Muere un jubilado en el desalojo de una protesta en Acapulco

Un muerto, 22 heridos y más de cien personas detenidas es el saldo de los choques entre profesores y policías ocurrido ayer en Acapulco, la principal ciudad de Guerrero, al sur de México. En el mismo estado donde hace cinco meses desaparecieron 43 estudiantes y murieron al menos siete personas en Iguala, a manos de autoridades locales y miembros del crimen organizado. Los manifestantes acusan a las autoridades de que las cargas causaron la muerte de Claudio Castillo, un jubilado de 65 años, pero el Gobierno mexicano ha asegurado que el fallecimiento del profesor se debió a un "evento distinto" ocurrido también la noche del martes.

La violencia se desató después de que los profesores, miembros de un sindicato (la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Ceteg), mantuvieran un bloqueo de varias horas en el aeropuerto de Acapulco. Tras varias horas de un infructuoso diálogo, un grupo de manifestantes chocó un autobús contra la valla con la que los policías protegían la terminal aérea. Un portavoz de la Ceteg aseguró esta mañana que el sindicato “se desentiende” del suceso y añadió que entre los heridos también había profesoras. El Comisionado General de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, afirmó horas más tarde que los manifestantes habían colocado a posta a mujeres y niños al frente y que el autobús, después de embestir a los agentes, se echó en reversa y atropelló a varias personas.

El hecho es que a partir del suceso, los policías comenzaron las cargas y los profesores respondieron a golpes y palos. Los choques dejaron, al menos, siete agentes y 15 civiles heridos. La Ceteg confirmó en las primeras horas del miércoles la muerte de Claudio Castillo, un maestro jubilado de 65 años, que, según el sindicato, falleció a consecuencia de los golpes recibidos. Rubido desmintió esta versión y aseguró que Castillo murió por aplastamiento y no por "trauma craneoencefálico". Subrayó que no había muerto por "enfrentamientos con la policía federal". Añadió que se seguirá una investigación sobre su muerte.

Claudio Castillo, un profesor jubilado de 65 años, falleció a consecuencia de los golpes recibidos

El presidente Enrique Peña Nieto se refirió a los hechos y reiteró que la actuación de su Gobierno en Guerrero "y en las de cualquier otro caso será con la ley en la mano. [...] Lo más importante es que nadie quede exceptuado a la aplicación de la ley". Tras los choques, 106 manifestantes fueron detenidos pero solo ocho permanecen bajo custodia policial.

La inestabilidad ha obligado a Coca Cola a suspender su distribución en la capital de Guerrero

Guerrero, al sur de México, es uno de las estados más pobres del país. El 69,7% de su población vive en la pobreza, una cifra idéntica a la de hace más de 40 años (un 70% en 1962), pese a que el Gobierno mexicano ha dedicado numerosos y millonarios programas para intentar paliarla. La violencia ha ido en aumento en los últimos años. Acapulco, un otrora famoso centro turístico, es una de las ciudades más violentas del continente. Tiene una tasa de homicidios de 104 sobre 100.000 habitantes, según las cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.

La inestabilidad de la región ha obligado a la compañía Coca Cola a suspender su distribución en la capital guerrerense, Chilpancingo, situada a cerca de 275 kilómetros de la Ciudad de México y a unos cien de Acapulco. Las patronales han exigido el cese de la violencia en la región y han informado de millonarias pérdidas. La alcaldía de Chilpancingo tiene meses sin funcionar en su sede, ocupada por manifestantes. La situación es tal que algunos legisladores han afirmado que no existen las condiciones en Guerrero para organizar las elecciones para gobernador programados para el 7 de junio. Los sindicatos han amenazado con boicotear los comicios.

Los enfrentamientos no son hechos aislados. Las protestas de la Ceteg comenzaron en 2013 debido a la reforma educativa promovida por el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto, que entre sus puntos más polémicos busca someter a los profesores a una evaluación básica para su trabajo y eliminar privilegios para los sindicatos. La masacre de Iguala no ha hecho más que atizar el fuego. Las manifestaciones en todo el país presionaron para que el gobernador Ángel Aguirre pidiera licencia del cargo (el mecanismo legal mexicano para dimitir, que en teoría permite al funcionario volver al puesto aunque en raras ocasiones lo hace). Su hermano, Carlos Aguirre, y su sobrino, Luis Ángel, fueron detenidos hace unos pocos días acusados de lavado de dinero. Su hijo, Ángel, que se postulaba para alcalde de Acapulco (que concentra la cuarta parte de los habitantes de Guerrero), decidió dejar la carrera después de los arrestos.

En cuanto a la Ceteg, el funcionario que reemplazó a Aguirre en el cargo, el gobernador interino Rogelio Ortega, afirmó esta mañana en una entrevista radiofónica que el sindicato había rebasado "el límite de la tolerancia”. Añadió que los profesores buscan "una tragedia mayor" y que “lo que ellos [los miembros de la Ceteg] buscan es provocar una muerte para que se victimicen y se oigan voces en el mundo de que somos represores y no somos represores, solo aplicamos la ley”.