Los republicanos imponen su agenda energética en el nuevo Congreso

La primera batalla de la política de Estados Unidos tras la derrota del presidente Barack Obama en las elecciones legislativas será la del petróleo y el cambio climático. Todavía bajo el impacto del acuerdo de Obama y su homólogo chino, Xi Jinping, para reducir las emisiones contaminantes, el Congreso de EE UU se prepara para la siguiente etapa, que va justamente en dirección contraria: la construcción de un oleoducto de 1.900 kilómetros que debe trasladar petróleo de Canadá al golfo de México.

La Cámara de Representantes preveía aprobar anoche el proyecto Keystone XL, convertido en el emblema del debate sobre la energía sucia y el calentamiento global en EE UU. El Senado, que hasta ahora había rechazado la medida, ha aceptado votarla la semana próxima.El demócrata Obama ha dado a entender que usará sus poderes presidenciales para vetar cualquier ley que autorice el oleoducto de la empresa canadiense Transcanada. Quiere esperar, según el procedimiento establecido, a que el Departamento de Estado concluya los estudios necesarios para conceder o denegar la autorización.

Atascado durante seis años en la burocracia del Departamento de Estado, el proyecto cobra impulso. El equilibrio de fuerzas en Washington puede acelerar la decisión. En las legislativas del 4 de noviembre, el Partido Republicano, mayoritario en la Cámara de Representantes, conquistó la mayoría en el Senado. De repente, cuenta con una capacidad para marcar la agenda —también en materia energética— de la que no disponía desde 2006, cuando George W. Bush era presidente.

El nuevo Congreso entrará en funciones en enero, pero los efectos de las elecciones empiezan a notarse. Los republicanos, tradicionalmente cercanos a la industria petrolera, prometen sacar más partido al boom energético que EE UU experimenta gracias al desarrollo de técnicas de extracción como la fractura hidráulica o (fracking).

En la construcción de Keystone XL es clave la elección por el Senado en Luisiana. Al no superar ninguno de los candidatos el 50% de votos el 4 de noviembre, se celebrará una segunda vuelta el 6 de diciembre.

El oleoducto no pasa por Luisiana, pero este es un Estado sureño y petrolero: allí Keystone XL importa. En la elección se enfrentan la actual senadora, la demócrata Mary Landrieu, y elrepublicano Bill Cassidy, que ahora es miembro de la Cámara de Representantes. Ambos, en sus respectivas Cámaras legislativas, promueven sendas leyes para construir Keystone XL. Y están en campaña. Compiten en la adhesión al oleoducto Por deferencia hacia Landrieu, los demócratas —mayoritarios en el Senado hasta enero— permitirán el voto que hasta ahora bloqueaban.

El oleoducto es más que una cuestión de táctica electoral. Concentra todos los fantasmas y quimeras del debate energético: desde los temores al apocalispsis climático hasta la esperanza en la resurrección de EE UU como hiperpotencia gracias al flujo interminable de petróleo.

Se trata de una infraestructura colosal, que trasladará 830.000 barriles de petróleo diarios, costará unos 7.000 millones de dólares y, según los cálculos de la Administración de Obama, y puede dar trabajo, durante la fase de construcción, a más de 40.000 personas, entre empleos directos e indirectos.

Los promotores de Keystone XL exhiben otra ventaja: reforzará la independencia energética de América del Norte respecto a regiones más inestables y compactará la alianza petrolera con Canadá, el país del que EE UU importa más petróleo que de ningún otro. La alianza con Canadá, al norte, y México, al sur, es central en la estrategia futura de EE UU.

Desde que se presentó en 2008, Keystone XL galvanizó al movimiento ecologista en Estados Unidos. Si se construye, el oleoducto transportará un petróleo que se encuentra en un terreno arenoso de la provincia canadiense de Alberta y cuya extracción resulta contaminante y contribuye al cambio climático. El riesgo de vertidos por escapes en el oleoducto es otro argumento de los detractores del proyecto.

Obama afronta una decisión delicada. Entre su agenda energética —la convicción de que el boom petrolero es una pieza indispensable en la recuperación de la primera economía mundial— y su agenda medioambiental. Entre los sindicatos, que son una de las clientelas más fieles del Partido Demócrata y defienden el oleoducto, y los ecologistas, otra base electoral del presidente.

La otra batalla es diplomática. El aplazamiento reiterado de la decisión del Departamento de Estado ha agriado las relaciones con Canadá, que ha gastado 24 millones de dólares (19,2 millones de euros) en una campaña de anuncios en EE UU recordando la amistad entre ambos vecinos. Durante meses las estaciones de metro más céntricas en Washington estuvieron embadurnadas de banderas canadienses y gráficos sobre el comercio energético bilateral.

Para Canadá, dar salida al petróleo de Alberta —la provincia que es el feudo electoral del primer ministro, el conservador Stephen Harper— es una prioridad nacional.