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TRIBUNA

Terrorismo en Argentina

El fiscal acusó a la presidenta Cristina Fernández y otros funcionarios de proteger a los iraníes involucrados en un atentado

En la década del 90 la Argentina sufrió dos enormes atentados terroristas con bombas en la embajada de Israel y en la mutual judía AMIA, que dejaron más de 100 muertos. Las investigaciones judiciales del caso AMIA llevaron a la Justicia argentina a considerar que los responsables directos eran personas de Siria y Líbano, que habrían operado coordinados por sectores militares del régimen iraní de Ahmadinejad, el ex premier negador del Holocausto nazi. El acusado libanés fue asesinado, aparentemente en represalia, estando en otro país.

Importantes funcionarios iraníes fueron acusados de tener alguna responsabilidad en los hechos, lo que llevó a que Interpol librara órdenes de captura internacional en su contra, lo que les genera lógicas molestias. Los iraníes se negaron siempre a presentarse ante la Justicia argentina, a pesar de que el atentado se produjo en nuestro país y por lo tanto la competencia de nuestra Justicia es indiscutible.

En esas circunstancias, el gobierno argentino, sorpresivamente, firmó un tratado con Irán, para que los funcionarios fueran interrogados en su propio país por miembros del poder judicial argentino, en una decisión muy criticada por la oposición política y por la mayor parte de la comunidad judía, muy importante en la Argentina.

Sosteníamos quienes la cuestionábamos, que las declaraciones de los acusados no tendrían validez judicial en nuestro país, que el acuerdo obligaba a la Argentina a proveerle a los propios imputados información sobre investigaciones en curso y que lo único operativo sería el levantamiento del pedido de captura internacional, que es lo que interesaba a los iraníes. La mayoría oficialista aprobó el tratado en el Congreso.

Un nuevo capítulo se acaba de abrir en el caso, pues el fiscal que lo investiga acusó a la presidenta de la Argentina y a funcionarios y allegados de haber participado en un complot para proteger a los iraníes acusados. Se habrían detectado escuchas telefónicas en las que gente cercana al gobierno habría mantenido negociaciones económicas sobre cereales, petróleo y armas con un hombre del poder iraní, que precisamente era uno de los prófugos de nuestra Justicia.

El tema debe llevar a una reflexión profunda sobre los límites de la real politik y sobre la necesidad de apostar a un trabajo coordinado para combatir el terrorismo en forma coherente y multilateral. Aún los filósofos liberales utilitaristas sabían que toda negociación para obtener un beneficio tiene algún límite moral que no se puede traspasar.

*Federico Pinedo preside el bloque de diputados nacionales del partido PRO, de oposición en la Argentina. @PinedoFederico

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