La verdad de la demanda boliviana
Chile y Bolivia tienen sin duda pendiente el desafío de construir relaciones de futuro resolviendo los temas pendientes del siglo XIX
El Gobierno boliviano ha presentado una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que pide a ese alto tribunal que obligue a Chile a negociar con Bolivia para otorgarle un acceso soberano al mar.
Bolivia y Chile firmaron en 1904 un Tratado por el que Chile se quedó con todo el territorio boliviano que había invadido en 1879. Bolivia respetó y respeta ese Tratado como respeta todos los tratados que ha suscrito a lo largo de su historia. El Estado boliviano está convencido de que el respeto a los tratados internacionales es la base del orden jurídico internacional.
El destacado canciller y presidente de Chile, Domingo Santa María, afirmó ante el nuevo escenario entre ambas naciones: “No olvidemos por un instante que no podemos ahogar a Bolivia… Privada de Antofagasta y de todo el Litoral que antes poseía hasta el Loa, debemos proporcionarle por alguna parte un puerto suyo, una puerta de calle, que le permita entrar al interior sin zozobra, sin pedir venia. No podemos ni debemos matar a Bolivia”.
Es sobre esa lúcida visión que muchos gobiernos chilenos ofrecieron formalmente a Bolivia un acceso soberano al mar, antes y después del Tratado y completamente al margen de este.
La demanda boliviana no tiene sus fundamentos en el Tratado de 1904, por el contrario, su pilar fundamental tiene que ver con los Compromisos Unilaterales de los Estados. La CIJ ha fallado en casos anteriores fundamentados en el concepto de que un compromiso o una promesa formal hecha por un Estado a otro Estado es jurídicamente exigible.
A lo largo de casi un siglo diferentes presidentes, ministros de Relaciones Exteriores y embajadores de Chile hicieron compromisos formales y por escrito a Bolivia de otorgarle un acceso soberano al mar. Esos compromisos formales y no otra cosa son los que Bolivia considera en su demanda.
El Pacto de Bogotá (1948) en su artículo VI estipula claramente que las naciones firmantes aceptan la jurisdicción de la Corte en temas no resueltos y pendientes entre estados. Este es el caso. Esos compromisos que no se concretaron están pendientes y no han sido resueltos, razón por la que el apego y respeto al Pacto de Bogotá avala la decisión boliviana de acudir a La Haya.
En este contexto no debe confundirse la idea de un diálogo con la de una promesa formal. Fueron compromisos y promesas formales, como se desprende claramente de los textos suscritos por los gobernantes chilenos sobre el particular, lo que Chile hizo con Bolivia.
El forzado enclaustramiento boliviano la priva de una presencia en el Pacífico, presencia que tuvo por 55 años. Las razones que explican la demanda, cuyas bases jurídicas considerará la Corte, son no sólo aquellas que refiere la historia, sino sobre todo la importancia crucial de una presencia boliviana plena y con todo los derechos de un país con litoral en la Cuenca del Pacífico, la más importante en el siglo XXI desde el punto de vista económico.
Bolivia es una nación pacifista y como tal ha hecho durante más de un siglo los mayores esfuerzos para lograr un acuerdo entre partes que la falta de una voluntad política real de Chile ha hecho imposible. Conviene recordar además que el presidente Morales ha sido el mandatario boliviano que ha demostrado mayor disposición con los gobernantes y el pueblo chileno para intentar una solución dialogada al enclaustramiento boliviano. Es por esa razón que Bolivia ha decidido acudir al máximo tribunal internacional para resolver en paz este diferendo.
No deja de ser significativo que la primera acción de Chile al conocer la acción jurídica de Bolivia haya sido precisamente desconocer la competencia de la Corte Internacional de Justicia a la que reconocen todos los estados democráticos y respetuosos del derecho internacional.
Bolivia está convencida de que la mejor formar de encarar con mirada limpia el siglo XXI y erradicar los fantasmas del pasado, es resolver el tema de su enclaustramiento a través de un acceso soberano al mar.
Chile y Bolivia tienen sin duda pendiente el desafío de construir relaciones de futuro resolviendo los temas pendientes del siglo XIX, para entrar definitivamente en el siglo XXI.
Carlos D. Mesa Gisbert fue presidente de Bolivia y es representante internacional de Bolivia para la Causa Marítima.
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