España rechaza que Frontex asuma el salvamento de inmigrantes

El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha rechazado reforzar las competencias de la Agencia de Control de Fronteras Exteriores (Frontex) porque, en su opinión, "podría suponer un efecto llamada" a la inmigración ilegal. "Es una agencia que tiene por misión asegurar las fronteras y no se puede convertir en una agencia de salvamento y rescate", ha indicado Fernández Díaz a su llegada al Consejo de Ministros europeos de Interior que se celebra este jueves en Bruselas.

Los titulares de Interior de los Veintiocho debatieron ente jueves sobre las medidas concretas que la Unión Europea (UE) debe tomar para combatir el terrorismo dentro del territorio comunitario y los pasos a dar para "hacer que la inmigración sea legal", ha declarado Rihards Kozlovskis, ministro letón de Interior.

Para ello, los ministros han acordado reforzar los recursos "humanos y financieros" de Frontex, aunque aún no hay ninguna cifra sobre la mesa, sostienen fuentes del Consejo.

Aunque los titulares de las carteras de Interior han dejado claro que Frontex es una agencia de vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión, el ministro Fernández-Díaz ha preferido aclarar que si existiese una institución europea de salvamento se desnaturalizaría la misión de Frontex. Las mafias que trafican con personas, en su opinión, se aprovecharían de ello porque "sabrían que finalmente los inmigrantes serían recogidos y llevados a su destino".

El ministro, sin embargo, ha matizado: "El principio humanitario siempre está presente. Por tanto, bajo cualquier circunstancia, si hay unas personas cuya vida corre riesgo, esas personas deben ser rescatadas. Eso es evidente". Según ha añadido Díaz, la resolución del problema pasa por la prevención en origen, la ayuda al desarrollo a los países de origen y tránsito, y la cooperación operativa con las fuerzas de seguridad que luchan contra las mafias, algo que ya se había debatido con anterioridad pero que no se ha sacado a negociación en el Consejo de este jueves.

Como medida principal contra el terrorismo, los Veintiocho han acordado de manera consensuada reforzar los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen. Es decir, con terceros países que no formen parte de la Unión. Pero también aplicar lo que han llamado "indicadores de riesgo" comunes a los Veintiocho. Se trata de "indicios" basados en informaciones clasificadas que las autoridades de los diferentes Estados compartirán para prevenir el terrorismo dentro de la UE.

La inmigración por mar

El Mediterráneo vive actualmente una de las épocas de mayor presión migratoria de los últimos años. El propio Frontex estimó en enero que la entrada de inmigrantes irregulares en la UE ascendió a 270.000 en 2014, casi un 60% más que en el ejercicio anterior y muy por encima de los 140.000 anuales que desataron la alarma durante la primavera árabe en 2011.

Italia, tras las tragedias de Lampedusa, puso en marcha en 2013 la operación Mare Nostrum, destinada a patrullar la zona y rescatar a los sin papeles. Un despliegue que permitió salvar 150.000 vidas. Pero su elevado coste —gastaba nueve millones de euros mensuales en mantener 32 barcos, dos submarinos y 900 militares— empujó a Roma a pedir colaboración a los socios comunitarios. Aunque estos se resisten: algunos por las estrecheces económicas que atraviesan y otros, como Reino Unido, porque aseguran incluso que Mare Nostrum contribuye al denominado efecto llamada. El Ministerio del Interior español se suma ahora a esa tesis.