La CIDH investigará el ‘caso Iguala’ como desapariciones forzadas

El grupo independiente seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigará el ‘caso Iguala’, la tragedia que dejó al menos siete muertos y la desaparición de otros 43 estudiantes de magisterio en México el 26 de septiembre pasado, partirá de la premisa de que se trata de un caso de “desaparición forzada”, pese a la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) de cerrar el caso bajo la conclusión de que los jóvenes habían sido asesinados.

Los cinco expertos independientes internacionales seleccionados por la CIDH ya tienen fecha de arranque y hoja de ruta. El primero de marzo inician su primera visita a México, que durará tres semanas. Visitarán los lugares de los hechos, se reunirán con los familiares de las víctimas y las organizaciones de apoyo, así como con las autoridades mexicanas. Han prometido este jueves en Washington, donde los dos últimos días celebraron su primera reunión preparatoria, que realizarán su trabajo en completa “autonomía e independencia” según los “estándares internacionales”.

Sobre la decisión de investigar el caso como desapariciones forzadas y no como asesinatos, como ha concluido la Fiscalía mexicana, el grupo ha afirmado que la existencia de un delito de desaparición significa que las personas no se han encontrado, ni vivas ni muertas, probatoriamente hablando. “Nuestro mandato genera la necesidad de la búsqueda hasta que tengamos alguna evidencia o material probatorio definitivo”, ha señalado la abogada y socióloga colombiana Ángela Buitrago. No descartan nuevas líneas de investigación del caso.

“Nosotros llegaremos a nuestra propia conclusión, desde el tema concreto de nuestra autonomía e independencia, y evaluando los medios probatorios paralelos que podamos ir adelantando en la investigación”, afirmó Buitrago. Ella forma parte del grupo de expertos de diversos sectores que integran además la que fuera primera fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, el abogado chileno Francisco Cox y el colombiano Alejandro Valencia Villa, y el médico y doctor en psicología español Carlos Beristain.

Los expertos, que tienen un mandato inicial de seis meses prorrogables, han prometido que viajarán a México “cuantas veces sea necesario”

Pese a su amplia experiencia en la investigación de algunos de los episodios más oscuros de la historia latinoamericana contemporánea, los cinco expertos son conscientes de la enormidad de la tarea que tienen ante sí. Una desaparición sin resolución es una “herida permanentemente abierta”, ha recordado el psicólogo Beristain.

Es un caso que "ha confrontado a México y al mundo con el horror" y que por tanto constituye "un enorme desafío para el esclarecimiento y respuesta a los derechos de las víctimas y la justicia en este caso", señala la declaración del grupo, leída por la guatemalteca Paz y Paz.

El mandato del Grupo Internacional de Expertos, que así se llama oficialmente el equipo acordado por el Gobierno mexicano y las organizaciones de apoyo a las víctimas de Iguala a finales del año pasado, se basa en cuatro ejes: la evaluación de las acciones del Estado en los planes de búsqueda de los desaparecidos, el análisis de las acciones realizadas en el marco de la investigación y también la evaluación de las demandas y necesidades de las víctimas, así como las respuestas a estas proporcionadas hasta la fecha.

Finalmente, los expertos deberán realizar también “recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desaparecidas en México y atención a las víctimas" con la esperanza de que ello contribuya a "enfrentar de forma estructural el drama de derechos humanos que vive el país".

Los expertos, que tienen un mandato inicial de seis meses prorrogables, han prometido que viajarán a México “cuantas veces sea necesario” para esclarecer un caso que ha conmocionado a la sociedad mexicana y a buena parte de la comunidad internacional y que también ha puesto en entredicho la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.