La política de la provocación en México

En septiembre del año pasado 43 estudiantes de un colegio de maestros, presuntamente fueron desaparecidos en la ciudad de Iguala en el estado de Guerrero en México, a manos de un alcalde y una fuerza policial corrupta en connivencia con una organización local de narcotraficantes. Además de los estudiantes desaparecidos, otras seis personas murieron y 25 resultaron heridas en enfrentamientos con la policía y otros grupos armados. A la fecha el paradero de los estudiantes es desconocido. La investigación oficial afirma que las víctimas fueron asesinadas y sus cuerpos incinerados en un basurero de la ciudad.

El desastre de Iguala no es menos escalofriante que la masacre de 72 inmigrantes indocumentados, ejecutados por una facción del narcotráfico en agosto de 2010 en el estado de Tamaulipas. Pero la cruel verdad, es que desde la perspectiva política el asesinato de decenas de migrantes, en su mayoría provenientes de América Central, ha importado menos que la desaparición de 43 jóvenes normalistas mexicanos. Lo ocurrido en Iguala ha complicado la gobernabilidad en México, siendo un gatillo que ha disparado la inconformidad e indignación de diversos sectores con un sistema político que es calificado como inepto y corrupto.

Algunas de estas manifestaciones han apelado a la violencia, confrontando a las instituciones abiertamente. Bajo este marco, la desobediencia civil - una forma de expresión política en contra de leyes o acciones que se consideran injustas - viene traspasando líneas rojas y usando la fuerza de manera premeditada en contra del Estado. Estos eventos pueden llevar a una escalada provocando la represión oficial o en el caso específico de Iguala estas manifestaciones podrían ser absorbidas de alguna manera por un sistema político que está atrapado en un ciclo de desobediencia.

El estado de Guerrero tiene una larga tradición de movimientos antisistema radicales, incluyendo el movimiento guerrillero de la década del setenta, liderado por Lucio Cabañas – también un normalista. No hay entonces que sorprenderse con la emergencia de formas poderosas y agresivas de desobediencia en este territorio. Para dar una idea de las dimensiones de este fenómeno, en semanas recientes algunos grupos de disidentes han instalado retenes en las carreteras para recoger “contribuciones”. También, ellos han robado mercancía para distribuir a los pobres, atacado edificios oficiales, así como sedes de partidos políticos. Además, a principios de enero, grupos no identificados atacaron una guarnición militar en Guerrero, alegando la responsabilidad del Ejército en la cremación de los estudiantes. Con estas acciones, es apenas lógico pensar que buscan una respuesta dura del gobierno.

¿Quiénes son los grupos disidentes y cuáles son sus intereses? Algunos son conocidos pero otros operan de manera clandestina y violenta. Los Padres de Familias de los estudiantes desaparecidos, juntos sus asesores y voceros, son la organización civil con mayor visibilidad. Ellos insisten en que los estudiantes permanecen con vida y están en manos de alguna organización. Además, sospechan del Ejército que – según su versión - habría participado en la desaparición de algunas de las víctimas, eliminando los restos de los estudiantes asesinados. Otro grupo es un sindicato de maestros disidentes que se oponen a las reformas federales recientes, las cuales impondrían normas más estrictas sobre la certificación de los maestros y amenazarían el control sindical sobre la contratación, la promoción y las nóminas. Además de estas organizaciones se podría especular sobre la participación de otros grupos.

¿Quiénes se benefician con la insurrección? En primer lugar, la organizaciones criminales que ven cómo se deslegitiman las fuerzas armadas y la policía federal. En segundo lugar, los diversos intereses políticos que pueden sacar ventaja de los problemas de gobernabilidad y cuestionamientos al Estado. Algunos por ejemplo, podrían beneficiarse si las elecciones programadas para junio se posponen o cancelan. En tercer lugar, los grupos insurgentes de izquierda como el Ejército Popular Revolucionario, que podrían encontrar en la represión estatal el momento propició para posicionarse y expandirse.

Mientras tanto, el gobierno del estado de Guerrero permanece impotente y en manos de un partido político divido y debilitado por la connivencia del ex gobernador con el alcalde de Iguala. El gobierno federal también es débil. El presidente Enrique Peña Nieto se encuentra atrapado en escándalos de corrupción que involucran un contrato para la construcción de un tren de alta velocidad y la compra de una mansión por su esposa, supuestamente financiada por una empresa constructora con intereses en los proyectos del gobierno. Ninguno de los partidos de la oposición tiene la capacidad de reivindicar la superioridad ética, ya que todos tienen escándalos de uno u otro tipo.

Adicionalmente, las fuerzas armadas sufren una serie de acusaciones sobre violaciones a los derechos Humanos, la última de las cuales está relacionada con la masacre de 22 personas en el Estado de México en 2014. La policía federal, aunque ha mejorado, sigue siendo un instrumento sin mucha potencia y el sistema de justicia continúa careciendo de legitimidad y confianza. Bajo estas circunstancias, nada indica que el gobierno tenga la capacidad de resolver el desastre de Iguala, ni tampoco para usar la coerción legítima contra las formas más agresivas de desobediencia civil en Guerrero.

Esto nos lleva a dos escenarios probables. El escándalo de Iguala puede ser absorbido por el sistema político. Esto implicaría negociar con algunos disidentes reduciendo la presión, mientras que las facciones más radicales son aisladas. De otro lado, los disidentes pueden provocar una reacción violenta del gobierno, lo que podría movilizar a grupos de oposición en otras partes del país y una intensificación de la crisis actual. En la barrera, los grupos de oposición esperan el resultado, mientras que el Gobierno se encuentra en una encrucijada.

* John Bailey y Juan Carlos Garzón coordinan el proyecto “Crimen Organizado y Economías Criminales en América Latina y el Caribe” en la Universidad de Georgetown. Twitter: @JCGarzonVergara