Una inmensa estafa

Parodiando al inefable Claude Rains cuando en la película Casablanca exclama indignado “¡aquí se juega!” y acto seguido el crupier se le acerca por detrás y le dice: “Tenga, capitán, sus ganancias”, el presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, intenta estos días convencer a 500 millones de europeos de que no sólo está escandalizado por las revelaciones conocidas esta semana que apuntan a que 340 multinacionales utilizaron Luxemburgo para no pagar los impuestos que les correspondían sino de que no le va a temblar el pulso a la hora de tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir.

Que Juncker, que ha presidido el Gran Ducado luxemburgués durante nada menos que 18 años compaginando ese puesto con el de ministro de Finanzas, pretenda hacernos creer que no sabía nada nos deja ante una difícil disyuntiva: o bien está mintiendo, lo que debería llevar al Parlamento Europeo a abrirle un proceso de censura, o bien está diciendo la verdad, lo que supone reconocer unos niveles de incompetencia y dejadez en el ejercicio de sus funciones que le restarían cualquier credibilidad para presidir la Comisión Europea.

Porque la cuestión aquí no es que las susodichas empresas aprovecharan un oscuro vacío legal para zafarse de sus obligaciones tributarias y defraudar al fisco luxemburgués sin que este se enterara, sino que la Hacienda de ese país firmó con todas y cada una de ellas acuerdos que convalidaban los esquemas fiscales que les permitirían tributar nada más que un ridículo 2%. Es decir, que en lugar de defraudar a espaldas de la Hacienda luxemburguesa y con algo de incertidumbre, estas empresas defraudaban al resto de los socios europeos con su plena cooperación, por escrito y con su firma al final de la última página.

La gravedad del asunto y sus consecuencias políticas no pueden ser minusvaloradas. Primero, porque evidencia que el éxito político de Juncker, que ha permitido a los luxemburgueses disfrutar tanto de un increíble nivel de vida como de unas prestaciones sociales sin parangón, está construido sobre un esquema fiscal que puede ser legal desde el punto de vista formal pero que era claramente fraudulento en su intención. Algo de mala conciencia tendrían las autoridades luxemburguesas cuando tantos reparos ponían a las solicitudes de información sobre estas prácticas que les dirigía el entonces comisario Joaquín Almunia, y algo de mala conciencia tienen ahora cuando, una vez descubierto todo, se aprestan a decir que no lo van a hacer más.

Pero el daño a la legitimidad de Juncker para presidir la Comisión va más allá del ámbito luxemburgués. Hay que recordar que como presidente del Eurogrupo durante lo más álgido de la crisis del euro, Juncker ha estado al frente de unas políticas de austeridad y de estabilidad presupuestaria que han desembocado en sangrantes recortes sociales y de derechos para millones de europeos. Ahora resulta que mientras eso ocurría el hoy presidente de la Comisión Europea lideraba un país que vaciaba de impuestos las arcas de sus socios justo cuanto más necesitaban esos impuestos. ¿A cuánto asciende lo dejado de ingresar? ¿Cuántos profesores y médicos se podían haber financiado con lo evadido? Ejemplar desde luego no es ni lo va a parecer. Por mucho que se empeñe en convencernos de que va a liderar un proceso de armonización fiscal que impida estas prácticas, Juncker ha quedado expuesto como cómplice de una inmensa estafa a los ciudadanos europeos.

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