El ‘annus horribilis’ de Petrobras no termina

Los altos ejecutivos de Petrobras llevan algunos meses prometiendo una nueva forma de hacer las cosas, pero no podrán confiar en que el cambio de año les depare un alivio de su angustia. El colosal caso de corrupción que asola a la mayor empresa de Brasil y produce hasta vergüenza en muchos de sus 80.000 empleados le aboca a una situación peliaguda: sin haber podido presentar sus balances sin auditar, habiendo perdido casi un 40% de su valor en Bolsa este año y en medio de un escenario internacional de caída del precio de barril de petróleo, el daño a su imagen es irreversible a corto plazo.

La presidenta de la empresa, Graça Foster, puso este mes su cargo a disposición de la presidenta de la República, Dilma Rousseff (expresidenta del Consejo de Administración de la petrolera), que la ratificó en el cargo. Sí se esperan, sin embargo, cambios en el propio consejo. No afectó a la determinación de Rousseff la acusación pública de una geóloga y exempleada de la compañía, Venina Velosa, que dice haber alertado por correo electrónico a Foster en 2009 sobre la corrupción generalizada en la empresa (Foster ha desmentido tajantemente esa información).

No hay día en que los titulares de prensa no hundan un poco más la reputación de una empresa que hace algunos años estaba llamada a asegurar “el futuro del país” con el descubrimiento de yacimientos marinos de presal a 7.000 metros de profundidad. La empresa reaccionó en octubre con la contratación de dos estudios de abogacía (uno brasileño, el otro estadounidense) para impulsar investigaciones independientes, con acceso teóricamente ilimitado a ordenadores y archivos. La Securities and Exchange Commission (SEC), regulador del mercado bursátil en Estados Unidos, investiga asimismo a la petrolera por irregularidades y sus consecuencias sobre el precio de las acciones.

Los últimos días del año han estado marcados por la creación de una nueva dirección de Gobernanza que se encargará de hacer cumplir la ley y, sobre todo, por la congelación de pagos y nuevos contratos con 23 empresas contratistas implicadas en la trama: entre ellas están los gigantes de la construcción Odebrecht SA, Camargo Correa y Andrade Gutierrez, así como el grupo ítalo-argentino Techint y la empresa sueca Skanska AB. Completan el listado Alusa, Carioca Engenharia, Construcap, Egesa, Engevix, Fidens, Galvão Engenharia, GDK, IESA, Jaraguá Equipamentos, Mendes Junior, MPE, OAS, Odebrecht, Promon, Queiroz Galvão, Setal, Tomé Engenharia y UTC.

La audaz medida obligará a Petrobras a buscar nuevos socios para su ambicioso plan quinquenal de inversiones (221.000 millones de dólares) dirigido a explotar los grandes yacimientos descubiertos en 2006.

La Policía Federal, impulsora de la Lava Jato, y la Fiscalía de la República estiman que el volumen de dinero desviado y blanqueado en forma de sobornos y financiación irregular de partidos políticos puede llegar hasta los 4.000 millones de dólares, lo que le convierte de lejos en el mayor caso de corrupción conocida de la historia brasileña. Al menos 36 personas, la mayoría de ellas altos ejecutivos de las principales constructoras brasileñas, serán juzgados a partir de febrero. Políticos relevantes de tres partidos, incluido el Partido de los Trabajadores (PT, en el poder hace 12 años), han sido implicados, pero hasta ahora ninguno está acusado formalmente por la Fiscalía. Su procesamiento formal será el siguiente paso de un caso con repercusiones aún impredecibles.

“Con la adopción de estas medidas preventivas, Petrobras busca proteger a la compañía y sus socios de daños financieros de difícil reparación y del daño a su imagen”, explicó la empresa en un comunicado, esta semana, sobre sus últimas decisiones. Los problemas, no obstante, siguen multiplicándose. La estatal ha reconocido que el fondo de pensiones de los empleados de la compañía, Petros (el segundo en tamaño de Brasil), con 24 millones de dólares acumulados, está también bajo sospecha. Por si fuese poco, el nuevo retraso de la publicación de su balance del tercer trimestre (cuyo auditor, PricewaterhouseCoopers, se negó a validar en octubre), previsto ahora para enero, podría ocasionar que la empresa fuese declarada en suspensión de pagos técnico parcial por una acción de sus tenedores de bonos en Estados Unidos, según informó Reuters. La agencia de calificación financiera Moody's ya ha colocado en revisión a la baja la nota de la deuda de Petrobras.

A finales de 2014 Petrobras ha caído de la segunda a la cuarta posición en la lista de las empresas brasileñas con mayor valor de mercado tras haber perdido más de 30.000 millones de dólares este año: un reflejo de la caída de cerca del 40% en el precio nominal de sus acciones, lastradas por las continuas denuncias de corrupción masiva y la bajada del precio del crudo. La Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), que regula el mercado de capitales en Brasil, anunció esta semana que ha abierto la primera investigación oficial contra Petrobras. La coyuntura de la empresa es tan complicada que algunas fuentes citadas por InfoMoney señalan que la petrolera podría paralizar algunos proyectos y despedir hasta a 10.000 trabajadores. Su peso en la economía nacional es tan relevante que numerosos políticos y empresarios aguantan la respiración en espera de que el castigo a las constructoras acusadas no paralice obras en curso y ralentice aún más, si cabe, el crecimiento de la sexta economía del mundo.