“Estén preparados. Lo que nos prometieron, va a llegar”

El miércoles, Alejandro Núñez, mexicano de Guanajuato de 20 años que vive en el Este de Los Ángeles, tenía planeado celebrar con sus padres que ya no puede ser deportado de EE UU. En vez de eso, estuvo revisando papeles y atendiendo a la prensa en la sede de una organización de ayuda a inmigrantes. “La inmigración no es un juego político”, se quejó. La decisión de un juez federal de Texas de suspender de forma cautelar la aplicación de la reforma migratoria parcial de Barack Obama ha dejado a más de cuatro millones de inmigrantes en un limbo de espera para un sueño que les habían prometido para la primera mitad de este año. “Este obstáculo es un golpe bajo”, decía Núñez, que tenía su documentación preparada para el miércoles.

El presidente Obama anunció el pasado 20 de noviembre una medida ejecutiva para proteger de la deportación a parte de los más de 11 millones de indocumentados que hay en EE UU ante la negativa de los republicanos en el Congreso de negociar una reforma migratoria integral. El Partido Republicano, representado por el Gobierno de Texas y otros 25 estados, prometió frenar la medida como fuera y el martes obtuvo una victoria momentánea en un tribunal federal de Texas.

En el caso de Núñez, cumple los requisitos para entrar en el nuevo programa de protección contra la deportación a inmigrantes que llegaron al país siendo menores (DACA). La entrega de las solicitudes tenía que haber empezado este miércoles. Las de los inmigrantes con hijos estadounidenses tendrían que empezar en mayo, una fecha que también está en el aire. Las organizaciones de apoyo a los inmigrantes, sin embargo, han decidido seguir recogiendo documentación e informando como si no hubiera pasado nada, como si fuera un simple retraso en las fechas.

El gesto de las organizaciones de apoyo a los inmigrantes, la única ventanilla que tienen para ir a preguntar, tiene como objetivo que no se quiebre la confianza de los indocumentados en el proceso. Lo más difícil de la acción ejecutiva es lograr que personas que han vivido años o décadas escondiéndose de la administración, acepten ahora dar todos sus datos al Gobierno federal, con la confianza en que no van a ser deportados. El Partido Republicano llevó la acción ejecutiva a los tribunales y la decisión del juez de Texas de darles la razón envuelve ahora el proceso en la confusión.

“Eso es lo que tratan de hacer los republicanos”, afirma Angelica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (Chirla, en inglés). “Tratan de sembrar desconfianza, miedo e incertidumbre para que la gente no lo solicite. Es su táctica para que el programa fracase”. Salas, acompañada de varios congresistas, pidió el miércoles que los afectados se tomen esto como un mero contratiempo.

No está claro aún si revertir el fallo judicial, por medio de un recurso ante la Corte de Apelaciones, llevará semanas o meses. Según la abogada Karen Tumlin, del Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC), es posible que se pida el levantamiento de la restricción por vía de urgencia. Mientras, políticos demócratas que apoyan la reforma migratoria llamaron a los inmigrantes a seguir confiando en el proceso y reunir su documentación, en actos similares al de Los Ángeles en Arizona, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York o Texas que van a seguir hasta el domingo. En California, el estado con más inmigrantes y dominado por los demócratas, el fallo judicial fue rechazado públicamente en distintos comunicados por el gobernador, la fiscal general, el presidente del Senado y el alcalde de Los Ángeles.

Entre los que esperaban haber iniciado el miércoles el camino a una vida civil normal estaban los hermanos Erika y Alejandro Álvarez, con dos carpetas enormes llenas de documentación que ha quedado temporalmente inservible. Llegaron por la frontera cuando tenían 11 años, hace más de dos décadas, y en este tiempo no ha habido otra oportunidad. Han pasado años guardando documentos con la confianza de que algo así llegaría. No se sentían desanimados: “Vamos a seguir (con la solicitud) como si no pasara nada”. También estaba Iveth Mercado, de 36 años, que dijo: “Estén preparados. Eso que nos prometieron, va a llegar”.