al presidente, Enrique Peña Nieto, que actúe rápidamente para concretar la legislación sobre desapariciones forzadas y tortura. El defensor del pueblo ha presentado en la residencia presidencial de Los Pinos el informe anual de la comisión. González llegó hace cuatro meses al despacho, en el momento más crítico de la peor crisis de derechos humanos de los últimos 20 años, tras la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el Estado de Guerrero.

El defensor de derechos humanos explicó que además de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en México es necesario instalar un sistema de búsqueda de personas no localizadas, así como un sistema nacional de información genética. “La violencia de los últimos años ha ocasionado la desaparición de personas, las cuales no se han contado, identificado y, en consecuencia, buscado efectivamente”, ha mencionado González frente a Peña Nieto. El defensor del pueblo respaldó su diagnóstico con los casos de Iguala, Tlatlaya y Chalchihuapan, en los que las autoridades mexicanas fueron el foco de la desconfianza entre los ciudadanos.

González insistió en que la masacre de Ayotzinapa —ocurrida el 26 de septiembre, en la que desaparecieron 43 estudiantes normalistas que fueron entregados por la policía municipal a un grupo del crimen organizado— plantea un nuevo paradigma para atender las violaciones de derechos humanos.“Iguala es un asunto no cerrado, en el que hay que buscar la verdad. Lograr que los derechos de las víctimas sean reparados, que todos los responsables sean sancionados y evitar a toda costa su repetición”, ha señalado.

En 2014, la CNDH atendió también la masacre de Tlatlaya en el que un grupo de militares mataron a quemarropa a 22 supuestos narcotraficantes en el Estado de México en junio de 2014. Así como el caso Chalchihuapan, en julio de 2014, donde policías intervinieron en una protesta disparando proyectiles de gas lacrimógeno contra los manifestantes en el Estado de Puebla y en el que un niño murió. En ambos casos, ha apuntado el defensor del pueblo, los mexicanos han tomado consciencia de la gravedad sobre las violaciones de derechos humanos.

En el último año, la CNDH presentó 148 denuncias relacionadas con irregularidades imputadas a funcionarios públicos, pero hasta diciembre sólo se habían cerrado 24 casos. González reconoció que existe rezago en la atención de las quejas, pero también que algunas autoridades mexicanas no atienden los llamados de atención que la CNDH hace en sus recomendaciones. “Se revictimiza a quienes fueron objeto de la violación que dieron origen la recomendación”, ha descrito. Entre las instituciones públicas, las más señaladas ante la CNDH son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sistema penitenciario, la Secretaría de la Defensa y la Policía Federal.

Tras escuchar el discurso de González, Peña Nieto ha recordado que el diseño de la legislación sobre desapariciones forzadas y tortura se encuentra en el Congreso mexicano. “Aún tenemos mucho que hacer como Estado mexicano a favor del respeto y goce pleno de los derechos humanos", ha dicho. El presidente mexicano ha asegurado que en el último año la quejas contra instituciones del Gobierno federal se redujeron un 60%.